Parte de los consejeros teme que rechazo obligue a Endesa a recurrir a tribunales, donde se impongan servidumbres eléctricas por sobre normativa indígena. La Tercera en Internet; 01 de Octubre de 1997 

El consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) está dividido en dos criterios opuestos sobre las permutas de tierras pehuenches que deben ser autorizadas en el Alto Biobío para la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

La dirección del organismo y los consejeros elegidos por las minorías étnicas se oponen al megaproyecto, en una defensa emblemática de la supervivencia cultural indígena.

El otro grupo de consejeros, formado por cinco subsecretarios y tres representantes del Presidente Eduardo Frei, teme que un rechazo de las permutas motive presentaciones de Endesa a los tribunales, las que podrían lograr establecer la supremacía de las servidumbres eléctricas sobre la legislación indígena, dañándose los intereses de los pehuenches y las posibilidades de negociar un mejoramiento del plan de relocalización ya ofrecido por la empresa.

Enajenación

La única forma de enajenación de tierras indígenas a un adquirente ajeno a estas comunidades es la permuta, operación que finalmente debe ser autorizada por el consejo de la Conadi, en consideración de las ventajas materiales del traspaso y de factores vinculados a la supervivencia cultural de la etnia afectada.

La central Ralco es el primer megaproyecto que se somete a la legislación indígena, vigente desde el 5 de octubre de 1993, pero existen otras tres obras que preocupan a la Conadi: los gasoductos de San Pedro de Atacama y de San Vicente, y el relleno sanitario de Carahue.

Namuncura: "Difícil"

Este conjunto de iniciativas tiene a la entidad en una situación "difícil", según su director, Domingo Namuncura. El personero reconoce que las resoluciones de la Conadi en relación con estos proyectos determinarán su relación institucional futura con los pueblos indígenas.

"No se trata de analizar en su momento el intercambio de un pedazo de tierra por otro, por mucho que la oferta pudiese aparecer como ventajosa.

La autorización implica evaluar cómo podría sobrevivir una cultura en las nuevas condiciones, cuando además la ley indígena ordena al Estado y a sus instituciones, Conadi incluida, la protección, fomento y desarrollo territorial y cultural de los pueblos", advierte Namuncura.

Agrega que los indígenas "sienten conflictuada su estabilidad social por megaproyectos que si bien son importantes para el país, adolecen de un método que permita considerar adecuadamente la variable de participación de los propios indígenas antes de la formulación de estas iniciativas.

Allí hay un punto que es importante porque el movimiento indígena no es refractario al desarrollo, pero quiere un desarrollo con identidad y eso hay que considerarlo".
La construcción de Ralco significará la inundación de 683 hectáreas de tierras pehuenches, en manos de 98 familias. Hasta la fecha, Conadi sólo ha recibido las solicitudes de permutas correspondientes a ocho familias, las cuales en su mayoría han sido devueltas a los interesados debido al incumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos exigidos para su presentación.

El consejo de Conadi sólo debe pronunciarse sobre el fondo de estas peticiones después que el personal técnico del organismo ha visado su validez formal.
El consejo ha recibido un informe sobre el fundo El Barco -propuesto por Endesa para la relocalización de los pehuenches-, elaborado por cuatro ingenieros agrónomos por encargo de la Conadi. Según trascendidos, este documento cuestiona el mencionado fundo como lugar adecuado para el desarrollo de la comunidad pehuenche.

Los cinco subsecretarios y tres representantes presidenciales que integran el consejo también han conocido un estudio presentado por Endesa, el cual destaca la similitud de El Barco con las condiciones en que hasta ahora han vivido los pehuenches.

 Solución en tribunales

El consejo de la Conadi está integrado por su director, cinco subsecretarios (Educación, Agricultura, Bienes Nacionales, Mideplán y Gobierno), tres representantes escogidos por el Presidente de la República y ocho delegados de las principales etnias (un atacameño, un aymara, un pascuense, un huilliche y cuatro mapuches).
En todos ellos existe la convicción de que el conflicto por la central Ralco será finalmente resuelto en los tribunales. Los representantes indígenas y el cuerpo ejecutivo de la Conadi consideran que es preferible rechazar las permutas y enfrentar las acciones legales de

Endesa, antes que exponerse a un recurso judicial de las propias minorías étnicas en contra del traspaso de las tierras.

Los representantes oficiales plantean que la Conadi sólo debe visar que las permutas sean favorables y beneficien a las comunidades. Por tanto, para ellos sería riesgoso rechazarlas y esperar las acciones de Endesa ante los tribunales, pues se podría llegar a determinar judicialmente que las servidumbres eléctricas contempladas en la legislación están sobre las normas de protección a los indígenas.

En este caso, la compensación por las tierras permutadas bajaría y las comunidades perderían la posibilidad de negociar el mejoramiento del plan de relocalización propuesto por Endesa.

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