En el país el porcentaje de población indigente es de 5,5%, entre los sectores indígenas alcanza el 10,6%. El analfabetismo llega a 19% en los sectores rurales indígenas, mientras que el promedio nacional en dichas áreas es de 12%. Es imprescindible que la sociedad chilena, sus políticos e intelectuales empiecen a mirar el problema indígena desde esta perspectiva. De lo contrario, sin darnos cuenta, conflictos que hoy nos parecen casi pintorescos porque corresponden claramente a situaciones artificiales, pueden, como una bola de nieve, crecer indefinidamente, alimentados por los elementos que hemos reseñado. Diario el Sur, 20 de Abril de 1999

Martes 20 de Abril de 1999

Opinión
Pueblos indígenas: mitos y realidades

Los conflictos indígenas ocurridos en las últimas semanas en ciertas comunidades mapuches son inducidos por grupos ideológicos. En efecto, en gran medida han sido y están siendo alentados por organizaciones vinculadas a sectores ambientalistas y de izquierda en general, que poseen financiamiento extranjero.

¿Por qué dichos grupos han sido capaces de sensibilizar a ciertas poblaciones indígenas de nuestro país, con un discurso que nunca fue relevante dentro de nuestra sociedad?

Para contestar esta pregunta se debe identificar el itinerario del conflicto, es decir cómo éste adquiere forma. En primer lugar, se aprecia que la situación socioeconómica de los sectores indígenas es más deficitaria que la del resto del país. Así, mientras en el país el porcentaje de población indigente es de 5,5%, entre los sectores indígenas alcanza el 10,6%. El analfabetismo llega a 19% en los sectores rurales indígenas, mientras que el promedio nacional en dichas áreas es de 12% Todo ello, sin lugar a dudas, repercute en el acceso a mejores ingresos.

En segundo lugar, en este contexto de alta vulnerabilidad social la legislación vigente, impulsada por los gobiernos de la Concertación, en modo alguno ha constituido una solución. En un supuesto intento por "proteger" la cultura de los pueblos indígenas se ha impedido el desarrollo social en dichos sectores. Tal es el caso de las restricciones a la comercialización de terrenos por parte de las comunidades indígenas, lo cual redunda en la incapacidad de acceso a créditos, puesto que un propietario no puede ofrecer como prenda del crédito las tierras que posee. Asimismo, al limitar el derecho de propiedad, incentiva la creación de minifundios puesto que las tierras deben dividirse en las comunidades, todo lo cual redunda en la incapacidad para el desarrollo de actividades más productivas. Finalmente, esta situación se traduce en la pérdida del valor de los terrenos y en consecuencia en un deterioro patrimonial importante de los pueblos indígenas.

Las frustraciones que genera la legislación vigente permiten que la acción de organizaciones ideológicas de izquierda sea más efectiva. Dichos grupos crean un conjunto de expectativas respecto de las posibilidades de mejorar la situación socioeconómica de los pueblos indígenas, todo ello basado en un marco ideológico que explica dicha situación a partir de la explotación sistemática de que serían objeto, particularmente por la pérdida de tierras producto del avance colonizador. De esta forma, la solución consistiría en reclamar las tierras y combatir por todos los medios la expansión del sector privado, y en general, de cualquier instancia no indígena. No es despreciable tampoco el efecto que causa el que los indígenas que siguen estas aguas reciban una serie de beneficios financiados con la generosa ayuda de países europeos y organismos internacionales.

Finalmente, lo que cierra este círculo del conflicto son las actitudes y decisiones de la autoridad frente a las acciones realizadas por dichos grupos.

Este estado de cosas es grave, ya que afecta no sólo la gobernabilidad de corto plazo de una zona del país, sino que constituye una hipoteca a futuro; en buenas cuentas alienta una espiral de conflictos que tiene todos los ingredientes necesarios:

una situación de vulnerabilidad social alta; un marco legal inadecuado; un conjunto de expectativas frustradas; una ideología que entrega explicaciones a dicho estado de cosas; y lo más grave, una acción sistemática y consistente de agencias internacionales y grupos ideológicos que proveen los recursos suficientes como para alentar el conflicto.

Luego, el corolario necesario de esta situación es el debilitamiento de mediano plazo de la convivencia social de las localidades afectadas y de la economía chilena, al no poder otorgar garantías para la inversión nacional y extranjera en determinados sectores productivos. En buenas cuentas, ¿quién se arriesgaría a invertir en una economía donde las bases mismas del derecho de propiedad se encuentran debilitadas y donde la autoridad no entrega señales de gobernabilidad para hacer respetar dichos derechos?

Es imprescindible que la sociedad chilena, sus políticos e intelectuales empiecen a mirar el problema indígena desde esta perspectiva. De lo contrario, sin darnos cuenta, conflictos que hoy nos parecen casi pintorescos porque corresponden claramente a situaciones artificiales, pueden, como una bola de nieve, crecer indefinidamente, alimentados por los elementos que hemos reseñado.

Ahora bien, ¿cómo puede afrontarse el problema? En primer lugar, urge de parte del gobierno una revisión de las políticas sociales hacia dichos sectores, particularmente en lo que respecta a inversión pública en educación, salud, vivienda, etc. En segundo lugar, es indispensable revisar la ley indígena y eliminar los sesgos paternalistas hacia los pueblos indígenas. En tercer lugar, el gobierno debe dar señales claras respecto de que en nuestro país prima el estado de derecho; es decir, despolitizar el tema por la vía de proveer a los tribunales de justicia la solución del problema y entregar todos los medios necesarios para el cumplimiento de las leyes, sin caer en la tentación de la demagogia, particularmente si el conflicto involucra actos terroristas.Libertad y Desarrollo

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