Juan Pablo Orrego, presidente del Grupo de Acción por el Biobío, de acuerdo a los informes de los economistas nacionales Hernán Echaurren, Claudio Huepe, Sergio García y Andrés Gómez, sólo la conexión de Ralco al Sistema Interconectado Central, SIC, costará cerca de 36 millones de dólares y con menos de esa cantidad de dinero sería posible construir dos centrales a base de gas natural y que aportarían 350 megawatts cada una, lo que es muy superior a los 570 megawatts de potencia que producirá esta central hidroeléctrica. Diario el Sur 17 de Agosto de 1998

Sostiene presidente del GABB

Gobierno debe modificar política hacia pehuenches

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Juan Pablo Orrego, presidente del Grupo de Acción por el Biobío, señaló que pasar por encima de la ley puede generar un serio conflicto en el Alto Biobío.

La central Ralco "es la piedra de tope" entre el Estado y los pueblos indígenas y "si el gobierno y la Endesa pretenden imponer el proyecto pasando por encima de la ley se puede generar una situación gravísima".

Así lo sostuvo Juan Pablo Orrego, presidente del Grupo de Acción por el Biobío, quien indicó que si se aplica la fuerza pública en contra de los pehuenches "es un hecho que se movilizarán mapuches de todo el país hasta la zona de conflicto para apoyar a sus hermanos".

Precisó que los pehuenches tienen sus derechos doblemente protegidos, primero por la constitución, ya que se trata de propiedad privada y luego por la Ley Indígena que resguarda en forma especial los territorios que actualmente ocupan los pueblos originarios de Chile.

En este sentido, puntualizó que las ocho familias que se niegan a permutar sus tierras poseen títulos individuales de propiedad y, por lo tanto, no están arrinconados como muchos creen. Calificó de "vulgar" el intento de expropiarlos al amparo de una concesión eléctrica otorgada a Endesa.

Añadió que el gobierno debe parar Ralco y mejorar la eficiencia en el uso de la energía, mientras se revisa la política de abastecimiento del país.

Ralco no se justifica

En este sentido, Orrego, afirmó que ya no se puede seguir discutiendo sobre las virtudes o defectos del proyecto Ralco, sino que se debe analizar la política energética que tiene que asumir el país para enfrentar el siglo XXI.

Señaló que Chile debe modificar su actual política de "abastecimiento primitivo" que está muy atrasada respecto de lo que hacen los países desarrollados en esta misma materia.

Indicó que este sistema ha sido impuesto por la Endesa, cuyos representantes fueron quienes durante el gobierno militar participaron en la privatización del sistema energético y colaboraron en el diseño de las leyes a través de las cuales fue posible la construcción de Pangue y bajo este mismo marco jurídico pretenden ahora levantar Ralco.

Añadió que de acuerdo a los informes de los economistas nacionales Hernán Echaurren, Claudio Huepe, Sergio García y Andrés Gómez, sólo la conexión de Ralco al Sistema Interconectado Central, SIC, costará cerca de 36 millones de dólares y con menos de esa cantidad de dinero sería posible construir dos centrales a base de gas natural y que aportarían 350 megawatts cada una, lo que es muy superior a los 570 megawatts de potencia que producirá esta central hidroeléctrica.

Al mismo tiempo señaló que si el país aplicara una política de eficiencia en el uso de la energía sería posible ahorrar una 12% de lo que actualmente se consume y lo que equivale a la central Ralco.

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