Es muy probable que diciembre sea mes de cortes y que la crisis se suavice recién en enero y febrero, más que nada porque las vacaciones bajarán la presión de demanda eléctrica en Santiago y otras grandes ciudades.

 
Por Luz María Astorga 

Doble esfuerzo ha desplegado Carabineros para evitar un caos mayúsculo en el tráfico. Pero como no siempre los cortes coinciden con los anuncios, y como los semáforos pierden sincronización, el problema sigue siendo grande.    ¿Por qué pasa todo esto?  Chile fue siempre millonario en recursos hídricos, con ríos y cursos de agua que permitían generar hasta el 80 por ciento de la electricidad que necesitaba el Sistema Interconectado Central (SIC), el principal del país que cubre desde Taltal a Chiloé.  El resto, desde Arica a Taltal, lo abastece el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y, al sur de Chiloé está la recientemente privatizada Edelaysén y una serie de sistemas más chicos.  El problema lo tiene el SIC.  De partida, porque aunque cuenta con centrales a base de agua y otras a base de calor, las dos tienen pifias.  En un año normal se supone que aporten un 75 por ciento las hidráulicas y un 25 por ciento las térmicas. Este 1998 las hidráulicas están débiles por la sequía. Y las térmicas, principalmente las de última generación como San Isidro, Nueva Renca y la tan esperada Nehuenco, son víctimas de su modernidad: la tecnología nueva no resulta simple y sufre desperfectos. De hecho, Nueva Renca y Nehuenco atrasaron su debut. Y la recientemente inaugurada San Isidro, que también es un prototipo, se ha caído dos veces en menos de quince días. Fue su primera falla la que desencadenó esta crisis. La segunda, de tres horas el viernes pasado, obligó a un mayor horario de cortes.  Lo concreto es que nos falta un siete por ciento de energía, dicen los expertos. Y las generadoras hasta el viernes no se habían decidido a comprarla, aunque había indicios de negociaciones. Tienen que pagar tres y hasta cuatro veces el precio (es lo que entendidos llaman "el precio de falla").  Así se entiende que Endesa y Colbún hayan estirado al máximo el elástico, sin informar con claridad al Gobierno. De hecho, el diputado (UDI) Víctor Pérez dice que horas antes de que se decretara el racionamiento el miércoles 11, María Isabel González, de la CNE, aseguró ante la Comisión de Minería del Parlamento, que no había ninguna posibilidad de corte.  A él no le convence la posterior explicación de la autoridad en el sentido de que no dispusieron de la información necesaria. "Todo el país sabe que estamos en sequía y que había que estar atentos", comenta.  Endesa, por su parte, asegura haber entregado toda la información que debía dar. Eso, claro, de acuerdo a la ley eléctrica, esa misma que -dicen dentro y fuera de la Concertación- no da ningún papel regulador a la autoridad.  Nada más que multar por una cifra que, en el peor de los casos, llega a 14 millones, por su responsabilidad en las fallas del suministro de energía.  Y pare de contar.  Por esta razón, durante esta semana el Gobierno tuvo poco dilema a la hora de enfrentarse a las empresas. Sin fuerza fiscalizadora, sin poder sancionador efectivo, tenía dos caminos.  -Echar mano a la Ley de Seguridad del Estado (Nº12.927), articulo sexto, vigente desde 1975 y que, básicamente, permitiría al Gobierno llegar a intervenir a las eléctricas, es decir, establecer las regulaciones más drásticas que estime conveniente, según la interpretación del diputado (PPD) Antonio Leal.  -Irse por lo enérgico y amistoso -pero "golpeando la mesa", como dicen algunos-, y presionar a las empresas para coordinarse y comprar energía, además de otras tareas.  A fin de cuentas, según consta en un memorándum interno del Gobierno elaborado la semana pasada para resumir la secuencia de hechos, lo del racionamiento se veía venir.  A comienzos de septiembre, el Consejo de Ministros de la CNE había decidido decretar racionamiento, pero justo los días 9 y 10 llovió en el sur, y se salvó el impasse. Vino una estabilización pero, de todas formas, la autoridad esperaba problemas para marzo próximo.  Estando fuera el Presidente Frei y el ministro de Economía, Jorge Leiva, el Vicepresidente Raúl Troncoso decidió que fuera el subrogante de Economía, Oscar Landarretche, el encargado de tratar con las empresas.  Dicen que habló golpeado, que tanto las generadoras como las distribuidoras sintieron que venía dura la cosa y que -con la Ley de Seguridad del Estado como espada de Damócles-, decidieron que mejor era comprometerse.  Así nació el acuerdo que, entre todo, no aclaraba a la ciudadanía sobre un calendario definido de cortes. Para controlar la emergencia, como dijo Landerretche, y para que los cortes no duraran más allá de diez días (es decir, de la semana que comienza mañana), se suscribió un acuerdo en el que, entre otras cosas, las generadoras se comprometían a comprar; las generadoras y las distribuidoras se someterían a las instrucciones del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central, y este centro se constituiría mientras dure la emergencia entre las 7 y las 24 horas.  Para qué entrar en detalles. El viernes a mediodía se supo que Landerretche estaba indignado porque el CEDEC no se había constituido y porque las empresas generadoras seguían sin oficializar ninguna compra de energía.  Total, el Maule seguía intervenido en favor del bien común (o sea, los chilenitos comunes y corrientes), aunque como principio la autoridad no es partidaria de eso. El propio interventor, Pedro Bravo, quien asegura a los indignados agricultores de la zona que no les faltará ni una gota de riego, piensa que su gestión debe terminar pronto porque es sólo una medida de emergencia.  Como sea, para los agricultores es una bofetada -legal, pero golpe al fin-, que debe investigarse. "Hay que ver por qué la autoridad se vio obligada y ahí se constatará la ineficiencia de las generadores y los intereses económicos", asegura el abogado Luis Quiroga, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura.  Ellos buscan compensaciones económicas tanto por la falta de energía que daña packings y riegos automáticos, como por la eventual merma en el riego prometido.  Dicen que los agricultores dela sexta, séptima y octava regiones -declaradas hoy como zonas de escasez- sabían que esto iba a pasar.  ¿Y no lo sabía el Gobierno?.

 Nadie lo acepta públicamente aún, pero detrás del cambio existe la casi certeza de que esto va para largo. Diciembre, al menos. ¿Enero y febrero? Ahí debería suavizarse la crisis porque muchos salen de vacaciones...

 Pero así viene la mano.

 Vamos a cumplir dos semanas de la peor crisis energética de que se tiene memoria en el siglo. Catorce días, un montón de electrodomésticos quemados, heridos en accidentes de tránsito, pacientes de hospitales sin atender, una montaña de reclamos ante el Sernac, una querella contra Chilectra (la del alcalde de Las Condes), muchas porciones de comida descompuesta por la falta de refrigeración y una paciencia que se adelgaza de corte en corte.

 Cada cual saca sus propias cuentas, pero nos falta la cuenta-país. A ésa no se arriesga nadie todavía porque el resultado se anticipa desastroso.

 Antes de que estallara la crisis, las grandes generadoras -Endesa y Colbún- se resistieron a comprar a los autoproductores -tales como Codelco, RPC o la Papelera- la energía que les falta porque eso significa pagar el triple o más del precio normal por kilowatts/hora.

 Las distribuidoras y el Gobierno apostaron a que la entrada en funcionamiento de varias centrales térmicas nos salvarían al menos hasta marzo, que era el mes más difícil.

 Pero así, con todo eso, que los chilenos nos ganamos "el corte nuestro de cada día".

 Estamos pagando los costos de una decisión empresarial. Eso está clarito como el agua, aunque al comienzo, en medio de los primeros apagones, las responsabilidades se cabecearon de esquina a esquina, de generadoras a distribuidoras, a autoridades...

 También se ve nítido que aquí no sólo son responsables quienes producen la energía. A la autoridad le cabe una cuota, porque -se supone- tiene organismos que deben estar atentos y vigilantes.

 En Santiago, y teniendo un millón 900 mil clientes, a Chilectra le tocó poner la cara primero y asumir que, ante los usuarios, su prestigio e imagen iban en picada. Apenas empezaron los "cortes programados" -entre comillas, porque muchas veces para los usuarios no obedecían a programa alguno-, la irritación pública cundió a zancadas. Injustamente, dicen ellos, porque son el último eslabón de la cadena y, como sostienen las 31 distribuidoras eléctricas de Chile en una inserción publicada en los diarios de ayer, "no fueron informadas oportunamente" de que se venía la crisis.

 Con los días, fueron perfilándose con más claridad los primeros responsables: las generadoras. Y ahí emergió el tema de fondo: a ojos de políticos y autoridades, no existe un buen marco regulatorio para lo eléctrico. En consecuencia, el Gobierno es poco o nada lo que puede hacer, más allá de aplicar multas casi simbólicas, formular declaraciones duras o amenazar con una improbable aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

 En este punto prácticamente todos coinciden, aunque cambie un poco el tono según el punto del arcoiris político. En la derecha, por ejemplo, dicen que la Concertación "que tanto critica la ley eléctrica (viene de tiempos de Pinochet), no ha sido capaz de proponer un cambio en nueve años".

 El oficialismo se defiende argumentando que la derecha se planta muy firme en sus dos pies cada vez que se habla de "regulación". Y de ahí no la mueve nadie, ni entra ninguna propuesta.

 Por eso el Ministerio de Economía y la Secretaría General de la Presidencia han estado trabajando estos días por una solución de fondo:

 una nueva ley eléctrica.

 Hay que aprovechar la coyuntura para enviarla al Parlamento, aseguró el diputado Jorge Pizarro (DC), rompiendo el hermetismo de las autoridades.

 Ese proyecto, anticipó, daría mayor capacidad de fiscalización, mayores atribuciones a los funcionarios para buscar información en las empresas eléctricas y revisaría las multas, entre otros cambios.

 "Está listo ese texto", aseguró. "Entiendo que se espera la llegada del Presidente para seguir adelante".

 Habrá que verlo.

 Lo que sí quedó andando esta semana fue la otra vía, la que abrieron los parlamentarios de distintas bancadas. En la Cámara de Diputados votaron el jueves por la creación de una comisión investigadora que deberá asignar las responsabilidades del impasse eléctrico, en un plazo no superior a tres semanas. Para entonces, se supone, ya no estaríamos en crisis, pero los antecedentes serían como un multivitamínico en la tramitación del nuevo proyecto de ley eléctrica... Así lo ven algunos en la Concertación.

 Oficialmente, sin embargo, lo que se sabe es que el Gobierno -representado en este caso por los subrogantes de Economía, Oscar Landerretche, y de Obras Públicas, Guillermo Pickering- se sentó a conversar con las empresas. Un encuentro clave sostenido el martes duró cuatro horas y produjo un acuerdo de doce puntos.

 Hasta el viernes, varios de esos tratos no se cumplían. Incluso más:

 debido a una nueva falla en la Central San Isidro (de Endesa), ese día Chilectra debió alargar en 15 minutos el corte.

El año más seco del siglo

 También es posible la mirada más ideologizada: la electricidad se privatizó, opera como negocio y, cuando tiene dificultades, pone por delante el signo peso, no el bien común. Luego, le pide ayuda al papá Estado (esto, refiriéndose a la intervención del Maule, decretada esta semana).

 Ni uno ni otro enfoque salva de las molestias a los chilenos. En las regiones han debido enfrentar apagones sorpresivos, mientras que en Santiago se adoptó una fórmula de cortes por horario: se dividieron las 33 comunas de la Región Metropolitana en ocho bloques de dos horas cada uno, entre las siete y media de la mañana y las diez y media de la noche, de lunes a domingo.

El daño gota a gota

 -¿Sabes que hice con este paciente? No pude decirle qué tenía. Le pedí que me dejara todos sus exámenes para verlos después, donde haya luz.

 Su impotencia se parece harto a la del dentista Jorge Pino. Su consulta está en el sector Plaza Italia, en un piso 11 y, cada día, de siete y media a nueve y media de la mañana, se queda sin ascensor, sin luz en la escala y sin ni una posibilidad de ocupar sus equipos.

 Si es por paciencia, hay que ver a los funcionarios municipales que hacen de semáforo viviente, ayudando en esta tarea a los carabineros, armados de discos "Pare" manuales.

 Y para resignación, la de la señora Olga: "Vivo en Puente Alto y trabajo en la Estación Central. Con los tacos que hay ahora por lo de los semáforos, viajo más de dos horas y media cada mañana".

 Suma y sigue. El coronel Pedro Cuéllar, de la Prefectura de Tránsito del radio central de Santiago, dice que han puesto en práctica planes de emergencia y que han redoblado esfuerzos. ¿Resultado? Al comienzo un buen problema: no coincidió la información de los sectores con cortes. Ahora está más ordenado, reconoce, pero no siempre se cumple. Para eso tienen circulando policías motorizados que, además de patrullar, alertan sobre los apagones que no correspondían... pero están.

 Mal que mal, sólo en el centro de Santiago hay mil 500 semáforos. En todo Santiago, sobre cuatro mil. Y el punto es que, con los cortes, también pierden la sincronización.

 Nada de eso, sin embargo, puede cuantificarse con justicia. Rodrigo Soto, médico jefe de Cuidados Intensivos en el Hospital de la Fach, comentó:

 -Tenemos equipo electrógeno para las secciones críticas: pabellones, áreas de cuidado intensivo, servicio de urgencia, pasillos... Empieza el corte y parte el aparato, con unos diez segundos de retardo. Desde ese momento y hasta que vuelve la luz, se producen diferencias de voltaje que descalibran los equipos. ¿Quién dimensiona el costo de las máquinas, el costo de tener que pasar de nuevo los exámenes por el laboratorio, o del respirador que nunca había fallado y que sucumbió ahora con los cambios de corriente? Nadie. Todas esas pérdidas son casi domésticas y las paga el que puede y como puede.

Gran desastre en 25 años

 El ministro de Transportes, Claudio Hohmann, dijo que en transportes la pérdida era de un millón y medio de dólares.

 El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asimet), aseguró que su sector pierde 20 millones de dólares diarios.

 El diputado Antonio Leal (PPD), redondeó a un total de tres mil millones de dólares por el tiempo total de la crisis, reconociendo que el cálculo considera la fuga en industrias, bancos, hospitales...

 Sebastián Piñera, precandidato presidencial, anticipó que si la crisis se alargaba 10 días más, Chile terminaría perdiendo 400 millones de dólares.

 Eso, cuando se creía lo difícil terminaría cuando la nueva Central Nehuenco (de Colbún) y Ventanas Dos (de Gener, que está en mantención) funcionaran a plenitud.

 Al final de la semana, sin embargo, algunos hablaban de una crisis que se prolongaría por todo diciembre. De partida porque centrales con tecnología compleja y no probada aún - como Nehuenco- difícilmente no habrá contratiempos.

 Además hay que considerar que centrales como Nueva Renca deben entrar a mantención muy luego (los primeros días de diciembre), lo que generaría un problema adicional.

 Mientras, no sólo suben las pérdidas sino también la adrenalina de los usuarios. "Nunca, en 25 años en este cargo, me había tocado informar y avisar hora a hora un racionamiento; es lo más caótico", reconoció el gerente de Asuntos Públicos de Chilectra, Guillermo Amunátegui.