100 Condiciones para Explotar Lenga Austral 

Al ratificar certificación ambiental de la inversión por US$200 millones, autoridades mantuvieron requisito de auditoría independiente. 

Bancada Verde anticipa nuevas acciones legales. 

Un conjunto de 100 condicionantes, dentro de las cuales la más relevante es la creación de una garantía destinada a asegurar la sustentabilidad del proyecto Río Cóndor por el plazo de 110 años, deberá cumplir la forestal norteamericana Trillium, si es que decide llevar adelante la inversión, cuya viabilidad ambiental fue ratificada ayer por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). 

Esta garantía ambiental -que tendrá que estar clarificada antes que la empresa toque el primer árbol de lenga, según aseveró el director de la Conama, Rodrigo Egaña- tiene el propósito de asegurar la preservación de los recursos existentes en las cerca de 257.000 hectáreas y que equivalen al 22% de todo el bosque de lenga de la XII Región. 

Si bien este aspecto había sido incluido en la certificación ambiental otorgada por la Corema de Magallanes al proyecto en enero pasado -y respecto de la cual apeló la firma-, en esta ocasión la resolución del Consejo de Ministros optó no sólo por mencionarla como un resguardo sino también en precisar sus alcances. 

Así, operará ante la eventualidad que el privado abandone la iniciativa y no sólo frente a situaciones generales de no cumplir con las exigencias de los permisos pertinentes. 

En la práctica, se trata de asegurar que los árboles nuevos puedan alcanzar un determinado grado de madurez que les permita seguir creciendo, aún cuando el inversionista deje de lado la propuesta. 

La decisión oficial expresa sobre este punto que además de las medidas tendientes a asegurar el uso sustentable del recurso, Trillium deberá garantizar la integridad de la propuesta en caso que decida o esté obligado a no continuar con éste en los términos en que fue calificado ambientalmente. 

Dicha garantía formal se constituirá en dos situaciones. La primera, por abandono o cierre prematuro del proyecto, cualquiera sea su causa. La segunda, por insuficiencia en la regeneración que asegure la mantención de la masa boscosa por cualquier motivo. 

Una tarea inmediata a la cual deberán abocarse ahora los organismos medioambientales dice relación con la fijación de los fondos necesarios para el adecuado manejo por área de explotación, sostuvo ayer Egaña, quien fue el encargado de dar a conocer los resultados de la reunión que, por más de dos horas, tuvo ayer el Consejo de Ministros. 

La garantía quiere decir en concreto, enfatizó el personero, que "en el área de Trillium nunca vamos a tener terreno de corta rasa o pelados, como han quedado muchos terrenos en este país después de explotaciones forestales". 

RECLAMACIONES 

Integrado por los titulares de Defensa, RR.EE., Educación, Economía, Mideplan, Obras Públicas, Salud, Vivienda, Agricultura, Minería, Transportes y Bienes Nacionales, la mencionada instancia, aparte de rechazar el recurso de apelación interpuesto por Trillium en contra de las exigencias que se le fijaran en enero, también desestimó las reclamaciones de tres organizaciones no gubernamentales (Defensores del Bosque Chileno, Greenpeace Pacífico Sur y Fundación para el Desarrollo de Magallanes o Fide XII) por cuanto estimó que sus aprecisaciones fueron ponderadas por la Corema regional. 

No obstante, nuevos antecedentes remitidos por estas entidades fueron evaluadas por un panel de cuatro expertos que asesoró al Consejo Consultivo de la Conama, entidad que recomendó a los ministros la decisión ayer anunciada. 

Causa de uno de los debates medioambientales más complejos que han tenido lugar en el país, caracterizado por posturas radicales y acciones judiciales, el proyecto Trillium representa una inversión de US$200 millones y su ratificación representa para las autoridades una forma de consolidación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado el grado de dificultad que en determinados momentos ha tenido la búsqueda de los consensos. 

"Por la importancia nacional que ha tenido la discusión del proyecto, creemos que la forma en que se dio la discusión en el país ha asegurado que todas las posiciones, muy encontradas algunas de ellas, estuvieran sobre la mesa y fueran tomadas en consideración -sostuvo Egaña-. Y, al final, se ha dado una certificación ambiental que hay que entenderla como una resolución única y de conjunto". 

En otras palabras, recalcó, "la certificación ambiental se da para este proyecto en el entendido que todas y cada una de las condicionantes planteadas deben estar presentes para la aplicación del mismo". 

REACCIONES 

Si bien ayer para la Conama quedó terminada su labor en la parte resolutiva, las organizaciones contrarias a la iniciativa no parecen conformes. Ya ayer, los diputados de la Bancada Verde Arturo Longton y Guido Girardi anticiparon nuevas acciones legales contra Río Cóndor. 

Una reacción cautelosa tuvo ayer el gerente de forestal Trillium, Edmundo Fahrenkrog, quien puntualizó que la próxima semana recibirán la resolución final, de modo de analizar más detenidamente los diversos aspectos de la ratificación de la viabilidad ambiental. 

Anticipó que se mantendrán inactivos hasta que esté absolutamente resuelta esta instancia, refiriéndose a eventuales recursos judiciales que podrían interponer los opositores a la inversión. 

La gobernadora subrogante de Tierra del Fuego, Marisol Andrade, expresó la alegría de esa comuna por la ratificación de todo el proceso desarrollado por la Corema en Magallanes. 

VERSION DE ONGS 

En tanto, el director ejecutivo de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Magallanes, Fide XII, Eliecer Bahamóndez, afirmó que no emitirá comentarios en torno a la resolución de ayer hasta que disponga de todos los antecedentes oficiales. 

Consultado cuáles serán los pasos que seguirán las organizaciones ecologistas al rechazarse este recurso administrativo, el vocero de Fide XII puntualizó que la posición de esta entidad es clara. El reclamo interpuesto ante la Conama es el último recurso al que acudieron. 

OTROS REQUISITOS 

La resolución del Consejo de Ministros de la Conama también contiene otros numerosos aspectos considerados claves para un adecuado desarrollo del proyecto Río Cóndor. Entre ellos, está la habilitación de una auditoría ambiental independiente, que se tendrá que llevar a cabo durante todo el proyecto, prolongándose incluso hasta la fase de cierre o abandono. 

El propósito de esta auditoría será que los servicios públicos tengan un mecanismo de apoyo al control y seguimiento ambiental. Si se detectan incumplimientos, se aplicarán las sanciones correspondientes. 

En cuanto al plan de corte, se precisa la superficie a intervenir durante los primeros cinco años. En cada período de corta, se cosechará una proporción del 50% de los árboles, lo que, según los técnicos, aseguraría la renovación del recurso y la protección de los suelos. 

No obstante, se puntualiza que en el primer quinquenio, "Trillium no podrá cosechar el 100% de lo autorizado como intervención normal (543.000 metros cúbicos al año). En efecto, durante los tres primeros años, sólo podrá intervenir el 63%; el año 4, el 81%; y el año 5, el 94%". 

Según la resolución, este período de marcha blanca, "en que el nivel de corta estará bajo el nivel que el modelo de cosecha señala como sustentable, permitirá corroborar, en forma precautoria, la superficie a cosechar, en base al comportamiento real del bosque" 

Dado que es incompatible la coexistencia de una sobrepoblación de guanacos con el bosque de lenga, en la decisión se establece la obligación para el Ministerio de Agricultura de diseñar en los próximos 60 días una política de manejo de esta especie animal, estrategia que la firma forestal deberá poner en marcha obligatoriamente en los predios de su propiedad. 

La empresa debe habilitar, asimismo, un extenso plan de seguimiento y monitoreo, que incluye el control de variables como paisaje, meteorología, hidrología, fauna acuática y terrestre, biodiversidad, parámetros forestales, suelo, arqueología y sustentabilidad. 

Asimismo, tendrá que fijar zonas de protección permanentes de bosques, las que no podrán ser intervenidas bajo ningún concepto. 

Se ilustró este último requisito señalando que las riberas de los ríos y esteros así como las orillas de los humedales no serán tocadas, para proteger los recursos hídricos y su fauna asociada. 

A ello se une la obligación de establecer reservas biolígicas por una superficie no menor a 10.000 hectáreas. 

Sin embargo, uno de los puntos relevantes está también en la presentación que Trillium tendrá que hacer de planes forestales previo a la intervención de cada superficie. Estos planes se revisarán tomando en cuenta el pleno cumplimiento de las condiciones de la resolución ambiental y deben estar listos antes que parta el inicio de las zonas de explotación. 

Otra de las principales condicionantes consiste en la protección de todos los sitios con valor arqueológico, respecto de los cuales la firma deberá cumplir con las medidas de rescate, registro y preservación de todos los sitios arqueológicos presentes en su propiedad. 

DESARROLLO 

Si bien con la certificación ambiental, finaliza una fase de desarrollo del proyecto, lo cierto es que en la práctica no implica el término del tema. Ayer, el director de la Conama reconoció que están preparados para una eventual arremetida ante los tribunales por parte de los opositores a la iniciativa. 

Hay otro aspecto complejo para la ejecución de la inversión: la campaña que distintas entidades ecologistas efectúan a nivel internacional. El pasado 16 de abril, Greenpeace de Chile, Argentina y Estados Unidos anunciaron el comienzo de una campaña internacional conjunta de boicot contra el proyecto. 

También está pendiente la realización de una sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir la inversión. Esta reunión fue pedida el pasado 4 de mayo por la fundación Terram, a cargo del economista Marcel Claude. 

La empresa forestal desarrollará su inversión de US$ 200 millones acogiéndose a los beneficios tributarios de la Ley Navarino, vigente en la comuna de Timaukel, Tierra del Fuego. 

Sin embargo, mientras el proyecto no entre a su fase productiva, para recién generar sus recursos, no habrá recepción de otros beneficios. La Trillium aún no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto industrial, el que también deberá someterse a los análisis de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.