me determinación de oponerse hasta las últimas consecuencias a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, las ocho familias pehuenches que rechazan al proyecto endurecieron su posición al anunciar ayer, en esa localidad, que cualquier diálogo con el Gobierno y Endesa debe hacerse en su territorio indígena en Alto del Biobío. El Mercurio 10 de Agosto de 1998
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Central Ralco:
Indígenas Descartan Diálogo Fuera de Zona de ConflictoDecisión anula acuerdo previo de reunirse el miércoles en Los Angeles. Subsecretario de Mideplan, Antonio Lara, valoró disposición a conversar, estimando que el lugar para hacerlo es de menor importancia.CONCEPCION (Patricio Gómez).- Con la firme determinación de oponerse hasta las últimas consecuencias a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, las ocho familias pehuenches que rechazan al proyecto endurecieron su posición al anunciar ayer, en esa localidad, que cualquier diálogo con el Gobierno y Endesa debe hacerse en su territorio indígena en Alto del Biobío. La constitución de una mesa de diálogo, cuya materialización es cada vez más incierta, estaba programada para al mediodía del miércoles en la gobernación de Los Angeles. En ella participarían el obispo esa diócesis, Miguel Caviedes; el intendente de la VIII Región Martín Zilic; el gobernador Juan Carlos Coronata; los subsecretarios de Mideplan y Bienes Nacionales, Antonio Lara y Sergio Vergara; los ejecutivos de Endesa, Cristián Maturana e Ignacio Swett; y los representantes de los pehuenches partidarios y detractores del proyecto Ralco. A ellos se sumarían otros miembros de unas 200 familias que forman parte de esa etnia y que serán afectados directamente por el proyecto. Sobre este punto, el "lonco" de esas familias Antolín Curriado, junto a werquén o vocero, Agustín Correa, afirmó que "en principio habíamos aceptado ir a Los Angeles, pero la mayoría de la comunidad, especialmente las mujeres de más edad, lo rechazaron. Aquí esperaremos a las autoridades de Gobierno y de Endesa para conversar y no permiteremos por ningún motivo que Endesa reanude las obras en nuestro territorio". En ese sentido, el Subsecretario del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), Antonio Lara, precisó ayer -en Santiago- que lo importante es la disposición al diálogo con vistas a una solución que abarque la globalidad del conflicto -compensaciones económicas y resguardo de valores culturales-, de tal manera que el lugar en que se sostengan las conversaciones es un tema de menor importancia. Lara agregó que a partir de hoy la cartera de Mideplan -con la llegada de su titular, Germán Quintana-, seguirá evaluando cómo se retomarán las negociaciones, con la presencia de todos los diferentes, ya que algunos no han participado nunca en las instancias de diálogo. Por ello, se espera conocer los puntos de vista de las 84 familias que aceptaron suscribir contratos de permuta de tierras, los de las ocho que los rechazan y de otros propietarios que indirectamente se verán afectados con las obras de la central Ralco. El subsecretario recalcó que la resolución de esta controversia no implica sólo llegar a una adecuada compensación económica de las familias pehuenches y así obtener un cambio sustancial en sus condiciones de vida, sino que también está presente el tema del resguardo de los valores culturales de los pueblos indígenas, el que en todo momento ha sido relevante en el marco de las negociaciones. Acerca de las declaraciones del ex titular de Mideplan, Roberto Pizarro, el subsecretario declinó hacer comentarios. MOVILIZACION Las declaraciones de los dirigentes indígenas fueron formuladas en el puente Ñireco que da acceso al territorio de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, después que el viernes pasado un centenar de pehuenches, mapuches y ecologistas lo ocuparan para impedir las obras que realiza Endesa en una extensión de 40 kilómetros. Sólo se permite la circulación de vehículos particulares y en el viaducto se mantiene vigilancia policial permanente. La empresa eléctrica aceptó suspender los trabajos hasta el próximo miércoles como un gesto de buena voluntad para facilitar el acercamiento entre las partes que impulsa el gobierno. El acuerdo de no concurrir a Los Angeles se tomó pasadas las 14 horas, tras una intensa jornada iniciada a las 9.30 horas, con la llegada de delegaciones de mapuches de otras regiones y del PC. Correa, junto con señalar que ningún partido debe venir con banderas o con la intención de instrumentalizar su causa, dijo que lo corresponde es que el Estado otorgue los recursos necesarios para crear una área de Desarrollo Indígena, "y no que lo venga hacer Endesa, porque nunca aceptaremos salir de nuestras tierras y sólo muertos nos sacarán". En tanto, el consejero de la Conadi, José Santos Mellado, advirtió tras explicar la ruptura de ese organismo con el gobierno, que la construcción de Ralco es una declaración de guerra hacia los mapuches. "Por lo tanto, cuando a un sector social se le declara la guerra debe prepararse para emprender la batalla más difícil para defender la supervivencia de los pueblos indígenas", recalcó. En Santiago, organizaciones mapuches de la Región Metropolitana iniciaron una campaña de recolección de alimentos y firmas para apoyar a los pehuenches del Alto del Biobío. Según explicaron voceros de las entidades indígenas, el objetivo de esta iniciativa es prepararse para resistir todo lo necesario y evitar la instalacion de la represa en el sector que consideran como herencia cultural de su etnia. INSTRUMENTALIZACION En el encuentro indígena, también se advirtió a la candidata presidencial del Partido Comunista, Gladys Marín, que no aceptarán la instrumentalización de nadie, "porque esta no es una lucha política, sino que la causa todo el pueblo indígena de Chile", tras valorar el gesto de solidaridad expresada por la dirigenta. Incluso, Gladys Marín que encabezaba una nutrida delegación de su partido, debió esperar en el acceso al puente Ñireco por una hora, mientras se desarrollaba una reunión de pehuenches y mapuches provenientes de la IX y VIII Región, antes de poder saludarlos y hablar con ellos en un acto que convocó a unas 300 personas. Sobre esta arista del conflicto, el subsecretario de Mideplan, advirtió que "es un mal signo" que se intente instrumentalizar a familias que viven en condiciones muy pobres, en territorios alejados de las zonas urbanas, de ahí el imperativo de establecer una mesa de diálogo en que los que se sientan directamente afectados con las obras puedan exponer sus planteamientos. En tanto, el diputado Eduardo Díaz del Río -representante de la zona costera de la Región de la Araucanía-, exhortó a las comunidades mapuches a no dejarse manipular por grupos de presión, que "en la práctica, han perdido toda representatividad de esa cultura, pues para nadie es desconocido que hace mucho tiempo no participan de las tradiciones y quehacer de su gente". RELATIVA CALMA Casi en forma simultánea el intendente de la VIII Región, Martin Zilic, en compañía del gobernador de la provincia de Biobío, Juan Carlos Coronata y los directores regionales de Conama y la Conaf, en una visita al fundo "El Huachi", dijo que en la zona de conflicto hay una relativa calma y que espera que no ocurra ningún acto de violencia. La autoridad expresó su confianza en que los tres grupos que representan a las comunidades pehuenches concurrirán a las conversaciones. Sobre la condición que ponen quienes rechazan el proyecto Ralco, enfatizó que "es una situación que tendremos que verla y analizarla". Reconoció que lo importante es que la primera condición que solicitaron, que era la paralización de los trabajos de Endesa, se cumplió. A su juicio, lo que aumentaría el conflicto y lo agravaría sería la restitución de los trabajos en esa área, y por ello han insistido que todos deben constribuir a crear el clima adecuado para conversar. Zilic planteó que el Gobierno ve el problema de Alto del Biobío como un tema de superación de la pobreza de más de 4 mil personas que viven y han vivido durante siglos en situación de extrema pobreza, con familias que ganan entre $ 11 mil y $ 20 mil mensuales, y que están aisladas. Es por eso, recalcó, que por orden del Presidente Frei se ha generado allí un área de desarrollo indígena, para la que se han destinado más de $ 5 mil millones. PREOCUPACION PARTIDARIA En tanto, en la sede de la Democracia Cristiana los vicepresidentes de la colectividad, Roberto León y Patricio Santamaría, expresaron que ese partido mira con mucha preocupación la manera con que se está desenvolviendo el conflicto por la permuta de tierras pehuenches para la construcción de la central Ralco, señalando que desde el PPD y el Partido Socialista "sólo se ven llamados a protestas y movilizaciones, pero no planteamientos que llamen a la cordura y a plantear soluciones". Para los dirigentes en vez de intentar que se produzca realmente un respaldo al gobierno del Presidente Frei, como lo dice Ricardo Lagos, la gente de ese sector anuncia incluso acusaciones constitucionales contra los subsecretarios. Roberto León señaló que la DC plantea como fundamental que, ya sea al amparo de la invitación que ha hecho el intendente o la del obispo de Los Angeles, puedan las partes sentarse a conversar, porque aunque parezca extraño, éste es un proceso donde los involucrados no han tenido o no han querido tener la posibilidad de dialogar. El vicepresidente Patricio Santamaría advirtió que el plan de relocalización de las familias pehuenches, a través de la autorización de las permutas, presenta variados errores de sus ejecutores, entre los que se contarían una falta de equidad entre las actuales tierras que ocupan y las presentadas como reemplazo, ubicadas en el fundo "El Barco". En Valdivia, el jefe de la bancada de diputados del partido Socialista, Juan Pablo Letelier, opinó que la forma en que el Gobierno ha llevado el conflicto de las comunidades pehuenches en el Alto Biobío ha producido un daño mayor. El parlamentario estimó que la destitución del ex director de ese organismo, Domingo Namuncura, un día antes de tomarse decisiones sobre la permuta de tierras, pone en evidencia un intervencionismo que daña la credibilidad en este conflicto. CITA EN EL NORTE Por otro lado, representantes de las etnias mapuches, pehuenches, aymaras y atacameños, se reunieron en el Parque El Loa de Calama, frente a la réplica de la Iglesia de Chiu Chiu, con el propósito de declarar públicamente el respaldo a sus "hermanos indígenas" de Ralco, según dijeron. Puntualizaron que no se trata de estar en contra del desarrollo, sino de la destrucción de la cultura de estos pueblos milenarios, denunciando que la Ley Indígena, promulgada por el gobierno ha sido vulnerada por el mismo. Este encuentro fue organizado por el movimiento ecologista "Re-Creación" de Calama, presidido por Iván Ancaten, quien explicó que el objetivo fue promover la unidad de las etnias indígenas, para que juntas luchen por sus derechos y no permitan nuevos atropellos. Intervino en representación del pueblo mapuche, Luis Ayllapam Catril, quien luego de expresar su respaldo a los pehuenches por el problema con la Central de Ralco, pidió que los dejen tranquilos, que no les quiten sus tierras ni sus aguas que es lo único que poseen, que lles permitan vivir de acuerdo a sus costumbres y a su religión. Además manifestó que cuando han intentado levantarse para reclamar sus derechos han sido tratados como criminales y han tenido que pasar hasta por la Fiscalía Militar y se les ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, mientras que los delincuentes continúan libres. Por su parte José Segovia, aymara y representante de la Coordinadora Nacional Indianística, puntualizó que lo que para muchos es desarrollo, "para nosotros es es destrucción y muerte". Agregó que la sociedad chilena no se da cuenta que el desarrollo de la cultura occidental y el neoliberalismo no sólo afecta a los pueblos indígenas, sino a todos. Llamó a reflexionar sobre el daño que el desarrollo hace a la ecología. Reiteraron que el quiebre de relaciones con el gobierno persiste y que no permitirán que nunca más se les nombre a un director de la CONADI. Este personero deberá ser elegido por los pueblos. Por su parte la jefe de la oficina de la Conadi en la Segunda Región, Liliana Cortez Cruz, reconoció que la corporación está en crisis, debido a que entre los mismos indígenas hay desacuerdos importantes. Agregó que "la solución a este grave problema es que las diferentes etnias definan qué desean realmente y se unan. La división que existe entre ellos en este momento es lo peor que les puede pasar".
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