Mujeres pehuenches, en el territorio  que se niegan a abandonar.

MANUEL DÉLANO
Los mapuches -«hombres de la tierra» como se llaman a sí mismos los araucanos- libran en el Alto Biobío el río más ancho de Chile 640 kilómetros al sur de Santiago la última batalla por el territorio de sus antepasados. El enemigo es la central hidroeléctrica Ralco que inundará sus terrenos. Se trata de una inversión de 500 millones de dólares (76.500 millones de pesetas) de la empresa Endesa, cuyo principal accionista es Endesa España. Ralco, una presa de 155 metros de altura, con capacidad de embalsar 1.222 millones de metros cúbicos, inundará 3.395 hectáreas para satisfacer el 10% de las necesidades eléctricas de la zona central de Chile a partir del año 2002. 
 
 

Los afectados son un grupo de 500 pehuenches -hombres del pehuén o araucaria, una conífera latinoamericana-, que integran el pueblo mapuche y habitan en las faldas de la cordillera de los Andes. Cerca de 600 hectáreas de su territorio, incluyendo sus viviendas y cementerios, quedarán bajo las aguas cuando Ralco comience a operar. Ocho de las familias se resisten a ser trasladadas a los nuevos terrenos que les ofrece Endesa, mientras 83 ya han aceptado ser reubicadas. 
 
 

A los que se trasladan, Endesa les ofrece terrenos cercanos que, según tasadores independientes, valen 9,36 veces más que las tierras inundadas. Y a cambio de sus 638 hectáreas les ofrecen 21.337. Además, planes de asistencia agrícola, forestal y ganadera, un fondo de asistencia y viviendas con servicios básicos. En total, la empresa gastará unos 20 millones de dólares (más de 3.000 millones de pesetas). 
 
 

Pero la cultura de estas gentes se define por su relación con la tierra y la naturaleza. Y, al menos para los pehuenches que se resisten, no es lo mismo un terreno cualquiera que sus tierras ancestrales. Además, critican que el terreno de compensación no es de mejor calidad y, en una de las áreas, está cubierto la mayor parte del año por entre 45 y 90 centímetros de nieve, lo que lo imposibilita para la ganadería y la agricultura. 
 
 

«Nosotros no estamos disputando tierras ajenas, estamos defendiendo lo que nos dejaron nuestros antepasados. Es Endesa la que actúa ilegalmente y trata de apoderarse de lo ajeno», sostiene Nicolasa Quintremán, líder de quienes se resisten al traslado. «La tierra es una madre para nosotros», afirma José Antolín, cacique de una de las comunidades. 
 
 

En una carta que entregaron a universitarios y ecologistas que se manifestaban en el Alto Biobío contra Ralco, los pehuenches partidarios de la represa replicaron: «Ustedes dicen que a nosotros nos engañan, pero no es verdad, nosotros sabemos lo que queremos. Nosotros queremos un futuro mejor y eso lo vamos a lograr con trabajo y las permutas de tierras que hemos arreglado con la Endesa». 
 
 

Quienes resisten tienen en jaque, por ahora, al millonario proyecto: como el traslado es voluntario según la ley indígena, basta que una familia no lo acepte para que Endesa deba acudir a los tribunales y esperar una resolución judicial que dirima si tiene más peso la legislación que protege la tierra de los pueblos autóctonos o la ley eléctrica, que permite expropiar terrenos por interés público. 
 
 

El conflicto ha suscitado una aguda polémica, movilizaciones de los pehuenches a favor y en contra, un guillatún (ceremonia religiosa y comunitaria) masivo, agresiones a autoridades, cortes de caminos, una marcha a pie de mapuches desde Santiago al Congreso, ubicado en Valparaíso, a 110 kilómetros de distancia, y ayunos. 
 
 

Fuertes intereses presionan en uno y otro sentido: grupos ecologistas y dirigentes de partidos de izquierda apoyan a los pehuenches que resisten, mientras el Gobierno ha destituido al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y dos de los consejeros de esta agencia gubernamental han dimitido, todos por su oposición a las permutas. Las obras de construcción de los caminos de acceso a la futura central, que había iniciado Endesa, están paralizadas, y la Iglesia ha mediado para celebrar una reunión entre las partes que no ha logrado unificar criterios. 
 
 

Como la demanda de energía eléctrica crece a razón de un 8,4% anual, un punto y medio sobre el crecimiento medio de la economía en los últimos años, el ministro de Planificación, Germán Quintana, estima que si Ralco no entra en funcionamiento en la fecha prevista «es indudable que existirían problemas de suministro». Además, un eventual retraso podría verse reflejado en las tarifas de electricidad. 
 
 

Uno de los opositores al proyecto, el director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, afirma no ser contrario a la hidroelectricidad, «siempre y cuando sea desarrollada en lugares donde no produzca un costo social o ambiental irreparable». Y el Alto Biobío, a su juicio, es uno de esos sitios. Refuta también la apelación de la empresa a la independencia energética, pues «Endesa es una multinacional española». 
 
 

Bajo el régimen militar, dos decretos-leyes permitieron la división de las tierras comunitarias de los indígenas, su arriendo a «huincas» -los no indígenas- por hasta 99 años y su venta después de 20 años. Por este proceso, los indios perdieron unas 400.000 hectáreas. 
 
 

En democracia, en 1993, el Congreso aprobó por unanimidad una nueva ley destinada a promover el desarrollo indígena y un año después se creó la Conadi. Mediante fondos estatales, se espera que el año 2000 unas 100.000 hectáreas de tierras hayan retornado a sus dueños originarios. 
 
 

La legislación permite permutar tierras indígenas por otras, siempre que éstas sean de mejor calidad, en una aprobación que concede el consejo de la Conadi. Aquí ha tropezado el proyecto Ralco, después de sortear la aprobación eléctrica y medioambiental. 
 
 

Según Domingo Namuncura, militante de un partido de izquierda de la alianza de gobierno, y destituido de su cargo de director de la Conadi por el presidente Eduardo Frei después de advertir que iba a rechazar las permutas, los pehuenches, se enfrentaron a hechos consumados. «Endesa les dijo: 'Los vamos a inundar; vamos a construir una represa y el proyecto está aprobado por el Gobierno. Los vamos a compensar. Aquí tiene usted un borrador de una promesa de permuta, estúdiela y cuando lo tenga claro vamos a hacer un acuerdo'. Pero la alternativa del pehuenche en estas condiciones no fue más que o se va o se va». 
 
 

El ministro Quintana arguye que al Gobierno le interesa la transparencia en las permutas, cuyo funcionamiento en este caso sentará jurisprudencia. La resolución del consejo de la Conadi, en septiembre, se producirá tras examinar si en cada caso los nuevos terrenos tienen mejores condiciones que los antiguos. 
 
 

Según los ecologistas, tanto el Gobierno como Endesa no desean que el conflicto termine en los tribunales, porque mientras tanto, los inversores no acudirán. «La batalla decisiva de Ralco no se ha jugado aún. Ésa será en Wall Street y en España», dice Baquedano. Sostiene que en Nueva York harán lobby para evitar inversiones de Endesa con apoyo internacional. Y en España, con el apoyo de organizaciones ecologistas, la campaña contra Ralco comenzará cuando la construcción se reinicie. «Endesa perderá», pronostica. En la empresa, en cambio, están convencidos en que el proyecto saldrá adelante. Basan su certeza en que las familias que resisten se convencerán «cuando vean que el plan de relocalización supone una mejora sustancial para sus coterráneos». 
 
 

Nicolasa Quintremán, hablando en mapudungún durante el diálogo de conciliación que intentó la Iglesia católica, lo negó: «Nosotros estamos en nuestra tierra, y ni por un saco de oro me sacarán de ella. Sólo muerta».