Comuneros mapuches se defienden de querella

Marcela Chihuaihuán y Mariquina Recamán, de la comunidad Juan Currín, apoyadas por Manuel Santander, representante del Consejo de Todas las Tierras.

La comunidad mapuche Juan Currín, que reclama el terreno ubicado en el sector de calle Luis Durand con Puente Chispas de Temuco y que representa Mariquina Recamán, se pronunció ante el anuncio de una querella por destrucción de propiedad privada que interpondrá el empresario Jacobi Baumann, propietario legal de los terrenos.

La acción judicial tiene su origen a partir de los hechos registrados a fines de enero de este año, cuando las familias de la comunidad Juan Currín se resistieron a la instalación de un cerco dentro del terreno de propiedad de Jacobi. A juicio del empresario, los comuneros no sólo destruyeron la alambrada, sino que han provocado daños al interior de los terrenos motivando la presentación de la querella, anunciada el 21 de mayo pasado.

Pablo Jacobi expresó estar al borde de la desesperación por este problema que le ha impedido materializar un proyecto inmobiliario en un terreno que se encuentra inscrito a su nombre en el conservador de Bienes Raíces.

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Por su parte, Mariquina Trecamán, quien dice ser la propietaria de la tierra en conflicto donde se ubica la comunidad Juan Currín, manifestó que Pablo Jacobi "ha distorsionado los hechos, ya que lo que ha ocurrido es la corrida del cerco cada vez que él ha intentado cercar la propiedad".

Asimismo, declaró que el dueño legal tendría una visión parcial de la historia del conflicto, ya que éste se remonta al año 1950, cuando Alfonso Taito Schneider llegó al lugar como arrendatario, donde instaló una fábrica de ladrillos. "Este señor -dijo- fue designado como tutor de un menor de la comunidad, quien al fallecer ambos padres quedó al desamparo. Valiéndose de esta situación no sólo se apoderó del terreno del menor, sino que se apropió de casi todo el terreno de la comunidad Juan Currín utilizando distintas maniobras en tribunales".

La comunera también mencionó que desde entonces se han producido desalojos e irregularidades y que el Jacobi recién entró en escena en 1989, cuando compró un lote de 5.724 metros cuadrados a la familia Taito, en un valor de $2.500.000. "Con sólo la venta a la Conadi de 141 metros multiplicó su valor a 11 millones. ¿Cuánto cobrará entonces por los 498 metros que está dispuesto a vender?", manifestó la mujer.

Finalmente, explicó que si bien el terreno no les pertenece respecto a la legalidad actual, se encuentra incluido en el Título de Merced que tiene un valor legal. "Nosotros siempre hemos hecho uso de él por ser una herencia de mi suegro Reymundo Chihuaihuén, lo que corresponde a 6 hectáreas dentro de las cuales se ubican los 5.724 metros que adquirió el señor Jacobi. He defendido este terreno toda mi vida y lo haré hasta el final, así también mi familia, que mantiene en la memoria la injusticia de que fue objeto nuestra comunidad".