proyecto de ley que prevé regir en el futuro los destinos del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta está siendo estudiado con detenimiento en el Gobierno y se calcula que podrá ingresar a la Legislatura provincial el mes próximo. El instrumento contempla modificaciones de fondo en la estructura de la conducción del organismo aborigen y pretende otorgar claridad al destino de los fondos con que se financian la administración y los proyectos del ente. Cabe recordar que el lunes habían arribado a esta capital diferentes grupos de aborígenes, unos para apoyar las reformas y otros para pedir que se anule la intervención decretada a principios de este mes. El Tribuno (Salta), 23 de octubre de 2003. 

Un proyecto de ley que prevé regir en el futuro los destinos del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) está siendo estudiado con detenimiento en el Gobierno y se calcula que podrá ingresar a la Legislatura provincial el mes próximo.

El instrumento contempla modificaciones de fondo en la estructura de la conducción del organismo aborigen y pretende otorgar claridad al destino de los fondos con que se financian la administración y los proyectos del ente. Fuentes bien informadas adelantaron a El Tribuno que "la nueva ley será un instrumento que consensuará lo explicitado respecto de comunidades originarias en las constituciones Nacional y Provincial, con aspectos puntuales de la legislación mexicana en la materia, adaptados a las necesidades y la idiosincrasia de los pueblos autóctonos de nuestra provincia".

Así, por ejemplo, está siendo discutido un punto considerado vital en la nueva norma: la designación, por parte del Gobierno provincial, de un miembro en el Consejo Directivo, que incluso podría llegar a ocupar el cargo de director general, o presidente, de ser el caso. También se incluyen en el proyecto las modificaciones a la ley 7.121 enviadas a la Legislatura mediante decreto de necesidad y urgencia por el Gobierno.

Tales cambios obligarían a la dirigencia del IPPIS a introducir sus proyectos en el presupuesto general del Estado. "Esto traerá aparejado un mejor control gubernamental de los recursos del IPPIS y se evitarán problemas de financiamiento a iniciativas correspondientemente avaladas", confiaron los portavoces.
 

Sin tratamiento

Por otra parte, el decreto enviado por el Gobierno a la Legislatura provincial, que se esperaba sea tratado en la sesión del martes pasado, pasó nuevamente a comisión y no hay certezas sobre la fecha en que podría ser considerado en el recinto.

Cabe recordar que el lunes habían arribado a esta capital diferentes grupos de aborígenes, unos para apoyar las reformas y otros para pedir que se anule la intervención decretada a principios de este mes. Entre el grupo que apoyan al intervenido presidente de la institución, Emilio Díaz, se encontraban Julio Díaz, wichí de Rivadavia y otros dirigentes del departamento San Martín, quienes el martes tuvieron un cruce de palabras con el secretario de Gobierno, Raúl Medina, en las dependencias oficiales del IPPIS, España 1.349.

Allí, en un marco un tanto agitado, el funcionario atendió los reclamos del sector disidente pero todo quedó en la nada, ya que coincidieron en que debe ser la Justicia la que dictamine acerca de la intervención que pesa sobre el Instituto Indígena.

Por otra parte, cabe mencionar que al Grand Bourg arribaron en los últimos días, alrededor de una decena de cartas, de casi un centenar de comunidades de toda la provincia, en las que los caciques de Orán, San Martín y Rivadavia manifiestan su conformidad con la intervención y defenestran el accionar de Emilio Díaz al frente del IPPIS.
 

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