Las actividades criminales de las empresas de seguridad no se circunscriben a la agresión física directa, como sucedió en varias ocasiones, sino que además se complementan con acciones de sabotaje. Es lo que aconteció en mayo y junio de 1998 cuando por orden directa de los mismos Gañán y Lavín "se les entregan productos químicos a un grupo de guardias explicándoles que se trata de veneno, ordenándoles que se trasladen a las viviendas de la comunidad Fren y uno de ellos fue obligado a arrojar los líquidos sobre las siembras de hortalizas de la comunidad". Punto Final,  3 de marzo de 2000

Proyecto de Documentación Ñuke Mapu

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Punto Final
3 de marzo 2000

  Antes, en los tiempos antiguos, se podía caminar por entre los bosques milenarios solazándose en el aroma de las mariposas, en el vuelo de los queltehues y el cantar de los choroyes. Las machi acudían al bosque en busca de sus yerbas curativas, a fortalecer su vínculo con la naturaleza y a ser un poco más sabias. Mas hoy sobre el bosque mapuche se han cernido el temor y la violencia, el odio y la barbarie racistas. A niños, hombres, mujeres y ancianos se les detiene, golpea, tortura y amedrenta en Cuyinco, Temulemu, Pantano, Didaico, Collipulli, Ercilla, Truf-Truf y en todos los territorios en conflicto. Sin embargo, la justicia chilena persigue y reprime a los mapuche mientras que los responsables de tales atrocidades permanecen libres, operando impunemente en las tierras de nuestros antepasados. Por lo tanto, no sorprende que el ataque incendiario realizado a un grupo de guardias de la Forestal Mininco en Collipulli el mes pasado, le fuera inmediatamente adjudicado por las autoridades a la Coordinadora Malleco-Arauco. Es que el gobierno, incapaz de prever y controlar la esencia y dimensiones del nuevo movimiento mapuche, hace ya tiempo que optó por una modalidad represiva que incluye a las empresas forestales y a empresas privadas de seguridad. De hecho, como señala Alihuen Antileo, dirigente de la Coordinadora Malleco-Arauco, se ha producido en la práctica "la superación del sistema clásico de represión, con ejércitos paralelos de represión y control, con una policía privada con mayor capacidad operativa que carabineros". Esto no es nuevo en América Latina, por cierto, baste citar los casos de El Salvador, Colombia o Chiapas a manera de ejemplo. Como tampoco son novedosos los métodos empleados por los entes de seguridad para realizar autoatentados e inculpar al movimiento mapuche a fin de justificar la represión a nivel legal e ilegal. Es por ello, afirma Francisco Caquilpan, presidente de la Corporación de Comunicaciones Mapuche Xeg-Xeg, "que no nos cabe duda de que las empresas de seguridad están realizando todo un trabajo de intimidación en las comunidades. La idea es efectuar montajes para intentar criminalizar nuestras acciones, para pedir la aplicación de leyes en contra nuestra. ¿Por qué ni el gobierno ni la justicia hacen nada ahora cuando nosotros somos los más interesados en que se aclaren estos hechos? El intendente de la IX Región, Oscar Eltit, pidió la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para los hechos de Lumako en diciembre de 1997 sin tener ningún antecedente. Es el peor intendente que ha habido en la región durante la transición, no ha aprendido nada de lo que es la cultura mapuche, de nuestro pueblo. Parece que durante la dictadura, en vez de buscar a su hermano y cuñado desaparecidos, aprendió sólo a reprimir. Entonces ¿quiénes son los verdaderos criminales? Los mapuche tenemos treinta mil años de existencia, vivíamos en armonía y equilibrio con la naturaleza, los españoles llegaron hace 500 años y los chilenos hace 190 y lo han destruido casi todo".

MONTAJES Y SABOTAJES
 
 

Y continúan haciéndolo, porque además de la destrucción del entorno por parte de las empresas forestales, ahora se busca el aniquilamiento físico y moral de un pueblo. El objetivo es desarticular a las principales organizaciones mapuche, sembrar el temor en el seno de las comunidades y satanizar al movimiento mapuche para que éste sea rechazado por la sociedad chilena. Por un lado se lleva a cabo una política sistemática de amedrentamiento a comuneros mapuche -con golpizas, secuestros, filmaciones, entre otros métodos- y, por otro, se implementan autoatentados y montajes para posteriormente inculpar a los mapuche, especialmente a sus líderes, de tomar parte en ataques realizados por los propios guardias de seguridad. Ello forma parte integral de esta maquiavélica maquinaria represiva, denunciada por las organizaciones mapuche reiteradas veces ante las autoridades pertinentes y, últimamente, por el diputado Eugenio Tuma ante la Corte de Apelaciones de Temuko, la misma que denegó la petición de designar un ministro en visita para investigar los acontecimientos de Collipulli.

Para Antileo, el hecho de que "baste que un parlamentario denuncie esto y se le dé carácter de válido demuestra el sesgo discriminatorio y racista de la institucionalidad chilena". Esto es, además, refrendado por toda la política asimilacionista de gobiernos y leyes indígenas a través de la historia de Chile. Sin embargo, el escrito presentado por Tuma ante el tribunal temukense contiene un relato pormenorizado de algunos hechos que contribuyen a entender la verdadera dimensión de la política represiva implementada en territorio mapuche, especialmente en lo que dice relación con el sector Temulemu, comuna de Traiguén; Rukañanco, comuna de Collipulli y de Cuyinco, comuna de Los Alamos. Es precisamente en este último lugar donde comienzan a operar las empresas privadas de seguridad vinculadas a Pablo Iturriaga, ex oficial de ejército. "Entre los funcionarios -establece el escrito- figuran dos efectivos de Carabineros que señalan ser de Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) y circulan con vestimenta proporcionada por los jefes que tiene la empresa de vigilancia". Ellos trabajan mancomunadamente con guardias civiles que llevan a cabo acciones de hostigamiento contra los comuneros de Cuyinco. Entre éstas se cuentan la acontecida el 20 de abril de 1998 cuando, "por orden de Cristian Gañán, quien consulta a Adrián Lavín, ambos funcionarios de Osepar u otra razón social asociada al señor Pablo Iturriaga, propietario de empresas de seguridad privada, diez guardias de seguridad son obligados a destruir enseres y carpas de la comunidad Fren, compuesta de treinta personas de las familias Fren Mariqueo y Fren Casanova, quienes sostenían disputa de tierras con Bosques Arauco, resultando completamente destruido el campamento indígena que se encontraba al interior del predio forestal".

Las actividades criminales de las empresas de seguridad no se circunscriben a la agresión física directa, como sucedió en varias ocasiones, sino que además se complementan con acciones de sabotaje. Es lo que aconteció en mayo y junio de 1998 cuando por orden directa de los mismos Gañán y Lavín "se les entregan productos químicos a un grupo de guardias explicándoles que se trata de veneno, ordenándoles que se trasladen a las viviendas de la comunidad Fren y uno de ellos fue obligado a arrojar los líquidos sobre las siembras de hortalizas de la comunidad". Ulteriormente, una decena de guardias "son obligados a llenar sacos con arena y arrojarlos a un canal ubicado en las inmediaciones de la comunidad Fren Mariqueo con la finalidad de inundar las siembras, posteriormente y en forma continua los señores Lavín y Gañán utilizando sus vehículos pasaban por sobre las siembras de los indígenas.

Es de perogrullo indicar que todo esto sucedía a vista y paciencia de Carabineros que nada hacían por defender los intereses de los comuneros. Es más, la policía actuaba en connivencia con las empresas forestales y sus organismos privados de seguridad en la represión sistemática al pueblo mapuche.

No sólo en Cuyinco operaban Osepar y Esedpa Seguridad, también de propiedad de Iturriaga, sino que en Temulemu. De hecho, en enero de 1999 los efectivos de estas empresas privadas de represión son enviados a la comuna de Traiguén, en la IX Región. Allí los grupos de choque son comandados por Alvaro Villagrán quien dispersa a su personal para que opere fundamentalmente en los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos, aunque también se movilizan por las comunidades de Didaico y Pantano. En febrero de ese año se producen graves enfrentamientos entre centenares de policías fuertemente armados y mapuche que defienden territorio recuperado. Los guardias de la empresa Mininco participan activamente en estas acciones.

Aquí se comienza a masificar y sistematizar una de las tácticas de la guerra sucia utilizadas por las forestales: los autoatentados. A partir de febrero de 1999, se constata en las denuncias del diputado Eugenio Tuma, "Villagrán comienza a ordenar continuamente a su personal iniciar incendios forestales en pequeñas plantaciones de pino varias veces al día originando focos de fuego en distintos sectores y en forma simultánea, con la finalidad de dar cuenta personalmente de estos hechos a la torre de control de Mininco cuyos funcionarios finalmente denunciaban el hecho a Carabineros, atribuyendo la acción a las tres comunidades en conflicto, Temulemu, Pantano y Didaico". A esto hay que añadir volcamientos y destrozos de vehículos, supuestos ataques incendiarios y con armas de fuego, todos adjudicados a comuneros mapuche y, especialmente, a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Malleco-Arauco.

LEGITIMA AUTODEFENSA
 
 

Entonces no puede sorprender que se haya acusado de manera automática a los mapuche del ataque incendiario a una camioneta de Mininco en la comuna de Collipulli. No sorprende, pero ciertamente irrita que tanto personeros de gobierno como de las forestales acusen apriorísticamente de un hecho tan grave a una organización mapuche sin poseer antecedente alguno que amerite tal actitud. Alihuen Antileo es enfático en afirmar que nuestra "resistencia es hacia la gran inversión forestal y turística. Pueden producirse movilizaciones agudas, pero no corresponden acciones de aniquilamiento. Jamás hemos promovido quema de personas. Es una cuestión valórica, hemos sufrido diariamente la represión, por eso no vamos a emplear los mismos métodos. Está totalmente fuera de la línea de la Coordinadora".

Es más, prosigue Antileo, "en encuentro realizado en Temuko hace un mes resolvimos el reinicio de las movilizaciones en marzo, luego de los meses de cosecha, por lo tanto, nuestra gente estaba en otras labores". Lo concreto es que lo sucedido en Collipulli no se ajusta a la línea valórica de acciones promovida por la Coordinadora. No obstante, "sí planteamos la necesidad de la autodefensa legítima de las comunidades. Esta línea se ha masificado, porque al no encontrar respuesta a través de los canales institucionales no queda otro camino que contrarrestar la violencia con legítima violencia. Se nos acusa de terroristas y guerrilleros, pero la autodefensa forma parte de una estrategia política, de control del espacio y defensa de las comunidades". Defensa ante los guardias de seguridad y unidades especiales de inteligencia del Estado que operan en territorio mapuche -no para descubrir a los verdaderos responsables de los ataques incendiarios y otras acciones de sabotaje- sino que simplemente para reprimir al pueblo mapuche. Es más, estos pequeños ejércitos privados tienen una mayor capacidad operativa que la policía en ciertos sectores. De hecho, señala Alihuen Antileo, "los carabineros no tratan a los guardias como simples civiles, sino como personas con jerarquía". Quizás por su preparación militar y su vinculación con organismos represivos de la dictadura, además de la tecnología utilizada por éstos, como los sensores infrarrojos que detectan personas o animales a una distancia de 500 metros". Todo este poder de fuego, infraestructura y apoyo logístico no se condice con su condición de meros guardabosques, de allí que sea altamente preocupante, lo que sucede en el sur de Chile.

CARABINEROS TORTURA

A MAPUCHE
 
 

Lo de Collipulli demuestra que estamos ante la presencia de gente y organismos de seguridad que no trepidan en llevar a cabo acciones criminales de envergadura e inhumanas a fin de inculpar a los mapuche. Pero no son sólo las forestales las que reprimen sistemáticamente al pueblo mapuche a fin de preservar y expandir sus enormes ganancias en el rubro forestal, también lo hace Carabineros. La militarización del territorio mapuche es un hecho indesmentible, basta acercarse a las zonas en conflicto para constatar la presencia de policías de uniforme y de civil que circulan por el lugar, controlando, vigilando, filmando, verificando documentación y anotando patentes de vehículos. Y, por sobre todo, protegiendo las actividades de tala de bosques y transporte de madera de empresas como Volterra, Mininco y Bosques Arauco. Es en este contexto que se inscribe el último desalojo, en febrero pasado, del fundo Santa Rosa de Colpi en Temulemu donde 200 policías de Temuko, encabezados por la jueza de Traiguén, Silvia Molina, procedieron a ocupar el lugar que había sido, una vez más, recuperado por los comuneros. A diferencia de ocasiones anteriores esta vez no hubo mayor violencia, fundamentalmente porque los comuneros ya se habían retirado del lugar. Sí la hubo en el sector de Truf-Truf el 16 de diciembre pasado cuando Carabineros uniformados y de civil, sin exhibir orden judicial alguna, ingresaron violentamente en la madrugada a casas del sector. Obligaron a sus moradores a salir desnudos a la intemperie, golpeando y deteniendo a siete de ellos. Los detenidos fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas donde fueron amarrados, golpeados, torturados. A Alberto Coliñir le pusieron una bolsa de plástico en su cabeza y luego le aplicaron electricidad lo cual le hizo perder el conocimiento en varias oportunidades. Ante esto, José Quidel, dirigente de la organización mapuche Ayjarewegetuayñ, declaró que es "inaceptable que se trate así a nuestros hermanos" y que interpondrían una querella en contra de Carabineros.

Es ciertamente inaceptable que se torture a nadie y menos aún a los mapuche, cuyo único "crimen" es intentar sobrevivir como pueblo. Es que cada vez está más clara -como dice Caquilpán- "la colusión existente entre el gobierno y los intereses económicos privados" y en este proyecto de país capitalista dependiente no tienen cabida los mapuche. Porque además, ni el gobierno ni el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Chile constata la situación de discriminación social de los mapuche, entienden que este no es un problema económico, de tierras más o tierras menos. Es un problema político, afirma Antileo, "no es sólo un problema de pobres o explotados, sino de nación; no es problema de plata o de mercado, porque los problemas políticos de un pueblo no son cotizables en la bolsa. Los derechos políticos de un pueblo no se discuten, se respetan y defienden"
 
 

MAURICIO BUENDIA

"Seguridad terrorista" "Las empresas de seguridad que prestan servicio a las forestales están actuando en la más completa impunidad y con total falta de fiscalización", denuncia el diputado del PPD Eugenio Tuma, quien ha seguido de cerca el problema en la zona mapuche. El parlamentario comenzó por investigar las condiciones laborales en estas empresas, donde constató diversas violaciones a la legislación vigente. "De partida, contratan al personal como brigadistas forestales y no como guardias de seguridad, que es la función que realmente cumplen, para eludir la aplicación de la ley que obliga, en ese caso, a ser fiscalizados por el SO-10 de Carabineros. En esto también hay falta de celo de parte de Carabineros, que debería exigir la presentación de los contratos que las empresas de seguridad han firmado con las empresas forestales a las cuales sirven", afirma el diputado Tuma. Otra artimaña para escabullir obligaciones legales es que la Oficina de Seguridad Particular de Alfredo Rodríguez (Osepar), ex miembro de la CNI, actúa como empresa matriz, de la cual se desprenden ocho filiales con los mismos dueños. A raíz de investigaciones de violaciones a los derechos humanos, Alfredo Rodríguez se exilió y vendió la empresa a Pablo Iturriaga. Tal vez lo más grave es la denuncia efectuada por el parlamentario Tuma a partir de los testimonios entregados por siete ex brigadistas de estas empresas, obtenidos por una periodista de Radio Bío-Bío. "Ellos reconocen que algunas de las 'tareas' que debieron cumplir fue envenenar aguas utilizadas por las comunidades mapuche, cerrar canales para anegar e inutilizar sus siembras, y hostigar a familias indígenas, persiguiendo y golpeando a sus integrantes. Esto, con la finalidad de hacerles la vida imposible y empujarlos a la violencia". Por todos estos antecedentes, se estima que tales empresas están actuando en la práctica como una asociación ilícita de carácter terrorista. Por eso los diputados Eugenio Tuma y Guido Girardi pidieron al ministro del Interior, Raúl Troncoso, que solicite a la Corte de Apelaciones de Temuco la aplicación de la Ley Antiterrorista para avanzar en la investigación de estos hechos.  Según Tuma, el ministro en visita Julio César Grandón, quien también preside el tribunal, sólo conseguirá dar pasos significativos en el proceso si puede recurrir a ciertas garantías, como la cooperación eficaz o delación compensada, que establece esa ley. De esa manera se podrían obtener declaraciones judiciales de los ex funcionarios dispuestos a entregar información

 
 
 

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