Una solicitud para que se dicte una orden precautoria destinada a paralizar las obras de construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la zona de Alto Biobío, Octava Región, presentaron integrantes de la Bancada Verde (diputados Guido Girardi, Mario Acuña y Alejandro Navarro) ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago. "Dada la gravedad de los hechos, nos hemos sumado a la demanda que mantienen las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán y hemos solicitado que los tribunales declaren la nulidad de derecho público el procedimiento de impacto ambiental, del proyecto Ralco, por cuanto, a nuestro juicio y los antecedentes que acompañamos, estuvo permanentemente viciado por una acción de presión ilícita e ilegitima sobre las autoridades medioambientales" argumentó Navarro. Tercera en Internet 18 de Junio de 1998
| ECONOMíA
20 de Junio de 1998 |
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| Se suman a demanda
de Berta y Nicolasa Quintremán
Los "verdes" intentan frenar Ralco Tas una reciente visita de la bancada al Alto Bío Bío, se constató que las faenas que desarrolla la empresa son de gran envergadura y tienen carácter definitivo, sin contar con la debida autorización legal.
Navarro calificó de grave la acción ejercida por Endesa para imponer su proyecto y materializarlo en los próximos años. Afirmó que tras una reciente visita de la bancada , a Alto Bío Bío, se constató que las faenas que desarrolla la empresa son de gran envergadura y tienen carácter definitivo, como es un camino de 18 metros de ancho, puentes para soportar 140 toneladas y otras obras, sin contar con la debida autorización legal. Navarro recordó que hasta ahora Endesa ha negado esto, insistiendo que se trata de faenas preliminares a la espera de una resolución de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que es el único permiso legal que falta para la construcción. "Dada la gravedad de los hechos, nos hemos sumado a la demanda que mantienen las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán y hemos solicitado que los tribunales declaren la nulidad de derecho público el procedimiento de impacto ambiental, del proyecto Ralco, por cuanto, a nuestro juicio y los antecedentes que acompañamos, estuvo permanentemente viciado por una acción de presión ilícita e ilegitima sobre las autoridades medioambientales", argumentó.
Otra denunciaNavarro denunció que Odepa - organismo asesor del Ministerio de Agricultura - en abril de 1997, entregó un informe que establecía que sólo era posible la construcción de la central si voluntariamente la totalidad de los pehuenches se sometía a las permutas de las tierras donde se levantará la represa. "El funcionario que elaboró este informe fue separado de su cargo y despedido y su trabajo de tres páginas fue reemplazado otro de seis líneas, que dejaba incondicional la realización del proyecto. Esto se suma a una serie de irregularidades sobre las cuales el titular del Sexto Juzgado Civil ha solicitado, para hacer efectiva la orden precautoria que hemos pedido, orden para detener las faenas", manifestó.
Ley indígenaConsideró una "grave ofensiva" de Endesa al anunciar que la central estará lista en el 2001 y que comenzaron a invertirse 50 millones de dólares - 10 por ciento de la inversión-. "¿Qué sentido tendrá una resolución de la Conadi que declare inviolable las tierras pehuenches e intransables, si la represa está construida?,Hay una política de hechos consumados", comentó.Concluyó que será en los tribunales donde se enfrentarán la ley eléctrica y la ley indígena.
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