Un inesperado conflicto al interior de la Conadi quedó ayer al descubierto, cuando los consejeros nacionales del organismo de Gobierno encargado del tema indígena intentaron hacerse parte del recurso de protección interpuesto por las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman en contra del Presidente de la República y el ministro de Economía, por la concesión eléctrica otorgada a Endesa para construir la central Ralco. El Metropolitano, 28 de abril de 2001

Santiago de Chile | Sabado 28 de abril de 2001

Reportajes

Central Ralco agita las aguas en la Conadi

Un inesperado conflicto al interior de la Conadi quedó ayer al descubierto, cuando los consejeros nacionales del organismo de Gobierno encargado del tema indígena intentaron hacerse parte del recurso de protección interpuesto por las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman en contra del Presidente de la República y el ministro de Economía, por la concesión eléctrica otorgada a Endesa para construir la central Ralco.

Y aunque los ministros de la Segunda Sala de Corte de Apelaciones de Santiago, compuesto por Lamberto Cisternas, Hugo Llanos y Rafael Gómez, no dieron lugar a la petición por considerarla improcedente dado el avanzado estado de la causa, el abogado Roberto Celedón indicó que presentará un recurso de reposición para que revoquen su parecer. Esta resolución fue adoptada ayer al iniciarse los alegatos de este juicio, que continuarán el próximo lunes.

Por otra parte, la empresa española Endesa, que también se hizo parte de la causa el año pasado, informó ayer que el megaproyecto alcanza actualmente un avance en su construcción de 36,5%.

EL CONSEJO NACIONAL. Una de las causas de la singular situación es la peculiar conformación del Consejo Nacional de la Conadi, organismo público dependiente del Ministerio de Planificación. Tres consejeros son designados por el Presidente de la República, cinco son subsecretarios de carteras vinculados al sector y otros ocho representan a las etnias.

Estos son electos de la siguiente forma: primero se realiza una consulta a las comunidades indígenas, mediante votación directa, y luego los nombres definitivos son determinados por el Primer Mandatario. Una doble lealtad que, como ahora, más de una vez ha provocado dolores de cabeza.

El pasado lunes se reunió en Santiago el Consejo Nacional. La única materia que abordó fue, precisamente, el tema Ralco. A diferencia de lo que pudiera pensarse, fue una sesión de fácil despacho, que se prolongó por apenas cuatro horas y sin diferencias significativas.

En la oportunidad, acordaron solicitar a Conama que fiscalice el proceso de relocalización de las familias pehuenches que aceptaron permutar sus tierras. Según alegaron los consejeros indígenas, el organismo nunca les ha remitido un informe en que de cuenta del estado de avance de las obras en el Alto Biobío, así como de la situación de los pehuenches trasladados a los fundos El Huachi y El Barco.

También expresaron su preocupación por una eventual resolución de la Corte de Apelaciones que implique el establecimiento de un predominio de la Ley Eléctrica por sobre la Ley Indígena.

LA POSICION DE LIENLAF. El director de la Corporación, Edgardo Lienlaf, precisó a El Metropolitano que si bien los consejeros “comunicaron que pensaban realizar alguna acción frente a la vista de la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago”, no informaron en que consistía. “En ese sentido, no podemos decir que, en estricto rigor, hubiéramos sido sorprendidos, pero desconocíamos que realizarían una presentación jurídica”, indica.

Con todo, subrayó que “para la Conadi, el caso Ralco es asunto resuelto: la aprobación de las permutas fue terminada durante la anterior administración de Rodrigo González. Por consiguiente, la presentación judicial de los consejeros fue realizada sólo en su calidad de dirigentes indígenas, y no compromete a la Conadi”.

“Menos podría pronunciarse la Conadi, que constituye un servicio público, cuando los opositores a la central Ralco han presentado recursos contra el propio Presidente de la República. Este un tema que ahora compete al Poder Judicial”, agregó el funcionario público.

Al respecto, el consejero Hilario Huirilef afirmó que si Lienlaf no aprueba esta decisión, ello no significa que la Corporación haya experimentado sólo ahora una fractura. “Siempre ha existido una división entre los consejeros indígenas y los designados por el Gobierno”, subraya. Y prosigue: “Seguramente el Gobierno se molestó, pero eso no tiene ninguna relevancia, porque no tienen control alguno sobre nosotros”.

Por su parte, el abogado Roberto Celedón argumenta que, a pesar que la acción de los consejeros indígenas no tiene una influencia significativa en términos de su efecto jurídico, “tiene una relevancia simbólica, desde un punto de vista político”.

“Sin duda, es importante que los miembros de un organismo público, en su calidad de consejeros electos por el pueblo indígena y ratificados por el Presidente, acuerden defender la Ley de Medio Ambiente y a los pehuenches afectados”, subraya.

LA BATALLA EN LA CORTE. A tempranas horas de ayer, previo a los alegatos de la causa en la Corte de Apelaciones, los consejeros indígenas realizaron una conferencia de prensa, frente al Palacio de los Tribunales, para dar a conocer esta sorpresiva decisión.

Acompañado de las hermanas Quintreman, el consejero José Santos Millao sostuvo en forma terminante: “Consideramos que lo que ha pasado con el caso Ralco es extremadamente grave y por lo tanto aquí tienen que haber un pronunciamiento categórico de parte de todas las instancias que se han confabulado para que dichas concesiones aparezcan como justas y se construya la represa”.

Detalló que una de las grandes inquietudes de la comunidad pehuenche del Alto Biobío es la posibilidad de que uno de los cementerios sagrados sea inundado por la represa. “Eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Al ser consultado sobre la tardanza de esta decisión, manifestó que durante todo el proceso los consejeros indígenas han estado en contra del proyecto hidroeléctrico, así como también de las condiciones en las cuales se ejecutaron las compensaciones a la comunidad.

Sostiene que los consejeros “jamás hemos aprobado una permuta. En diversas ocasiones hemos visitado los fundos El Barco y El Huachi, donde trasladaron a los pehuenches que aceptaron permutar sus terrenos, y se encuentran en muy malas condiciones”.

Esto último se contradice con el informe emitido en marzo por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en que establece que los pehuenches reubicados “han elevado su calidad de vida”.
 

Tamara Corales

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