Intensifican Presión contra Central Ralco 

Admitieron tener financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales de Canadá y Suiza para mantener sus acciones hostiles.

El ministro de Mideplan, Roberto Pizarro, afirmó que hubo un "error político" en el manejo de este tema y consideró inminente el aumento de la tensión en VIII, IX y X regiones.

Pese a cierto optimismo que tiene el gobierno en los resultados de la mesa de diálogo que se reunirá el miércoles próximo en Los Angeles, las posibilidades de alcanzar un consenso básico entre las partes en conflicto por la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco son escasas, dada la profunda división generada por éste en el pueblo pehuenche del Alto del Biobío.

Mientras, en Santiago, se ahondaba el problema político que se generó a contar de la solicitud de renuncia del director de la Corporación Nacional Indígena, Conadi, Domingo Namuncura y de dos consejeros de ese organismo por discrepancias respecto al tratamiento para evaluar 84 solicitudes de permutas de tierras entre familias pehuenches y Endesa.

Al mismo tiempo surgieron voces dando cuenta del peligro inminente de un conflicto de gran envergadura con el mundo indígena que se podría materializar especialmente en la VIII, IX y X Regiones del país.

También se ha convocado a una serie de manifestaciones y acciones por parte de dirigentes indígenas, algunos de los cuales admitieron estar recibiendo financiamiento a través de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, de Canadá y Suiza, aunque no entregaron más detalles.

Estos recursos le permitirían a estas organizaciones, en especial a la Coordinadora Mapuche, mantener a un grupo de sus representantes en la zona de Alto Bío Bío.

Estos antecedentes surgieron ayer en una conferencia de prensa convocada por Organizaciones Indígenas de la Región Metropolitana, en la que expresaron su apoyo a las acciones que se desarrollan en Alto Bío Bío.

Es muy posible próximamente el conflicto generado en los últimos días, con la petición de renuncia de dirigentes de la Conadi se traslade a los Tribunales de Justicia.

Esto podría implicar, entre otras cosas, un eventual pronunciamiento de fondo sobre la prevalencia en el caso de la Central Ralco de la Ley Indígena o de la Ley Eléctrica.

UNICA SOLUCION

Las ocho familias pehuenches conformadas por 40 personas, que se oponen al proyecto insistieron ayer a través de su werquén o vocero, Antolín Curriado, que para ellos la única solución es que Endesa no se construya Ralco, que tiene un costo de 463 millones de dólares, ya que su ejecución significa la destrucción de su pueblo, tradiciones, cultura, y la supervivencia sólo la garantiza la mantención de esa etnia en su actual territorio indígena. Incluso la aceptación de concurrir a la mesa de conversación generó al interior de las familias una fuerte pugna, pues un sector de ellas lideradas por las hermanas Quintramán (ambas ancianas), insisten en que el encuentro "debe hacerse en nuestro territorio". Esa posición es respaldada por Carmen Rosa Paine, representante de las comunidades pehuenches del sector de Trapa Trapa, y también por los mapuches provenientes de Lumaco, Novena Región, y algunos ecologistas.

A su vez, las 83 familias que presentaron solicitud de permutas de tierras y que integran 415 personas, insistieron ayer a través de sus representantes, Laureano Ancanao, Domingo Puelma, Juan Purrán, Domingo Quipaiñán, Ricardo Gallina, Oscar Melipán, Gabriel Beroiza y Mario Reyes, que estas deben ser aprobadas a la brevedad por la Conadi. Argumentan que el proyecto Ralco es la oportunidad única para mejorar sus actuales condiciones de miseria, a través del plan de relocalización en los fundos El Barco y El Huachi, que totalizan 21.337 hectáreas. Junto con rechazar las acusaciones de haber firmado presionados por Endesa, advirtieron que como pehuenches quieren su cultura y su lengua, pero que también quieren más oportunidades para progresar y asegurar un mejor futuro para sus hijos, "puesto que la cultura no se pierde si cambiamos nuestra tierra".

En tanto una relativa calma se mantenía ayer en el puente Ñireco que da acceso al territorio de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, después que el viernes un centenar de pehuenches, mapuches y ecologistas lo ocuparan, para impedir las obras que realiza Endesa en una ruta de 40 kilómetros en esa área. Tras intensas negociaciones entre el gobernador de la provincia de Biobío, Juan Carlos Coronata y ejecutivos de Endesa, se acordó paralizarlas y retirar las maquinarias del sector en lo que empresa calificó como un gesto de buena voluntad para crear un clima adecuado para la instancia de conversación.

Un momento de tensión se produjo cerca de las 11,30 horas de ayer, cuando un contingente policial a cargo de jefe de la Tenencia de Ralco, teniente Rodrigo Uribe llegó hasta el puente Ñireco para retirar una barrera que habían instalado un grupo de 30 pehuenches y mapuches provenientes de la Novena y Octava Regiones en dicho viaducto. Ello, porque se vulneraba el acuerdo en el sentido dejar expedita la ruta para la circulación de vehículos particulares, tras la paralización de obras decretada por Endesa. Luego de una clara advertencia del oficial Uribe optaron por permanecer en las inmediaciones del puente, donde desde ese momento se mantiene vigilancia policial.

El gobernador Coronata confirmó que la mesa de diálogo se instalará en la sede de la Gobernación en Los Angeles al mediodía del miércoles. En ella participarán el obispo de esa diócesis, Miguel Caviedes; el intendente de la VIII Región, Martín Zilic y Coronata; los subsecretarios de Mideplan y Bienes Nacionales, Antonio Lara y Sergio Vergara; los ejecutivos de Endesa Cristián Maturana e Ignacio Swett; y los representantes de los pehuenches partidarios y detractores del proyecto Ralco. También concurrirán otros tres miembros de unas 200 familias que forman parte de esa etnia, que deben ser considerados en planes de compensación de Endesa para evitar inequidades, aunque no se vean afectados directamente por el proyecto sostuvo el gobernador.

La autoridad reconoció que no será una jornada fácil, puesto que se requiere crear un clima de confianzas mutuas que hoy día todavía no existe, especialmente por parte de los pehuenches que sienten que "muchas veces han sido engañados", aunque la paralización de obras por Endesa es un gran paso en ese sentido.

Sobre la visita que hará hoy domingo la candidata presidencial del Partido Comunista, Gladys Marín, junto a un grupo de militantes y dirigentes sindicales de esa colectividad, Coronata, dijo que su presencia no contribuye en nada a solucionar los conflictos que puedan existir, "y en nada a mejorar las condiciones de los indígenas en Alto del Biobío".

Trascendió que el objetivo del Gobierno y de Endesa en cuanto a búsqueda de un consenso en la reunión del miércoles, es para evitar que el conflicto de Ralco llegue a los tribunales de justicia, pues podría significar la paralización del proyecto por un tiempo prolongado. Ello sería perjudicial para el desarrollo energético del país, debido a que genera el 18 % de la energía producida en la actualidad por todo el Sistema Interconectado Central, a partir del 2002 en que debería entrar en función, con lo cual se podrá hacer frente a la demanda que habrá en esa época.

En fuentes de los abogados asesores de los pehuenches detractores de Ralco, no se descarta la presentación de recurso de protección en favor de las ocho familias que se oponen bajo el fundamento que se estaría violando la Ley Indígena, la que incluiría una orden de innovar en cuanto a la paralización definitiva de las obras mientras no se resuelva el fondo de éste. En ese mismo escenario Endesa recurriría a los tribunales sobre la argumentación de que la Ley Eléctrica estaría por sobre la legislación índígena.

Lo cierto es que la esperanza del obispo de Los Angeles, Miguel Caviedes, en el sentido de compatibilizar el progreso y desarrollo necesario para el país, con la mantención de la cultura pehuenche "para que por ningún motivo salgan perdiendo y desaparezcan como otras etnias del extremo sur del país", no será fácil lograr en la mesa de diálogo del miércoles. A ello se suma lo ocurrido en la Conadi, tras la renuncia de Domingo Namuncura y la negativa de los representantes de las etnias en ese organismo para conversar con el ministro (s) de Mideplán, Antonio Lara, además de los anuncios de movilizaciones, que no son el escenario más propenso para llegar a un acuerdo el miércoles.

La central hidroeléctrica Ralco, con una potencia deberá entrar en operaciones en el año 2002. El proyecto contempla una represa de 155 metros de alto en el Alto del Biobío, en la provincia del mismo nombre, e inundará unas 3.500 hectáreas.

El plan propuesto por Endesa implica la relocalización de las familias pehuenches en los fundos "El Barco", "El Huachi" y "Santa Laura", lo que le implicará a la empresa un costo superior a los 20 millones de dólares.

PROXIMAS ACCIONES

Amplias reacciones seguían produciéndose ayer en el mundo político en torno al tema de la Conadi y la Central Ralco.

El diputado del Partido Por la Democracia (PDD) Guido Girardi anunció que el próximo martes entregará los antecedentes que posee sobre supuestas presiones de tres subsecretarios en la renuncia del presidente de la Corporación de Desarrollo Nacional Indígena (CONADI), Domingo Namuncura.

La denuncia afecta al subsecretario General de la Presidencia, Sergio Galilea; al subsecretario General de Gobierno, Claudio Huepe; y al de Mideplan, Antonio Lara, quienes, según la denuncia, habrían presionado a Namuncura para que aprobara las permutas de las comunidades pehuenches del Alto Biobío.

Asimismo, Girardi dijo que era posible también presentar un recurso de protección en favor de las comunidades indígenas por estimar que sus derechos constitucionales estarían siendo violentados.

También diputados socialistas estudian presentar una acusación constitucional en contra del Gobierno.

Por su parte el presidente del Partido Por la Democracia, senador Sergio Bitar, precisó que "defender la Ley Indígena y los derechos del pueblo pehuenche no es estar contra el gobierno ni contra la Concertación".

Tras recordar que la Ley Indígena surgió gracias al impulso del conglomerado de gobierno y que lo mismo ocurrió con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), cuya misión es defender los derechos de los pueblos originarios, Bitar destacó que la Concertación debe ser consecuente y que tiene la obligación de hacer respetar esa labor y las normativas legales.

El timonel del PPD sostuvo que el esfuerzo de la coalición oficialista debe orientarse a apoyar a los pehuenches y sus derechos.

DIRIGISMO CULTURAL

El abogado constitucionalista y ex diputado de Renovación Nacional, Teodoro Ribera, quien en su momento, cuando la Ley Indígena se discutió en el Parlamento, fue el encargado de la negociación por su sector, afirmó que el conflicto en torno a Ralco ha derivado en un conflicto sobre la subsistencia o no de aspectos culturales de los individuos que participan en la permuta y algunos agentes de la Conadi han asumido el rol de salvaguardar elementos de la idiosincracia de personas que desean la permuta, circunstancia que presupone la capacidad de un organismo estatal de obligar a un grupo humano a mantenerse en un territorio contra su voluntad con el objeto de mantenerse aspectos culturales y otros propios de los habitantes.

Ribera insistió en que la Conadi no tiene derecho a decidir el destino de la gente, "no es propio de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho. Aquí subyace una discusión de dirigismo cultural".

Ribera recordó que la Ley Indígena reguló la permuta de tierras indígenas, y dejó establecido que las tierras indígenas no pueden ser arrendadas por un lapso superior a cinco años, pero, en todo caso, se podrán permutar tierras indígenas por otras no indígenas de similar valor comercial debidamente acreditado con la autorizacion de la Conadi.

Por lo tanto, a su juicio, la participación de la Conadi en la permuta de tierras indígenas está limitada sola y exclusivamente a establecer si los bienes que se intercambian tienen o no un valor comercial similar, "pero no tiene atribuciones para negarse en forma antojadiza o arbitraria a rechazar permutas de terrenos cuyos propietarios libre y conscientemente quieren hacer".

ERROR POLITICO

El ex ministro de Mideplan, Roberto Pizarro, afirmó que la destitución de Domingo Namuncura de la Conadi es un "un error político", lo mismo que la petición de renuncia de los consejeros Miguel Valenzuela y Cristian Vives.

Estimó que todo ello "puede generar agudas tensiones sociales entre las comunidades indígenas y el gobierno en las regiones Octava, Novena y Décima".

Este hecho, al igual que las evidentes medidas de presión que realiza Endesa en la zona para obligar a los pehuenches a que permuten sus tierras, indicó, apuntan sólo a favorecer al empresariado e ignorar los problemas de los indígenas.

"Existe una falta de visión en el Ejecutivo que lo ha llevado a tomar estas decisiones erradas", dijo Pizarro porque -a su juicio- la expulsión de los pehuenches de sus tierras y bloquear las conversaciones es una actitud que lesiona gravemente el estado democrático.

MARCHA

Con el objetivo de conversar con los parlamentarios respecto al conflicto producido en torno a la construcción de la central Ralco, la Coordinadora Mapuche de la Región Metropolitana realizará mañana lunes 10 de agosto una marcha que partirá desde la capital hasta el Congreso Nacional en Valparaíso.

La jornada, según informó el werkén (vocero) José Paillal, se iniciará a las 12:00 horas al píe del Cerro Welen (Santa Lucía).

Alli harán una "rogativa a la madre naturaleza porque es la forma de vida nuestra" y luego partirán, caminando, rumbo al Congreso.

Indicó que desean dialogar con los parlamentarios para "darle una segunda oportunidad al gobierno", y pueda enmendarse la situación provocada luego de la renuncia del director de la Conadi, Domingo Namuncura.

Al respecto, enfatizó que la construcción de la central hidroeléctrica Ralco es uno más de los tantos problemas que históricamente han aquejado a las comunidades indígenas del país.

"El pueblo mapuche no tiene armas como las tenían nuestros antepasados. No tenemos el poder militar, porque si lo tuviéramos sería muy distinta la situación. No estaríamos aquí. Probablemente estaríamos en nuestro territorio", señaló.