Cristián Larroulet 

Los conflictos indígenas de la Novena Región son alentados por grupos ideológicos. Estos grupos se aprovechan de la situación de extrema pobreza general del pueblo mapuche para promover el conflicto con las empresas forestales. Conviene recordar que mientras en el país el analfabetismo alcanza a 4,4%, en la población indígena rural es de 19%; la extrema pobreza o indigentes del mundo indígena representan casi un 11% de la población, mientras que en la población no indígena ese porcentaje es de sólo 5,5%. Esta precariedad social es un caldo de cultivo para los grupos extremistas. La causa profunda que explica la realidad mapuche son las equivocadas visiones que en un supuesto intento por "proteger" la cultura de los pueblos indígenas se ha impedido el progreso económico y social en dichos sectores. Así, por ejemplo, cuando en la ley para "proteger la cultura indígena" se ponen restricciones a la comercialización de terrenos por parte de las comunidades indígenas se les impide el acceso a créditos para invertir en siembras, plantaciones,etc. Asimismo, la legislación al limitar el derecho de propiedad incentiva la creación de minifundios, puesto que las tierras deben dividirse en las comunidades, todo lo cual redunda en la incapacidad para el desarrollo de actividades más productivas. Finalmente, esta situación se traduce en la pérdida de valor de los terrenos y en consecuencia en un deterioro patrimonial importante de los pueblos indígenas.

 Pero ello no es todo. Especialmente durante esta década, el apoyo a los pueblos indígenas se ha concentrado en la entrega de tierras. Es decir,se les favorece con un recurso que es el menos conveniente para satisfacer los niveles de ingreso mínimo que un ser humano posee.

 Confirma lo anterior la siguiente realidad: el ingreso promedio en la agricultura de un indígena es de 67 mil pesos, mientras que en la industria son 131 mil pesos y en el comercio son 172 mil pesos.

 La política de entrega de tierras es utilizada por estos grupos ideológicos con influencia extranjera para promover la toma ilegal de fundos. Al tomarse los predios, se presiona a la institución gubernamental encargada del tema (Conadi) para adquirir tierras para los indígenas que actuaron ilegalmente. Además, como el Gobierno ha mostrado signos de debilidad en la defensa del derecho de propiedad, es altamente probable que se le coloque un freno al desarrollo del sector forestal en las zonas correspondientes. En otras palabras, las pocas inversiones productivas en tierras cercanas a las comunidades indígenas se acabarán consolidando a las paupérrimas condiciones en que ellas viven.

 En suma, este círculo vicioso empobrece más a los indígenas y permite la penetración de ideologías y agentes que junto con fomentar la violencia,son grandes responsables de la falta de igualdad de oportunidades para con el pueblo mapuche.