Unos 45 pehuenches protestaron ayer en la zona Alto del Biobío, sector de Palmucho, obstaculizando el paso de vehículos, arrojándoles piedras y exigiendo el retiro inmediato de la fuerza pública. Las acciones forman parte de movilizaciones permanentes de ocho familias que se niegan a permutar tierras a Endesa para que construya la central hidroeléctrica de Ralco.Los manifestantes eran liderados por el lonco de Quepuca Ralco, Antolín Curriado.El Mercurio, 5 de mayo de 2000
PROTESTAS:
NIÑOS MAPUCHES EN LA MONEDACuenta Regresiva para Mesa de Trabajo Indígena
Señalan que la zona está "militarizada" y que por ello piden el retiro de la fuerza pública.
CONCEPCION (Patricio Gómez).- Unos 45 pehuenches protestaron ayer en la zona Alto del Biobío, sector de Palmucho, obstaculizando el paso de vehículos, arrojándoles piedras y exigiendo el retiro inmediato de la fuerza pública.
Las acciones forman parte de movilizaciones permanentes de ocho familias que se niegan a permutar tierras a Endesa para que construya la central hidroeléctrica de Ralco.
Los manifestantes eran liderados por el lonco de Quepuca Ralco, Antolín Curriado.
Un fuerte contingente policial se mantiene en el lugar para impedir toda acción que pueda derivar en la ocupación permanente de la ruta, como era la intención original anunciada por el grupo de pehuenches, según anunciaron en comunicado público.
Los indígenas calificaron la presencia policial como "un acto represivo que no contribuye a resolver el problema que afecta al pueblo pehuenche del Alto del Biobío".
El lonco Antolín Curriado advirtió que los comuneros mapuches continuarán movilizándose para impedir la construcción de la central Ralco, por cuanto ese es el único recurso que les ha dejado el Gobierno del ex Presidente Frei. Llamó al actual Gobierno a retirar la fuerza pública, por cuanto su presencia masiva "ha militarizado el lugar".
Se invitó a los parlamentarios oficialistas Francisco Huenchumilla (DC), Alejandro Navarro (PS), Guido Girardi (PPD) y al vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, a conformar una comisión para mediar en el conflicto. Su mandato sería el de hacer prevalecer los derechos de los pehuenches que se niegan a permutar sus tierras y presentar sus principales preocupaciones al Gobierno y Endesa.
Las obras de construcción de la central fueron reanudadas por Endesa durante la primera semana de marzo, luego que la Contraloría aprobara los decretos dictados por el Ministerio de Economía que otorgaban las autorizaciones requeridas para su ejecución definitiva.
Hasta la paralización de las obras se había ejecutado aproximadamente el 30 % de ellas, con una inversión de 154 millones de dólares respecto del costo total de 540 millones de dólares del proyecto. La central deberá estar operando el 2002 con una potencia de 570 megawatts.
Noventa familias pehuenches han aceptado permutar sus tierras a Endesa dentro del plan de relocalización diseñado para tal efecto, con un costo global de 19 millones de dólares, incluidas las viviendas.
