Tres mil 600 millones de pesos en subsidios colectivos o individuales para la adquisición de tierras agrícolas serán asignados a una cantidad no precisada de indígenas que postularon al concurso nacional convocado para esos fines por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).El subsidio estatal está destinado exclusivamente a la compra de tierras para la producción agrícola y no puede ser destinado a otros fines, como compra de casas, sitios o bosques en pie, maderas, maquinarias, animales, pago de corredoras de tierras, entre otros. El Mercurio, 28 de abril de 2000
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA:Asignan $3.600 Millones para Comprar Tierras a Mapuches
Subsidio está destinado a compra de tierras sólo para producción agrícola. Desde 1994, la Conadi traspasó a comunidades étnicas 122 mil 265 há.
TEMUCO (Iván Fredes).- Tres mil 600 millones de pesos en subsidios colectivos o individuales para la adquisición de tierras agrícolas serán asignados a una cantidad no precisada de indígenas que postularon al concurso nacional convocado para esos fines por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
El subsidio estatal está destinado exclusivamente a la compra de tierras para la producción agrícola y no puede ser destinado a otros fines, como compra de casas, sitios o bosques en pie, maderas, maquinarias, animales, pago de corredoras de tierras, entre otros.
La cantidad de hectáreas a comprar por cada favorecido, sea en forma individual o colectiva, dependerá del valor y calidad de las mismas, razón por la cual no hay una estimación de la cantidad de terrenos a adquirir.
La nómina con los seleccionados y los montos asignados serán publicados el 2 de mayo, anticipó ayer el director subrogante de la Conadi, Edgardo Lienlaf, al responder críticas de dirigentes mapuches por la demora en la selección que debió hacerse pública la semana pasada.
Lienlaf, quien acaba de participar en un foro internacional sobre derechos humanos de los pueblos originarios, celebrado en Ginebra (Suiza), dijo que ese organismo gubernamental cuenta con un presupuesto anual de unos 13 mil millones de pesos, de los cuales la mayor cantidad, alrededor de 11 mil millones, están destinados a la compra de tierras, derechos de agua y obras de regadío para las minorías étnicas.
Los tres mil 600 millones de pesos son asignados a los indígenas para que adquieran directamente las tierras a particulares no indígenas, con asesoría técnica y económica de la Conadi, con el fin de evitar engaños, sobreprecios y especulaciones.
El resto del presupuesto, es decir, unos siete mil 500 millones de pesos, serán destinados a la compra de tierras en conflictos por parte de la Conadi, con el fin de traspasarlas y ampliar las tierras de las comunidades que las reclaman, de acuerdo a una priorización establecida por ese organismo.
El monto máximo de subsidio individual es de 15 millones de pesos y el de comunidades, de 11 millones 250 mil pesos por cada comunero favorecido. En ambos casos, los indígenas favorecidos debieron postular con un ahorro previo y acreditar condición socioeconómica para una priorización en la asignación de los recursos.
El subsidio tiene una validez de seis meses a contar de la entrega del certificado respectivo, período en el cual deberá materializar legalmente la adquisición de las tierras.
Según estudios de la propia Conadi, en las regiones del Biobío y la Araucanía, los precios de las tierras por hectárea fluctúan entre 400.000 y un millón 800 mil pesos.
Los valores corrientes por hectáreas fueron estimados en $ 400 mil para el caso de suelos forestales con mucha pendiente y sin limpiar; $ 800 mil para suelos de cultivos de lomajes suaves y profundos; $ 1.000.000, para suelos de cultivos planos y profundos, y $ 1.800.000, para tierras planas, con riego y aguas, consideradas aptas y las mejores para cultivo agrícola.
Sin embargo, dirigentes mapuches, como el consejero de la Conadi, Hilario Huirilef, han denunciado que existe una creciente especulación en el precio de las tierras por parte de propietarios no mapuches, que aprovechan la oportunidad de hacer buenos negocios con las necesidades de tierras para los indígenas y por la compra al contado y respaldada por un organismo gubernamental.
La demanda es creciente y la oferta limitada, lo que ha servido para que en los últimos años, debido a la disponibilidad de recursos estatales para esos fines, los precios se hayan hasta cuadriplicado, denunciaron los dirigentes.
La asignación de subsidios para adquisición de tierras había sido suspendida en los dos últimos años debido a que se detectaron graves irregularidades en el proceso de selección y compra de terrenos.
El director subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Edgardo Lienlaf, precisó que desde la creación de la Conadi, en 1994, a la fecha se han traspasado a las comunidades mapuches 122 mil 265 hectáreas de tierras. Dicha cantidad ha sido comprada directamente con recursos del Fondo de Tierras y Aguas, constituido expresamente con ese propósito, además del traspaso de terrenos fiscales desafectados.
El Presidente Ricardo Lagos anunció que durante su gobierno serán traspasadas otras 150 mil hectáreas a las comunidades indígenas, pero no se conoce aún una cifra global para materializar dicha iniciativa.
Ocupan Municipalidad
Siempre en el marco de los asuntos indígenas, al mediodía de ayer un grupo de treinta mapuches de la comunidad de Temuco-Cuicui ocupó por dos horas el edificio de la Municipalidad de Ercilla, a unos 75 kilómetros al norte de esta capital regional, para reclamar por los sueldos impagos de un programa de generación de empleos.
En tanto, ayer cumplieron 11 días en huelga de hambre los ocho mapuches de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco, recluidos en la cárcel local. Los ayunantes, encabezados por el vocero de esa agrupación, Víctor Ancalaf, quienes se autodenominan "presos políticos", dijeron que mantendrán la huelga hasta que los tribunales de justicia les otorgue su libertad provisional. Seis de ellos están acusados de ser presuntos autores de los delitos de desacato a raíz de la ocupación por dos horas del edificio del Juzgado de Collipulli, el pasado 28 de marzo, cuando en su interior se encontraba el ministro de Corte Lenín Lillo, su jueza titular Georgina Solís y siete funcionarios judiciales.
El dirigente Víctor Ancalaf, además, fue procesado como presunto autor del delito de secuestro por impedir que el ministro Lillo pudiera abandonar el inmueble ocupado.
