Rota Relación entre Gbno. e Indígenas 

Ocupaciones en zona de Ralco obligaron a paralizar todas las faenas que realiza Endesa.

Desmienten renuncias de equipo jurídico y otros funcionarios de la comisión.

Los respresentantes de las etnias que participan en el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) decidieron ayer declarar rotas las relaciones con el Gobierno, generando así el mayor quiebre entre el Ejecutivo y el organismo legal que agrupa a los pueblos autóctonos, desde que comenzó la discusión pública sobre la relocalización de pehuenches para construir la central hidroeléctrica de Ralco, en el Alto Biobío.

A esta crisis se llegó luego que, en la víspera, el Gobierno pidiera la renuncia al director de la Conadi, Domingo Namuncura, por discrepancias en torno al tratamiento para evaluar 84 solicitudes permutas de tierras entre familias pehuenches y Endesa, que impulsa la construcción de la generadora.

A las complicaciones institucionales, se sumó también ayer la ocupación en el lugar de la obra de puentes y caminos, lo que derivó en la paralización de los trabajos que efectúa la empresa. En esta "tomas", no sólo participaron pehuenches, sino también mapuches venidos de otros lugares del país.

El quiebre entre los representantes indígenas -que corresponden a las etnias mapuche, rapa nui, atacameña y aymará- se produjo luego de frustrarse una reunión que tenían acordada con el Ministro (s) de Planificación y Cooperación, Antonio Lara.

Las versiones entregadas por éste último y los consejeros con el fin de explicar tal situación fueron discrepantes, atribuyéndose mutuamente el fracaso del encuentro.

Pese a que Lara apuntó que el Gobierno continúa manteniendo abiertos los canales de diálogo, los consejeros indígenas replicaron que desconocen a este personero como interlocutor válido en el conflicto, exigiendo que el Ejecutivo proponga otro nombre que sirva de nexo con ellos.

Si bien la jornada de ayer no estuvo marcada por episodios de violencia como los del jueves, la tensión comenzó temprano con el cierre de la sede de la Conadi ordenado por el titular de Mideplan, lo cual fue duramente rechazado por los representantes indígenas.

Los dirigentes plantean como un punto clave para sentarse a conversar nuevamente con el Gobierno que el nombre designado para sustituir a Domingo Namuncura sea concordado con ellos.

En fuentes calificadas, se indicó que los principales candidatos para suceder a Namuncura son Oscar Osorio o Rodrigo González, quienes representan al Presidente de la República en el Consejo de la Conadi. Pese a estas versiones, la opinión de Lara es que en las actuales circunstancias no sería lo más conveniente nombrar a un integrante del Consejo.

Los consejeros indígenas anunciaron que en los próximos días citarían a una asamblea extraordinaria, al tiempo que están evaluando movilizaciones de mayor envergadura.

Asimismo, el titular subrogante de Mideplan desmintió que se haya solicitado la renuncia al equipo jurídico de la Conadi como a algunos funcionarios administrativos ligados a Namuncura.

Uno de los objetivos que tenía la frustrada reunión de la mañana de ayer era comenzar a buscar una nueva política que marcará la relación entre el Gobierno y el mundo indígena, más allá del tema puntual de las permutas para Ralco.

Ello, a raíz de que los representantes de la etnias sienten que -contrariamente a la idea incial que existió al impulsar la Conadi-, actualmente la injerencia que tiene el Gobierno en su accionar es demasiado fuerte.

TOMAN RUTA

En la zona, ayer quedaron paralizadas en todo el territorio de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco- Lepoy las obras que realiza Endesa en el marco del proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco, de 463 millones de dólares, luego que más de un centenar de pehuenches, mapuches y ecologistas ocuparan el puente Ñireco que da acceso a esa zona indígena.

La suspensión de obras de la empresa a petición del gobierno se había limitado al sector Palmucho, a 140 km al sur de Los Angeles, donde en un predio arrendado al pehuenche Juan Quipaiñan, por cinco años, se ejecutaba una ruta de 10 km hacia el río Biobío donde se construirá la represa. Ahora la paralización abarca una extensión de 40 km.

En tanto, los representantes de las ocho familias que se oponen a la construcción de Ralco advirtieron que sólo concurrirán a la mesa de diálogo que se realizará definitivamente el próximo miércoles 12 del presente, en la ciudad de Los Angeles, si se mantiene la actual paralización de todas los obras de Endesa.

La medida de fuerza -en que participaron mapuches provenientes de la Novena Región- se inició en la madrugada, pero el momento de mayor tensión se vivió entre las 9 y 10 horas, cuando llegó un fuerte contigente de Fuerzas Especiales de Carabineros. Tras conatos aislados se concordó en que sólo se impediría el tráfico de los vehículos de la empresa Besalco, que construye las obras.

En forma simultánea, otro grupo de manifestantes ocupaba el puente Malla, distante unos dos kilómetros más arriba del primero.

Hasta la zona de conflicto llegaron representantes del gobernador de la provincia de Biobío, Juan Carlos Coronata, para hacer entrega de una invitación abierta a los tres representantes elegidos por las ocho familias pehuenches compuestas por 40 personas que rechazan la construcción de Ralco. Un trámite similar se cumplía con las otras 84 las familias que han presentado su solicitud de permutas de tierra a la Conadi, que totalizan 415 integrantes.

Los tres representantes que irán a la mesa de conversación, como lo adelantó uno de ellos, Nicolasa Quintramán, dirán al Gobierno y Endesa que no se construya Ralco, porque implica la destrucción del pueblo pehuenche al ser alejados de sus tierras y disgregados en los fundos El Barco y el Huachi, que ofrece la empresa para relocalizar las 91 familias que directamente se verán afectadas por la inundación de las 638 hectáreas de su propiedad.

Relató visiblemente afectada que antes del proyecto Ralco eran un solo pueblo y que ahora incluso uno de sus hijos que trabaja para Endesa se niega a saludarla y a conversar con ella.

Sin embargo, quienes firmaron sus permutas no se arrepienten. Así lo dio a entender Juan Ricardo Gallina, dirigente del llamado comité pehuenche que defiende la operación de relocalización.

El indígena, quien fuera agredido y escupido en la sede de la Conadi de Santiago, el día jueves, dice que su calidad de vida mejorará con el cambio. Enfatizó que no fue presionado por Endesa. "Hay muchas ideas equivocadas. Los que firmamos, lo hicimos por propia voluntad. Además, la gente que protesta no pertenece a las comunidades. Son de Santiago".

La agitación vivida en Ralco también se trasladó a otras ciudades del sur del país. En Osorno unas quince personas, representando a la denominada "Comisión por el respeto de la dignidad del pueblo pehuenche"', ocuparon la sede local de Conadi.

ANALISIS DEL GOBIERNO

El Gobierno estima de la mayor importancia la plena y eficaz aplicación de la Ley Indígena, afirmó el Subsecretario General de la Presidencia, Sergio Galilea, quien destacó que se han realizado acciones importantes para el desarrollo de las etnias en el país.

En ese marco, recalcó, el Ejecutivo "ha tratado con la mayor diligencia" la petición de permutas para la zona de Ralco.

El criterio general que el Gobierno tiene, sostuvo el personero, es que "en pleno apego a la ley, el Consejo de Conadi podría acceder a la autorización de éstas como de otras permutas, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos y que se consideren adecuadamente las compensaciones que sobre las familias afectadas deben contemplarse para la mantención y mejoramiento de sus condiciones materiales, sociales y culturales".

Este enfoque es permanente y de hecho ya ha sido materializado en otros proyectos de inversión, como el bypass en Temuco y el oleoducto de Sonacol, entre la VIII y IX regiones, donde se logró conciliar derechos indígenas con desarrollo sustentable.

"El Gobierno ha solicitado la renuncia a su cargo del director de Conadi a don Domingo Namuncura por no compartir los criterios de política gubernamental antes enunciados", señaló Galilea, quien descartó presiones y explicó que la petición de renuncia fue gatillada por lo que llamó una "obstinada" postura de oponerse a crear las condiciones y compensaciones para que las permutas pudiesen ser aprobadas, pero siempre protegiendo los derechos de los pehuenches.

"El camino no puede ser Ralco de todas maneras o Ralco de ninguna manera, o las permutas de ninguna manera o de todas maneras. El punto es en qué condiciones Ralco y las permutas pueden ser posibles, y si se centra la metodología en cuáles son los requisitos de las pemutas se está protegiendo mejor los intereses de las familias", señaló.

Sostener que las tierras indígenas son "impermutables", como habría sostenido Namuncura, dijo Galilea, hacía inviable el tema y trasladaba entonces a los tribunales un asunto complejo pero que, respetando la Ley Indígena, puede salvaguardar los derechos de las familias pehuenches de manera adecuada.