En estos ilícitos, de acuerdo con los testimonios que chequeó este medio, habría estado implicado más de un dirigente aborigen del Norte salteño. Las tramitaciones ilícitas de los DNI se valieron de la ley 7.188, que dispuso un marco de amnistía entre 2002 y 2003 para que aborígenes indocumentados regularizaran su situación. "Lamentablemente, hemos podido detectar que los mismos dirigentes aborígenes venían al Instituto a pedir certificados, traían las listas y después el documento era entregado a ciudadanos bolivianos a cambio de dinero", sostuvo el interventor del IPPIS. El Tribuno (Salta), 31 de agosto de agosto de 2004.

Dirigentes indígenas se valieron de una ley de amnistía que rigió entre 2002 y 2003 para lucrar con ciudadanos bolivianos a los que hicieron pasar por aborígenes salteños en tramitaciones de documentos argentinos.
La denuncia de un joven tartagalense sacó a luz uno de estos casos, en el que una mujer oriunda del vecino país obtuvo un documento nacional de identidad (DNI) aparentando haber nacido en la misión 9 de Julio, de la etnia aba guaraní, en ciudad cabecera del departamento San Martín.

A partir de declaraciones contenidas en una denuncia que Néstor Raúl Larrosa, vecino del barrio Belgrano de Tartagal, presentó el pasado 16 de abril en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional, este diario pudo confirmar ayer que una mujer inscripta en la provincia boliviana del Gran Chaco como María Rosario Casasola Jurado, de 28 años, obtuvo a mediados del año pasado un DNI como supuesta argentina del mismo nombre, aunque sin el segundo apellido.

Desde el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), ex Instituto Provincial del Aborigen (IPA), uno de los actuales interventores, Oscar Valdiviezo, lamentó las irregularidades con las que Hernán Justiniano y otros dirigentes aborígenes de la zona posibilitaron que un número aun no determinado de ciudadanos bolivianos accediera a documentos argentinos mediante falsos testimonios vertidos en declaraciones juradas.

Según la denuncia, Larrosa conoció a Casasola Jurado a fines de 2001. "Ella trabajaba como empleada doméstica del (actual asesor legal de la Municipalidad de Tartagal) procurador Gustavo Cardozo, pero como me dijo que lo que ganaba no le alcanzaba para pagarse un alquiler, le presté una pieza en mi casa", señala la presentación.

Larrosa manifestó que en mayo de 2003 la mujer comenzó a ser frecuentada por Hernán Justiniano, un dirigente aborigen vinculado con el IPA.
Sobre el motivo de estas visitas, el denunciante manifestó que Casasola Jurado "me dijo que Justiniano le reservaba turnos con antelación para que ella se presentara en las oficinas del Registro Civil para realizar el trámite con el objeto de adquirir su documento argentino".

Más adelante Larrosa agrego qué "por curiosidad le pregunté cómo era el trámite, a lo que ella me explicó que el señor Justiniano le decía cuándo tenía que presentarse en las oficinas para realizar el trámite correspondiente, a cambio de una suma de dinero que no quiso precisarme. Me comentó que en esa oficina se recibían periódicamente documentos para ser distribuidos entre los aborígenes, y de los cuales una determinada cantidad eran destinados para bolivianos a cambio de dinero".

En estos ilícitos, de acuerdo con los testimonios que chequeó este medio, habría estado implicado más de un dirigente aborigen del Norte salteño. Las tramitaciones ilícitas de los DNI se valieron de la ley 7.188, que dispuso un marco de amnistía entre 2002 y 2003 para que aborígenes indocumentados regularizaran su situación.

Junto a su denuncia, Larrosa entregó en el Escuadrón 52 de Tartagal la fotocopia de una cédula de identidad perteneciente a María Rosario Casasola Jurado. Según el documento emitido en la República de Bolivia, la joven nació el 5 de julio de 1.976 en el pueblo de Itaú, provincia de Gran Chaco. Al momento de recibir la cédula, la joven acreditaba residencia en la localidad de Yacuiba como estudiante.

Esta documentación fue entregada a Gendarmería Nacional hace cuatro meses. Según Larrosa, fue recepcionada por el primer alférez Carlos Alberto Rivero, sin que hasta el momento haya sido citado a ampliar su declaración ni en el Escuadrón de Tartagal ni en la Justicia Federal.

Indignación en el IPPIS

Oscar Valdiviezo, uno de los actuales interventores del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), ex Instituto Provincial del Aborigen (IPA), ofreció un valioso testimonio sobre las irregularidades que Néstor Larrosa, joven vecino de Tartagal, denunció con los DNI.

Valdiviezo dijo que, efectivamente, desde el organismo que representa a las comunidades aborígenes de la provincia de Salta se habían detectado irregularidades en la entrega de documentos de identidad.
El dirigente recordó que hace un par de años se sancionó una ley de amnistía para que los aborígenes indocumentados pudieran acceder a su DNI. Explicó que el rol del Instituto que representa a los pueblos indígenas era requerir a cada comunidad un listado de los hombres, mujeres y niños que se encontraran indocumentados. Quien hacía ese listado oficiaba de testigo, sumado al cacique de la comunidad.

Una vez que tenían esa lista, el Instituto les entregaba un certificado de pobreza con el cual se completaba el trámite en el Registro Civil de Tartagal.
"Lamentablemente, hemos podido detectar que los mismos dirigentes aborígenes venían al Instituto a pedir certificados, traían las listas y después el documento era entregado a ciudadanos bolivianos a cambio de dinero", sostuvo el interventor del IPPIS.

Valdiviezo recordó que "quien se vio envuelto en un serio problema fue el dirigente guaraní Juan Carlos Yaguari, porque él entregó certificados a otro dirigente aborigen de Salvador Mazza que le trajo una lista de nombres que supuestamente eran de varias familias de una comunidad. Después, cuando lo citaron del juzgado a comparecer, nos dimos con que la mayoría de los documentos eran para bolivianos, no para aborígenes argentinos".

El responsable del Instituto de asuntos indígenas también recordó que Hernán Justiniano, quien fue denunciado por Néstor Larrosa, "es un aborigen de la comunidad 9 de julio de Tartagal. Efectivamente, él era una de las personas que solía ir a la oficina a pedir certificados y llevaba los listados para tramitar los documentos no solamente de su comunidad sino también de otras familias. Lamentablemente, a cambio de dinero estos hermanos son capaces de hacer cualquier cosa", acotó Valdiviezo.
 
 

©1995 - 2004 El Tribuno

Enlace al artículo original.