Algunos piensan que las autoridades cosecharán una explosión, pero en La Moneda creen estar en el camino de apagar el incendio en La Araucanía.
 

Por PILAR MOLINA 

LA madrugada del viernes 5 de marzo, en lo que fue el segundo ataque en una semana, 200 indígenas asaltaron el campamento de Forestal Mininco en Traiguén.

Ese mismo viernes, el Gobierno llamó a una mesa de diálogo a los mapuches involucrados en los hechos de violencia y a las empresas forestales.

El miércoles La Moneda aceptó la intervención, si no mediación, de la Iglesia en el conflicto y la Conadi inició la negociación con las partes por separado.

El jueves los aborígenes plantearon en la mesa de diálogo con las autoridades su demanda: la devolución de las 58 hectáreas del fundo Santa Rosa de Colpi, donde dicen tener derechos históricos, incluyendo los pinos plantados por Mininco. El Gobierno accedió a comprar esas tierras, pinos incluidos, para los indígenas y la empresa privada suspendió la tala en el terreno en disputa.

¿Será éste un hecho aislado o se sumarán otras comunidades de las cientos que existen a este modus operandi de atacar primero, para dialogar después, y terminar negociando nuevas tierras forestadas?

Posición de los privados
 

Claro que está preocupado el sector privado. Ha visto debilidad en el Gobierno para aplicar la ley frente a los múltiples ataques que han sufrido en las últimas semanas los trabajadores y bosques de Mininco en Traiguén, que han dejado una estela de carabineros heridos y cientos de hectáreas deliberadamente incendiadas. Posterior al operativo policial del 18 de febrero para incautar madera robada a Mininco, 855 hectáreas de bosques pertenecientes a tres empresas y dos particulares fueron quemadas. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Walter Riesco, señaló que el Gobierno debe solucionar el problema indígena sin tanto diálogo y con más hechos, viendo en los últimos acontecimientos síntomas de descomposición y desgobierno que en el pasado se iniciaron en el campo, para luego trasladarse a las urbes, lo que culminó con la crisis institucional de 1973.

El sector forestal se siente arrastrado a un conflicto que no inició, porque los dos predios de la IX Región donde se ha concentrado la violencia - Santa Rosa de Colpi y Chorrillos- los adquirió Mininco hace 18 años a particulares, en cuyas manos se encontraban desde 1901-1908, respectivamente, y los títulos de ninguno de ellos ha sido objeto de un reclamo judicial a lo largo de todo este siglo.

A través de la Corma (Corporación de la Madera) los empresarios del rubro están dispuestos a colaborar, a establecer una política de buena vecindad con los mapuches, pero no a negociar la venta de las 58 hectáreas reclamadas por las comunidades Temulemu, Pantano y Didaico, en la convicción que hacerlo sería llamar a gritos a la inmensa mayoría de comunidades aborígenes, que no ha adoptado el camino de la beligerancia, a tomarlo. "Fundo tomado, fundo que no se vende", sentencia el presidente de la Corma, José Ignacio Letamendi.

El problema de Mininco afecta a menos del uno por ciento de su patrimonio. Pero en el rubro se ve que el conflicto potencial es inmenso. Hay dos millones 200 mil hectáreas plantadas con pino o eucaliptus en Chile, con una inversión total que bordea los 10 mil millones de dólares entre la la VII sur y la X norte. La cercanía a comunidades está teniendo un efecto dominó sobre el precio de los terrenos colindantes y no es difícil prever que esta situación ahuyentará a los inversionistas del sector que alimenta la segunda fuente de exportación del país.

Las empresas forestales creen que el problema del cual se descuelgan desde fines del 97 las reivindicaciones indígenas violentas los excede. Piensan que la "deuda histórica" a la que aluden los autóctonos, que no consulta derechos jurídicos, es un tema nacional y que como tal debe ser el Gobierno el que lo resuelva, sin intervención de terceros. Ven hoy que el conflicto básico es de pobreza, de la marginación de los sectores indígenas del desarrollo, con pésimos accesos, escuelas (algunas aún unidocentes, con varios grados en un curso), salud y técnicas productivas. El que casi el 20 por ciento de la población rural indígena sea analfabeta, contra menos del cinco por ciento de promedio nacional, no es más que un reflejo de sus pésimos indicadores sociales que ha aumentado la brecha entre la mano de obra cada vez más especializada que deben emplear las forestales y la que ofrecen los mapuches. Las máquinas que talan, desraman y trozan los árboles tienen una pantalla de computador y los guardabosques, por ejemplo, no sólo rondan en motos con radios, sino que también detectan hongos y enfermedades.

La colaboración la ven por el lado de contribuir a la educación, que es lo único que puede permitirles a los mapuches optar por trabajos rentables en la economía nacional. También, en hacer caminos, ayuda social y todo lo que sea necesario. Pero comprometen la asistencia a cambio de claridad - que el Gobierno la ha dado sin energía- respecto del derecho de propiedad y a la libre disposición de los bienes y que la autoridad asegure la paz para que ellos puedan trabajar sin que sus predios sean asaltados o incendiados.

Después que en diciembre de 1997 un grupo de indígenas quemara camiones de Forestal Arauco y el Gobierno aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado, el mensaje a las empresas fue que las reivindicaciones territoriales eran un conflicto entre privados que debían resolverse a través de los tribunales. En Traiguén, Mininco presentó 29 querellas por incendios, robo y usurpación el 98, pero la demora en responder fue increíble. Casi tres meses tardó la jueza del área en ordenar un operativo contra un aserradero móvil que estaba trabajando con madera robada a la forestal.

Cuando la escalada de violencia fue creciendo, la firma pidió al Gobierno aplicar la Ley de Seguridad Interior. Sólo después de la emboscada a dos camionetas por 50 encapuchados, ataque coordinado a través de "walkie talkies", Interior envió fuerza pública para permitirle a Mininco iniciar la tala anticipada de sus tres mil hectáreas de bosques que están en el área de conflicto.

A las forestales les sorprende que a pesar de los sucesivos apaleos a carabineros - conminados a defenderse de las pedradas con hondas y boleadoras sólo con sus escudos y gases lacrimógenos- no haya nadie preso. Los pocos procesados que hay, que se cuentan con los dedos de la mano, están en libertad bajo fianza y algunos, incluso, se sentaron a negociar esta semana con la Conadi, como el lonko de Tepulemu, Pascual Pikún.

Aunque Mininco había asegurado que por nada iba a detener la explotación de sus bosques, el jueves cedió a la pretensión indígena, pero sólo en las 58 hectáreas disputadas, ya que en el resto continuó su trabajo. La tregua fue bajo la presión del arzobispo de Temuco y de las autoridades locales que le informaban a la empresa que si no lo hacía la intendencia sería tomada por los araucanos. El gesto de buena voluntad fue valorado por los aborígenes, pero también se oyeron advertencias como las de Víctor Ancalaf. El lonko de Collipulli le señaló al Gobierno que no soñara que con esto se resolvía el conflicto, porque sus demandas son muchas y hay cientos de comunidades que también tienen que ser escuchadas porque Chile tiene una "deuda país" con el pueblo mapuche.

Quieren la madera
 

El senador independiente Francisco Prat, por la IX Región, también cree que el Gobierno ha sido débil y ha actuado mal frente al conflicto de Traiguén, que si bien involucra directamente a sólo tres comunidades, ha atraído al lugar a dirigentes de muchas otras. Uno, porque ha presionado a las empresas a vender y a sentarse a dialogar con quienes la han atacado, incendiado y agredido a sus trabajadores, es decir, con quienes han dañado el orden público. Dos, promoviendo el conflicto, al no establecer ninguna sanción para los tomadores en la entrega de tierras, siendo la única que se les entregan predios distintos a los tomados, lo que ni siquiera se cumplirá en el actual conflicto. Y tres, porque ha convertido en una amenaza lo que es un problema puntual, que no involucra a más de 500 personas (incluidos los niños y mujeres que han actuado).

"El resto de las comunidades, que es la gran mayoría y también está en extrema pobreza, puede ver buenos dividendos de entrar en conflicto, dondequiera esté el incentivo de la madera. Porque el ciclo que se detecta es que se toma un predio, se instala un banco móvil y se inicia el robo masivo de madera", agrega el senador. Y recuerda: "en Lumaco se tomó el fundo Pidemu en 1998, cuando Forestal Arauco iniciaba justamente la explotación de los bosques y cuando esta labor terminó, se acabó el conflicto. Cuando salga el último camión de Mininco ahora, será el fin del problema, porque la madera es plata y la tierra, en cambio, pobreza".

De hecho, el jueves pasado, 30 mapuches de otra comunidad se tomaron un predio en Cañete de Forestal Arauco, donde se estaba iniciando la cosecha de pinos y cuando sus dueños estaban precisamente negociando la venta de parte del fundo a la Conadi.

Por eso se va abriendo paso entre los empresarios la convicción de que las reivindicaciones no van tanto por las tierras históricas - que no tienen aptitud agrícola- sino que, en el caso de Traiguén, por los pinos que 18 años atrás plantó Mininco y que los mapuches piden también ahora a modo de indemnización por la usurpación de que fueron víctimas al haberle los "huincas" arrebatado el suelo por medios ilegítimos. Consideran que la presión del Gobierno para que Mininco venda es un pésimo precedente, que puede ser imitado, porque una hectárea de pino de 18 años vale entre 5-6 mil dólares, dependiendo de su calidad, mientras que el casco de aptitud forestal, como el reclamado, 600 mil pesos.

Y los indígenas, incluso de Santiago - donde viven más de 400 mil de los 928 mil mapuches que existen en Chile- están atentos al desarrollo de los acontecimientos. Como advirtió Alihuén Antileo, representante de la Coordinadora de Comunidades Mapuches de la capital, existen al menos 40 comunidades que están observando el desarrollo de las negociaciones en Traiguén para también alcanzar soluciones efectivas. Sólo en las comunas de Traiguén y sus aledañas - Lumaco, Purén y Galvarino- hay reclamos pendientes ante la Conadi por tres mil 500 hectáreas.

El Gobierno - sienten los empresarios- está muy confiado en que podrá negociar las reivindicaciones legítimas con los araucanos, quienes no se dejarán instrumentalizar por activistas políticos. Pero el pueblo mapuche no es fácil de manejar. No responde a un liderazgo único y surgen dirigentes autónomos cada vez más radicalizados, que corresponden a quienes salieron a estudiar a la Universidad de La Frontera o de Concepción y regresaron con la causa indigenista - una bandera hoy mucho más vendedora que el marxismo- , a la que se suman los jóvenes estudiantes que buscan una motivación de vida y los agitadores de izquierda. Analistas policiales han identificado métodos y técnicas de presión, propias de los grupos radicalizados de izquierda. Pero al PC le habría ido mal en su labor de agitación en la zona. No así al Mir-EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) que si bien no ha logrado penetrar las tres comunidades que están negociando en Traiguén, estaría muy activo en Collipulli, algunos de cuyos dirigentes han intentado liderar sin éxito en el conflicto con Mininco.

Un botón de muestra de la lucha interna por la conducción política que se da hoy quedó de manifiesto el jueves. El grupo que se suponía representaba los intereses de las tres comunidades que reclaman a Mininco las 58 hectáreas se paró a los 10 minutos de la mesa en la que negociaba con la Conadi y las autoridades locales, en la municipalidad de Traiguén. El grupo no volvió a la mesa hasta que se pusieron de acuerdo en la Plaza de Armas acerca de quiénes iban a hablar. Finalmente se impusieron los representantes y lonkos de las tres comunidades en conflicto, que manifestaban una mayor apertura al diálogo.

Es en este panorama donde tampoco pasa inadvertido al sector empresarial que las movilizaciones indígenas no se dirigen en contra de particulares, sino que de las grandes forestales, a las que denostan como "transnacionales", por la participación de capitales extranjeros en la Papelera de Matte, la Copec de Angelini o la Millalemu del grupo CAP. Tiene mejor presentación actuar contra los grandes, pero hay miles de particulares vecinos de los indígenas, y en el análisis de la Corma mañana también pueden convertirse en blancos.

Tarde y poco

El senador Prat también juzga mal la actuación del Gobierno frente a la marginalidad que vive el pueblo indígena. Ha actuado tarde y poco. En este punto coincide con el otro senador por la IX Región, la que tiene la mayor concentración mapuche: 143 mil personas. El PPD Roberto Muñoz Barra considera que, frente al actual conflicto, "la responsabilidad es única y exclusivamente de las autoridades porque no supieron prever ni actuar". El parlamentario se lamenta la lenta reacción del Gobierno, que recién esta semana planteó medidas paliativas a la pobreza, lo cual puede significar que aunque se supere exitosamente el actual problema, la presión o los conflictos se multipliquen en otros sectores. Recuerda que en su región de La Araucanía hay cerca de dos mil comunidades organizadas, de las cuales sólo cuatro están involucradas en el problema actual.

Dos años atrás fue a advertirle al ministro del Interior Carlos Figueroa que la situación se haría insostenible si no tomaba medidas concretas en la zona, donde vive un promedio de 12 personas por hectárea, en suelos erosionados y donde la actividad forestal ha alterado profundamente el hábitat de los autóctonos. "Los pinos absorben 90 litros de agua, los eucaliptus más y el ecosistema desaparece y junto con ello, los conejos o liebres que cazaban para comer y que no crecen bajo los pinos. Desde un helicóptero, la visión de La Araucanía es patética: puros bosques y sólo lunares agrícolas. Hace tiempo que el Gobierno debió colocarse como vértice entre los indígenas y las empresas forestales, que no entendieron oportunamente que tenían que hacer una política más solidaria con los mapuches, los que no encuentran trabajo en ellas y tampoco como peones en los campos de trigo que ya han desaparecido", señala Muñoz Barra.

El senador PPD considera un paliativo el plan de emergencia que anunció la Conadi esta semana para cuatro comunas de la IX región asoladas también por la sequía, que contempla casi un millón de dólares paracrear 500 empleos y bonos familiares. Pero le molesta que se tomen las medidas cuando la sangre llega al río. "¿Por qué no se dieron los recursos antes?", se pregunta. Y concluye: "el Estado tiene que definir cuál va a ser el acceso de las etnias a la modernidad y lo que no puede hacer es seguir entregándole la responsabilidad de la solución a los intendentes y gobernadores, que no cuentan con los recursos y cuando estallan los conflictos sólo pueden hacer las denuncias ante los tribunales".

Posición del Gobierno
 

Aunque se critica como tardía y débil la conducción del Gobierno en el conflicto indígena, como si casi nadie se hiciera cargo de la gravedad del mismo, en La Moneda se hace un balance positivo de su actuación. La primera etapa que diseñaron ante la emergencia, sentar a las partes a dialogar, está andando bien, consideran, porque si aún no se sientan en la misma mesa las empresas forestales con los indígenas de las tres comunidades en litigio al menos hay voluntad de dialogar. La etnia terminó con la violencia en la zona - si bien fue incendiada la puerta de las oficinas de la Corma en Santiago el jueves- y Mininco accedió a detener por 30 días la tala del predio reclamado. De paso, agregan, se reposicionó la Conadi - que había perdido credibilidad- como el instrumento del Gobierno para actuar en estos casos.

Señalan que este cese de la beligerancia no lo habrían obtenido si hubieran aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo cual refrenda que fue la decisión correcta no hacerlo. Y en visión de las autoridades se trata además de un problema focalizado, no generalizado, y aunque se hable de infiltración extremista, se trata de un movimiento autónomo que no ha aceptado ser instrumentalizado por el PC, el Mir ERP y ni siquiera por el Consejo de Todas las Tierras, a lo cual también ha contribuido la actitud de colaborar de Mininco.

Tampoco creen que se convierta en un detonante para nuevas explosiones el precedente que el Gobierno se sienta a negociar con quienes transgreden el orden público, atentando contra la propiedad privada. Claudio Huepe, subsecretario general de Gobierno, y como tal, miembro del consejo de la Conadi, analiza que el conflicto de Traiguén no fue artificial, sino que tiene raíces profundas que se hunden en la mala vecindad permanente, donde comenzó a acumularse tensión al sentirse los mapuches marginados por los bosques que coparon sus tierras. "Se les cerraron las puertas al talaje, al pastoreo e incluso al empleo. Aunque el Estado les pagó el 75 por ciento de su inversión, en 18 años no calificaron la mano de obra, sino que la trajeron de afuera", dice Huepe.

El hecho de que el Gobierno quiera además comprar para los agresores las 58 hectáreas que han sido reclamadas por la vía violenta tampoco se convertirá en un modelo de imitación, se sostiene. El director de Conadi, Rodrigo González, señala que el predio en disputa estaba en el listado de reclamaciones históricas de su organismo y que cuando él se acercó en noviembre pasado a Mininco a pedirle que lo vendiera, dijeron que no, considerando una cuestión de principios no transar un bosque que había sido objeto de tensiones y robos. "Con una mayor flexibilidad por parte de la empresa, este conflicto pudo haberse evitado y no creo que se convierta en un precedente para acciones similares porque la gran mayoría ya tiene sus peticiones planteadas o solucionadas por nosotros, de manera que no requieren medidas de presión. Si en Traiguén actuaron así se debió a un estado de desesperación", explica González.

El subsecretario Huepe añade que la política ha sido "terreno tomado, terreno no comprado", regla que en este caso, sin embargo, no se cumplirá. "Pero eso en modo alguno significa que vayamos a aceptar que se creen problemas artificialmente", asegura tajante. Y agrega: "tampoco nos sentaremos a esperar el próximo conflicto, sino que en los dos o tres lugares que pueden ser explosivos, promoveremos también el diálogo empresa-indígenas. Queremos que las firmas forestales se desarrollen, pero sin que los mapuches las consideren sus enemigas".

Ley Indígena al banquillo
 

Si la primera etapa es desactivar el conflicto a través del diálogo y la segunda, junto con la anterior, el plan de emergencia que anunció esta semana la Conadi, la tercera, de más largo aliento, es comenzar a esbozar cómo se actuará en el tema de fondo, que son las causas estructurales que mantienen postergadas a las comunidades mapuches. El ministro del Interior, Raúl Troncoso, señala que precisamente "para desactivar futuros conflictos y evitar la instrumentalización política de las reivindicaciones propias de los mapuches es que tenemos que abordar el tema de cómo sacarlos de la marginalidad. Para ello, la próxima semana resolveré la constitución de grupos de trabajo, lo más amplios posible, para entrar en temas como el de la capacitación y educación y del desarrollo productivo". Buscando nuevos horizontes se reunirá también con Felipe Lamarca, presidente de la Sofofa, para escuchar su propuesta acerca de cómo puede el fisco apoyar que los araucanos le den un uso forestal a sus suelos que normalmente tienen sólo esta aptitud.

En este marco el Gobierno contempla también revisar la Ley Indígena, dictada por Aylwin, y sus instrumentos, como la Conadi. Ver cómo ha cumplido su papel, si su consejo híbrido ha sido o no adecuado, cómo puede reorientarse su institucionalidad, de manera que se transforme en un medio para apoyar el desarrollo productivo de las comunidades.

Este cuerpo legal, que prohíbe a las etnias vender sus tierras e incluso ofrecerlas en prenda a cambio de créditos productivos, ha sido duramente criticado. Libertad y Desarrollo considera que al limitar el derecho de propiedad incentiva la creación del minifundio, puesto que las tierras deben dividirse en las comunidades, lo que impide el desarrollo de actividades más productivas y redunda en la pérdida de valor de sus terrenos.

Admitiendo que la Ley Indígena fue creada en otro contexto, cuando la experiencia histórica aconsejaba impedirles la venta para evitar el abuso, pero nunca pensando en un proyecto de desarrollo como Ralco, en La Moneda no existe un criterio de cómo modificarla. No se descarta que mientras los indígenas no estén debidamente capacitados y educados, la posibilidad de vender sus predios se traduzca en que se sumen a los cordones urbanos de marginalidad, al no tener calificación para obtener empleos. Pero lo que está claro es que el Gobierno cree que ha llegado el momento de comenzar a reflexionar estos temas, aunque los concrete el próximo.

Más Tierras...¿Hasta Cuándo?

ESTOS días se debate intensamente si la posición del gobierno de seguir comprando tierras para los indígenas es la solución correcta. Las autoridades resolvieron adquirir para las tres comunidades involucradas en los últimos conflictos las 58 hectáreas plantadas con pinos, en Traiguén, que son propiedad de Mininco, y el director de la Conadi, Rodrigo González, anunció que agilizará la compra de predios en esta comuna y tres aledañas, donde los indígenas reclaman tres mil 500 hectáreas.

Aquí las posiciones están divididas. A un lado los empresarios y la derecha y al otro, el oficialismo. En el sector privado existe la certidumbre de que continuar sumando predios que son normalmente de aptitud forestal no resolverá el problema - a no ser que el Estado los apoye en darles un uso forestal, como propuso la Sofofa- , porque como los indígenas carecen de técnicas de producción y erosionan normalmente los suelos que ocupan, al cabo de pocos años se dan cuenta que continúan siendo pobres, pero con tierras. De hecho, la propia Conadi desde el año pasado comenzó a darles asistencia técnica a las comunidades favorecidas por el Fondo de Tierras, entendiendo que más suelo sin asistencia productiva no solucionaba la pobreza.

Los críticos plantean que las tierras que dona el Estado tienen que tener una extensión que les permita ser productivas - un dirigente habló de un mínimo de cien hectáreas por familia- , que no es lo que ocurre y la necesidad se torna indefinida cuando los hijos y nietos entran también en escena. "Esa secuencia condena a la lógica de la guerra. La forma de resolver el conflicto en las sociedades civilizadas es a través del Código Civil, permitiéndoseles vender y comprar, pero no prohibiéndoles transar sus tierras, y hasta hipotecarlas para conseguir un crédito, como ocurre con la actual Ley Indígena", explica Eugenio Guzmán, de Libertad y Desarrollo.

Ruralidad forzada 

El investigador añade que los problemas concretos que afectan hoy al pueblo indígena - por su aislamiento, mala educación, su "interdicción" frente al derecho a propiedad- no se resuelve ni ideológicamente, ni con ofertones, como el que hizo Ricardo Lagos, de prometerles a los mapuches 150 mil hectáreas más. Estas ofertas, agrega Guzmán, desconocen además el hecho de que hoy en Chile la inmensa mayoría de los indígenas es urbana y no rural (cerca de 735 mil contra 192 mil), incluso en la Región de la Araucanía, donde el 30 por ciento solamente vive en el campo.

El senador independiente Francisco Prat coincide con que el asunto hay que resolverlo en su naturaleza - la marginalidad y pobreza en que viven- , pero no forzando la ruralidad. "Lo primero para incorporarlos al desarrollo es la educación, darles igualdad de oportunidades para hacerlos libres y que ellos elijan si se quedan en el campo o se van a la ciudad", apunta Prat.

El otro senador por la zona, el PPD Roberto Muñoz Barra, también cree que la educación es la vía para que las nuevas generaciones busquen afuera de sus tierras erosionadas un mejor porvenir, pero a los que hoy están en ellas, es partidario de aumentarles las extensiones. "Una familia no es sustentable en dos o tres hectáreas", afirma.

El enfoque en el gobierno es que más tierras está lejos de ser la solución, admitiendo también que el problema de fondo es la pobreza. Pero seguirá con el mecanismo del Fondo de Tierras, previsto en la Ley Indígena, hasta completar la compra de cien mil hectáreas, que es el compromiso que asumió el Gobierno de la Concertación en Nueva Imperial. Esa cifra, según la cabeza de la Conadi, Rodrigo González, corresponde a lo que perdió la etnia durante el gobierno militar por subdivisión y contrarreforma agraria.

El senador Prat, sin embargo, contradiciendo también al candidato Lagos, ha asegurado que durante el gobierno de las FF.AA. la tierras indígenas subieron de menos de 370 mil hectáreas a sobre las 500 mil y que fueron otorgados títulos de dominio individual a casi 73 mil personas, pagándose al resto de los comuneros una indemnización.

No más de lo prometido

Según la Conadi, el Fondo de Tierras asignó entre 75-80 mil hectáreas hasta el año pasado. Este año se resolverán otras reclamaciones emblemáticas (por juicios viciados, litigios o usurpaciones) por otras 8-10 mil, restando la diferencia para el 2000.

Aunque hoy día dirigentes y activistas plantean demandas superiores, asegurando que fueron más las tierras cubiertas por los títulos de merced hasta 1930 que les fueron usurpadas, Rodrigo González explica que no existe un acuerdo político para solucionar eso, porque no estuvo en el compromiso que asumieron en Nueva Imperial los gobiernos de la Concertación, que fue sólo por cien mil hectáreas que constituían los casos emblemáticos de tierras en conflicto.

El director PPD de la Conadi agrega que, cumplida esa meta, lo que viene después es ampliar la tierra pero a través del mecanismo de un subsidio, que será en base a puntaje, podrá ser individual o comunitario y no basado en el conflicto, como ocurre con la compra directa de la Conadi a través del Fondo de Tierras, que este año dispone de siete mil millones de pesos.

En ese sentido, explica, "no vamos a satisfacer toda la demanda por tres mil 500 hectáreas que reclaman 444 familias de Galvarino, Lumaco, Purén y Traiguén porque el presupuesto es para todas las comunidades".

Lo que ya está resuelto, en cambio, es que las 58 hectáreas que incendiaron desde enero el conflicto en Traiguén serán compradas por la Conadi, si la empresa acceda a venderlas. Hasta ahora se ha negado, pero las autoridades piensan que así como hizo una cuestión de principios inicialmente no parar la tala del bosque, y cedió, ahora también podrá dar otro gesto de buena voluntad.