e trata de una moción legislativa del presidente de la Cámara de Diputados, Gutenberg Martínez. Por otra parte Werner Hoffmann Schuler, acaba de crear una agrupación "Movimiento de Defensa de Minorías Amenazadas". Este descendiente de alemanes estima,  que las recientes actuaciones del Gobierno en el caso de la ex Colonia Dignidad reflejan un trato arbitrario hacia las personas inocentes que residen allí. El Mercurio, 10 de mayo 1998

Buscan Castigar Discriminación:

Color de la Piel y Origen Etnico al Código Penal

Moción parlamentaria propone crear nuevos delitos, pero especialistas explican inconvenientes de sancionar con cárcel tales conductas y sostienen que es erróneo creer que las leyes por sí solas vuelven "buenos a los hombres".

Por Germán Echeverría

La discriminación en razón del color de la piel, el origen étnico y las creencias religiosas, está dando que hablar.

Y lo seguirá haciendo, a propósito de una moción legislativa del presidente de la Cámara de Diputados, Gutenberg Martínez, que pretende colocar tras las rejas a los responsables de tales actos, además de multar a quienes publiquen mensajes capaces de concitar el odio, la hostilidad o el menosprecio, por tales motivos.

Si bien se admite que en el país no existe xenofobia, al menos en su acepción de odio hacia los extranjeros, privadamente muchos sí reconocen como fuente de inequidad el que tal o cual raza se vea poco agraciada, expela un cierto vaho pestilente o intelectualmente aparezca inferior.

Lo confirman en la Corporación de Desarollo Indígena, donde como ejemplo indican que muchos mapuches tienen serios problemas de acceso al empleo, porque los códigos de "buena presencia", manejados por nuestra cultura, difieren del biotipo de esa etnia.

"Pero no sólo eso, porque también se los tacha de flojos, irracionales y hasta salvajes", comenta una fuente de dicho organismo gubernamental.

También, es real la frecuencia con la que personas de nombre y apellidos indígenas acceden a las corporaciones de asistencia judicial con el propósito de obtener asesoría destinada a cambiar o "españolizar" las designaciones patronímicas que los individualizan. ¿Razón? Mejorar sus oportunidades de trabajo y evitar la marginación.

Jaime Huincache es presidente de la Federación Mapuche Urbana, entidad que agrupa a más de quince organizaciones del Area Metropolitana y V Región. Comenta que se desempeña como funcionario de la Empresa de Correos de Chile, donde en cuatro oportunidades ha postulado sin éxito a cargos de jefatura, porque finalmente esas ocupaciones son adjudicadas a personas "blancas" sin importar su menor calificación profesional.

¿A NIVEL DE GOBIERNO?

Hay más síntomas. Werner Hoffmann Schuler es un biólogo marino y oceanógrafo químico que, tras regresar al país en 1995 y después de 17 años de permanencia en Alemania, se muestra sorprendido por lo que define como fuerte discriminación gubernamental hacia algunos extranjeros residentes y variadas minorías.

A modo de ejemplo, cita el caso de los cerca de 20 mil peruanos que se mantienen en situación irregular en Chile, quienes por esa circunstancia pueden ser objeto de abusos de diverso tipo.

"Tampoco entiendo las campañas oficiales de desprestigio hacia el norteamericano Douglas Tompkins y me molestó la forma injusta como el señor Harold Liberman fue tratado por el Gobierno, el que finalmente terminó empujándolo a una situación fatal", opina.

Hoffmann acaba de crear una agrupación de hecho denominada "Movimiento de Defensa de Minorías Amenazadas", que reúne a más de 150 personas de las más variadas profesiones, ideologías y religiones, y cuyo común denominador es denunciar públicamente los abusos en la materia, especialmente cuando provienen de quienes conducen al Estado.

"Hay noticieros que a propósito del caso de Villa Baviera emplean, a través de sus entrevistados, expresiones como alemanes degenerados u homosexuales, y esa es una generalización inaceptable", sostiene.

Este descendiente de alemanes estima, además, que las recientes actuaciones del Gobierno en el caso de la ex Colonia Dignidad reflejan un trato arbitrario hacia las personas inocentes que residen allí, pues el aparato público derribó dos pilares fundamentales de una democracia constitucional: la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, y el principio que sostiene que en materia penal las responsabilidades son individuales, jamás colectivas.

EXTENSION PENAL

Sobre la base de razones históricas, constitucionales y otras emanadas de tratados internacionales que hoy son Ley de la República, el diputado Martínez postula la creación de un tipo capaz de castigar con penas de carácter corporal la comisión de actos de discriminación, violencia o menosprecio en contra de personas, en razón de su origen racial o étnico y su religión.

Y para justificar la privación de libertad como sanción, sostiene que ello obedece a la necesidad de otorgar a los derechos de las minorías étnicas la misma protección que la ley concede a bienes jurídicos de equivalente peso. "Es momento de dar una señal inequívoca de repudio a actitudes que puedan afectar seriamente la convivencia colectiva".

Una propuesta controvertida. El profesor de Derecho Internacional Público Mario Arnello sostiene que en su opinión no hay ningún tratado internacional que obligue al país a castigar penalmente actos de discriminación.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, vigente en Chile desde 1971, sí obliga al Estado a adoptar medidas que hagan cesar el trato arbitrario en la materia y advierte que la solución legislativa es un remedio extremo.

El asunto se complica aún más, porque el diputado Martínez está recurriendo a una solución legislativa y en el fondo a la artillería más pesada del ordenamiento jurídico, como lo es la ley penal.

El miembro de la Corte Suprema Enrique Cury escribe en su libro "Derecho Penal Parte General", que la sanción penal sólo debe emplearse cuando el ataque al bien jurídico no pueda protegerse adecuadamente por las otras ramas del Derecho. "La pena es un recurso de última ratio", señala.

Frente a ese criterio, el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo Pablo Kangiser sostiene que nuestro ordenamiento jurídico consagra garantías suficientes para resolver el problema, y prueba de ello es que las cortes de apelaciones han acogido recursos de protección en esa dirección y los tribunales de primera instancia establecido la procedencia de indemnizaciones de perjuicio.

Pero no es el único inconveniente. Las nuevas figuras penales que se proponen provocarían efectos contrarios a los deseados, como privilegiar a los autores de actos de violencia o menosprecio en razón de la raza u origen étnico. Estas personas recibirían menor castigo que quienes incurren en idéntico comportamiento, pero sin ánimo de discriminar.

Ello, porque según explica el penalista y académico de la Universidad de Chile Antonio Bascuñán, tales conductas ya están castigadas a través de tipos penales como las injurias de hecho, amenazas y coacciones que, en muchos casos, contemplan penas más altas que las previstas en la moción parlamentaria en cuestión.

El biólogo y Premio Nacional de Ciencias Humberto Maturana admite que hay discriminación racial y étnica en el país. Mas, cree que la solución no pasa por crear nuevos delitos, sino por educar, reflexionar y estimular la toma de conciencia. "Este es un problema cultural antes que jurídico, lo que no lo hace menos doloroso".

EQUIVOCA DEFINICION

Otra dificultad es que se quiere sancionar actos discriminatorios, sin definirlos adecuadamente. Etimológicamente discriminar significa distinguir, y todo el ordenamiento normativo incurre en esa práctica, sin que hasta ahora se haya propuesto penar a los responsables de crear las leyes.

Por ejemplo, la norma no trata del mismo modo al menor y al adulto, tampoco al inversionista nacional respecto del extranjero, porque a este último a diferencia del primero le ofrece un régimen de invariabilidad tributaria, por citar sólo un par de casos entre los cientos existentes.

Los especialistas coinciden en que el acto de distinguir no es reprochable, sino sólo en aquellos casos en que es arbitrario. Y ello ocurriría cuando se trata igual a los distintos o distinto a los iguales, cuestión que sí es considerada injusta por la legislación.

Como sea, el profesor Bascuñán sostiene que la expresión "discriminación" utilizada en la moción es "demasiado vaga e indeterminada".

Y, por eso, violaría el mandato constitucional de determinación, que exige que la conducta sancionada penalmente esté expresamente descrita en la ley, lo que a juicio del académico, no ocurre en este caso.

Al parecer una vez más se demuestra que la idea racionalista que pregonaba que las leyes hacen buenos a los hombres no es tan cierta, porque según coinciden los entendidos, un delito más no acabará con la discriminación.

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