Por F. Alvarez, S. Mendoza y C. Abello
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Hasta ayer ningún grupo reivindicó el ataque a los
dos helicópteros del Consorcio Patagonia del Pacífico.
Los 38 disparos de perdigones impactaron parabrisas, estructura
y fuselajes de las naves que debieron salir del área del
Lleu Lleu donde se disponían a combatir 7 incendios en un
predio de F. Mininco el domingo 8.
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Producto de la “incertidumbre y riesgo” que generan en
la zona de conflicto mapuche los atentados a predios particulares, casas
de veraneo, camiones forestales, maquinaria forestal y ahora el ataque
a escopetazos a dos helicópteros, la inversión del sector
forestal al sur del lago Lleu Lleu se ha contraído sustancialmente
en los últimos 10 años.
Según el presidente de la Corporación de la Madera (Corma)
del Biobío y gerente general de Bosques Arauco, Jorge Serón
Ferré, “hace una década se tenían tasas de
crecimiento anual de un 4% a 5%, las que hoy han decrecido”, afirmó.
Dijo que lo que marcó el comienzo de ese decrecimiento fue el
caso de la Reserva Hacienda Lleu Lleu, predio que en manos del empresario
turístico Osvaldo Carvajal Rondanelli -luego fue traspasado a
un banco y este lo vendió a la Conadi que lo entregó a
la comunidad Pascual Coña Lleu Lleu- fue objeto de 54 atentados,
22 de ellos incendiarios entre 1997 y 2005.
El presidente de Corma acotó que es entendible que las empresas
forestales no estén dispuestas a invertir en algo que -no tienen
seguridad alguna- en 20 años más siga en pie. En la zona
operan cuatro de las grandes forestales: Mininco, Volterra, Tierra Chilena
y Bosques Arauco.
En esa línea, afirmó que “es vital para brindar las
condiciones de seguridad a la inversión a largo plazo, que haya
un apego al Estado de Derecho” e insistió que actos como
el ocurrido el domingo 8, a 30 kilómetros al sur de Contulmo, “sean
neutralizados con investigaciones en profundidad y detención de
los responsables”, lo que se echa de menos en la zona.
Coincidente con la postura asumida en atentados anteriores en la zona,
afirmó que “no podemos hacer asociaciones al voleo”,
en referencia a la posible actuación de grupos de mapuches radicalizados
o pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
“Acá no se trata de un problema de raza, sino de personas
y lo que decimos es que se persiga a las personas que cometen estos delitos”,
precisó Serón. Expresó que lo que sí le
preocupa, en este caso puntual del ataque a los dos helicópteros
que prestaban servicios para Mininco es el uso de armas. “Eso alerta”,
resaltó.
Contó que Bosques Arauco en estos diez años ha vendido
a Conadi, para el traspaso a las comunidades en litigio, entre 4 mil
a 5 mil hectáreas de terrenos.
Precisó que la venta ha sido voluntaria, no por hostigamiento,
y en el marco de la política de la buena vecindad. Esto, porque
lo que buscan es que las comunidades también desarrollen actividades
forestales, aunque son los menos los que optan por esta alternativa que
habría ayudado a frenar el decrecimiento de la industria. “La
tierra la dedican a la agricultura de subsistencia”, se lamentó Serón.
El sector forestal además de incontables tomas de terrenos, ha
visto peligrar la integridad de sus trabajadores.
El 15 de abril de 2002 dos choferes sufrieron un atentado en Tirúa.
Uno de ellos perdió un ojo. El 10 de noviembre de 2005 ocurrió el
ataque más grave y el único que se investiga con el rótulo
de terrorista, en Ranquilhue (Tirúa). Allí 10 encapuchados
atacaron a una familia de cuidadores de Mininco e incendiaron vehículos.
“Demonizan la causa mapuche”
El abogado Pablo Ortega Manosalva, quien lleva varias causas relacionadas
con el conflicto indígena -es aún el abogado de José Huenchunao
Mariñán, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco-,
aseguró ayer que “el Ministerio Público de la Novena
Región tiene un especial interés en demonizar el accionar
de las organizaciones mapuches y, sobre todo, el de la Coordinadora Arauco
Malleco, no obstante que existen dos sentencias judiciales que determinan
que ésta jamás fue una organización de tipo terrorista,
sino que luchaba por la reivindicación de derechos territoriales”.
El abogado alude a sentencias del tribunal oral de Angol, del 22 de julio
de 2005 y del 7 de abril de 2006, donde se descarta la existencia de
terrorismo y “que el objetivo de la CAM no es ilícito, ya
que pretende “proteger las tierras indígenas”.
Ortega explicó que defiende a Huenchunao en una causa por incendio
de 1999 que aún se tramita en el juzgado de Lebu, la que debería
tener pronta sentencia. “Creo que él será absuelto,
porque no hay pruebas en su contra y no están acreditadas las
condiciones en que se ejecutó el incendio”. Este ocurrió en
un predio de Forestal Arauco, en el sector Cuyinco, de Lebu, donde según
el abogado, se presentó como prueba un vídeo que muestra
el incendio, pero no su origen.
Fiscalía analiza competencia
Un estudio jurídico para determinar si el fiscal Mario Elgueta
es competente para investigar el ataque a los dos helicópteros
realiza el Ministerio Público, ya que este hecho podría
ser competencia del fiscal de aviación, con asiento en Puerto
Montt.
Así lo explicó ayer la fiscal regional, Ximena Hassi Thumala,
quien precisó que “estamos analizando el artículo
(194 bis del Código de Aeronáutica), que no es muy claro
y vamos a ver si la competencia es de ellos o no. No obstante, las primeras
diligencias están decretadas”.
La investigación del fiscal Elgueta está caratulada como “incendio
y daños”. Su competencia sobre el primer delito no es materia
de discusión.
Sobre los peritajes que realiza el Labocar de Temuco, con apoyo de sus
pares de Concepción, la fiscal regional dijo que el informe preliminar
confirma que se trata sólo perdigones y no balines. Falta establecer
la trayectoria de éstos y si vienen de una o más escopetas.
A la fecha se ha empadronado el sector y se han tomado declaraciones
a los pilotos.
Sobre la autoría, Ximena Hassi fue cauta: “existe un modus
operandi, una coordinación, una estrategia que es similar a otros
casos, pero no podemos decir que se trata de una acción de la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero es algo que tampoco estamos en
condiciones de descartar”.
Ayer en Concepción hubo un encuentro de los fiscales de las regiones
del Biobío y Araucanía que llevan causas relacionadas con
delitos ocurridos en la zona de conflicto mapuche. Se trató de
una cita habitual pactada con anterioridad al atentado de los helicópteros,
pero este tema también fue uno de los analizados.
Así lo a afirmó Francisco Ljubetic Romero, fiscal regional
de la Araucanía.
Respecto al fin de la CAM, Ljubetic dijo que “la detención
de ciertas personas vinculadas con la Coordinadora no pone término
a su actividad”. Acotó que “me parece que cualquier
organización no se extingue, porque alguno de sus miembros estén
cumpliendo condena. Más aún, esa circunstancia no les impide
tener vínculos con personas que estén fuera y es un antecedente
que ayuda a presumir que existen actividades todavía coordinadas
en ese sentido”.
Llanquilef: “ No fuimos”
En Contulmo no hay reclamaciones de tierra, precisó el vocero
lafquenche Luis Llanquilef Reriqueo. Quiere desvirtuar así que
detrás del atentado a los dos helicópteros del Consorcio
Patagonia del Pacífico, en el área del Lleu Lleu, hayan
actuado mapuches.
En Rucañanco, comunidad de Juana Millahual, las 200 hectáreas
en litigio fueron entregadas por Forestal Mininco, y sólo falta
que Conadi formalice la compra, dijo. Llanquilef hizo notar que cada
año, en esta épocaal término de la temporada de
incendios forestales, suelen repetirse una serie de acciones reprochables
que “nos endosan a los mapuches o a la Coordinadora Arauco Malleco.
Uno hace una lectura del escenario, y en este caso no corresponde”.
Agregó que probablemente se está usando la “coyuntura” de
las detenciones de José Llanquileo, José Huenchunao y Héctor
Llaitul para actuar con el propósito que los inculpen.
-Si no ustedes ¿quién tiene responsabilidad en este hecho?
-Podría tratarse de empresas que así intentan prolongar
sus contratos para seguridad.
Esta es mi hipótesis.
Por eso digo que el ataque no tiene relación con las comunidades
mapuches.
La justicia persigue a fantasmas
El ataque a los dos helicópteros se dio en medio de la zona de
conflicto mapuche, pero las autoridades de gobierno han sido cautas y,
amparados en que no hay detenidos, sostienen que no es llegar y atribuir
estos atentados a grupos indígenas radicalizados y, puntualmente
a la Coordinadora Arauco Malleco.
Sin embargo, tampoco se puede asegurar lo contrario.
“Nosotros no descartamos nada”, dijo al respecto el subsecretario
del Interior, Felipe Harboe Bascuñán.
Acotó que “como Ministerio del Interior estamos permanentemente
alerta, observando, utilizando todos los mecanismos que nos da la ley
para poder obtener mayor cantidad de información y así poder
cooperar con la acción de la justicia”.
Anunció que instruyó a la intendenta María Soledad
Tohá para que interponga a nombre del gobierno una querella en
contra de todos quienes resulten responsables.
La acción, dijo la intendenta, se concretaría durante la
tarde de ayer y de manos del gobernador de Arauco, Alvaro Rivas Rivera,
pero finalmente fue pospuesta para hoy, según informó anoche
el asesor jurídico de la gobernación, Eduardo Paredes.
La intendenta precisó que el gobierno se hace parte con una querella,
porque pese a que se trata de un ataque que afectó a privados,
dicha acción “vulnera la tranquilidad y seguridad de las
personas en lo que es el cometido de sus funciones”.
Sobre el éxito de una querella, teniendo en cuenta que la docena
anteriores de igual naturaleza no han tenido resultados, manifestó que
se busca “poner toda la fuerza en el trabajo judicial, nuestras
confianzas en el sistema judicial y las investigaciones que lleva adelante
el fiscal Elgueta”.
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