Es extremadamente importante que surja, en las instancias que corresponde, conciencia suficiente acerca de que este es uno de los principales problemas del país y, con certeza, el más peligroso enemigo de su paz futura y de su convivencia en un marco de mínimo respeto valórico.

El informe dado a conocer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca, una vez más, uno de los flancos más vulnerables del sistema económico vigente: el de su capacidad para distribuir equitativamente la riqueza.

 Ese estudio vuelve a encasillar a Chile entre las siete naciones de América Latina con peor calificación en esta materia, lo cual, sumado a que nuestro continente marca las mayores diferencias en dicho aspecto, revive una polémica que en más de una década no ha podido ser zanjada.

 A la luz de lo informado por el BID, el 10 por ciento más rico de la población chilena percibe ingresos 30 veces superiores a los del décimo más pobre. Esto no es una sorpresa y sí la reiteración de un hecho que nadie ignora.

 Sin embargo, de él fluyen connotaciones éticas que no conviene desatender, tanto por lo que en sí mismas significan como por sus posibles extrapolaciones al terreno del conflicto social.

 Es así como resulta inevitable comparar el supuesto y proclamado riesgo de inestabilidad institucional derivado del caso Pinochet, con el muy cierto y poco difundido que encierran los potenciales detonantes sociales de la situación esbozada.

 De este modo, las cosas quedan claras, tanto como la circunstancia de que esa real amenaza para la tranquilidad del país aumenta tanto como lo haga la ausencia de mecanismos que acorten las hoy sustantivas brechas en el ingreso, y también en la medida en que éstas se mantengan, crezcan o no reflejen signos inequívocos de disminución.

 Y esto, que se arrastra por años, podría agravarse como corolario de la crisis financiera internacional y de su negativa incidencia en el nivel de empleo.

 Desde luego, no existen recetas mágicas para el problema e intentar las ajenas al modelo equivaldría a recurrir a prácticas estatistas de probada ineficacia para el país y, en especial, para quienes son destinatarios de sus transitorios beneficios. De ahí que las más eficientes sean las que, al poner énfasis en la educación y la capacitación, permiten acceder a puestos de trabajo y remuneraciones de mejor calidad.

 Ellas, no obstante, demandan tiempo, el que a veces es incompatible con una conciliación reclamada con prontitud. Más complejo es el tema cuando no se observan nítidas las voluntades que sobre él tienen los llamados a entregar respuestas.

 La reforma educacional apunta en la dirección correcta. Pero no se visualiza en ella la celeridad aconsejable, lo que también se aprecia en la capacitación laboral, donde si bien se ha avanzado, aún queda mucho por hacer.

 Deben, entonces, incrementarse los esfuerzos por apurar el paso donde es cansino y procurar compensar en parte las diferencias con programas públicos más eficientes en salud, educación y vivienda, para citar algunos.

 El expuesto es un tremendo incordio de la sociedad chilena. Pero en poco lograremos superarlo si no apuramos el tranco o perdemos su compás con lucubraciones estériles sobre soluciones que sólo se encuentran al final del camino conocido.

 Por ello, es extremadamente importante que surja, en las instancias que corresponde, conciencia suficiente acerca de que este es uno de los principales problemas del país y, con certeza, el más peligroso enemigo de su paz futura y de su convivencia en un marco de mínimo respeto valórico.