Si las donaciones internacionales financian proyectos de promoción cultural indígena, bienvenidas sean, pero el Estado tiene la obligación de velar que éstas no se utilicen en acciones violentas. 

Según informes extraoficiales, el año pasado las organizaciones Identidad Cultural Lafkenche y Consejo de Todas las Tierras recibieron, de manos de diversas ONG, cerca de 50 millones de pesos cada una. Los recursos tendrían como objetivo financiar proyectos culturales y sociales para las etnias, como, por ejemplo, la creación de escuelas bilingües, la filmación y edición de videos de denuncia y la formación de líderes indígenas, entre otros. 

Sin embargo, aunque las propias ONG exigen informes sobre el destino de los fondos y el cumplimiento de los propósitos para los cuales fueron enviados, no siempre se opera con tal rigurosidad. Algunas organizaciones internacionales han admitido que en varias ocasiones el control no ha sido exhaustivo y que hay aportes que se han desviado para financiar movilizaciones indígenas. 

El derecho de las etnias a recibir financiamiento extranjero no está en duda. Existe una enormidad de organizaciones chilenas -ecológicas, de protección a los más desposeídos o de cualquier otra índole- que son respaldadas por las ONG internacionales. Más aún, si los recursos que requieren los mapuches para difundir su cultura no surgen en nuestro país, es natural que los busquen afuera. 

Sin embargo, es indispensable que la procedencia y el uso de estos fondos sea absolutamente transparente. Más aún, si se considera que Identidad Cultural Lafkenche y el Consejo de Todas las Tierras -ambas fuertemente beneficiadas- representan al sector más radical y violento del movimiento indígena, que ya ha tenido innumerables enfrentamientos con la autoridad. 

En un escenario donde la reivindicación cultural mapuche se ha mezclado con sectores indígenas rupturistas y violentos que no respetan el estado de derecho, es vital extremar el control de la distribución de fondos. Si las propias ONG admiten que el destino final de los recursos transita a veces por una nebulosa, es deber de las autoridades verificar que el dinero no termine financiando iniciativas diferentes de las originales. 

Aunque la tarea para las autoridades es compleja, dado que las donaciones privadas no están sometidas a fiscalización estatal, una eficiente labor de inteligencia puede aportar mayor certeza del destino que se da a esos recursos. Si efectivamente las donaciones internacionales financian proyectos de promoción cultural indígena, bienvenidas sean. Pero el Estado tiene la obligación de velar que no se alimenten desde el exterior acciones violentas. De lo contrario, nada impedirá que los hechos de violencia que han contaminado a la Araucanía no se repitan en el futuro.