El 17 de septiembre a las ocho de la noche, unos 50 policías sin orden judicial desalojaron a los golpes a 150 aborígenes que vivían, en sus casitas de troncos en La Loma, cerca del pueblo salteño Hipólito Irigoyen. Silvia Cañanima, de la comunidad Ava Guaraní, no estaba allí de pura casualidad. Se enteró cuando todo estaba ocurriendo y corrió con una cámara de fotos para registrar lo que ocurría. Ella sabía, por su militancia social, que ese tipo de testimonio podría servirle paradenunciar los abusos. “Pude fotografiar a los policías de civil y a la gente golpeada. Mi padrastro fue el más afectado, le quebraron las costillas”, repasa. Eso le valió aprietes y amenazas posteriores de policías, que la agarraron en la calle y le advirtieron que no buscara más pruebas o de lo contrario también la arrestarían. “Llevaron a todos detenidos, incluso a mujeres y niños, y salvo los menores quedaron todos presos durante cinco semanas”, denuncia. Silvia, de 21 años, cuenta que la gente expulsada ahora está viviendo “en casas de blancos que les ofrecieron un lugar en el pueblo”. La Loma, el lugar donde tres comunidades indígenas vivieron siempre, dedicados a la siembra y cría de animales y artesanías, está prácticamente desolada. “Un empresario norteamericano, del Ingenio El Tabacal, quiere la zona para plantaciones de caña de azúcar. Además de que es un lugar nuestro, es muy bonito y bastante turístico”, dice. Silvia estaba construyendo su propia casa allí donde ocurrió el desalojo. Mientras tanto seguirá viviendo con sus abuelos, cinco hermanos y los tíos. “Ultimamente comemos día por medio”, dice con increíble naturalidad. 

En Colonia Alberdi, en Misiones, hace algunos años nadie quería salir a vender lo que producía en sus chacras. “Había temor a exponer la producción en una feria, y sobre todo había miedo en las mujeres a no ser bien vistas, a enfrentarse con la sociedad”, dice Susana Benedetti, de 52 años, pequeña productora de la zona y vieja militante del Movimiento Agrario de la provincia, detenida siete años y medio durante la dictadura militar por su pertenencia, también en la iglesia del tercer mundo. Susana cuenta que la crisis económica de los últimos años llevó a campesinas y campesinos a echar mano a todos los recursos. “La primera feria se armó en Oberá y actualmente hay otras en más de 32 localidades misioneras, algunos incluso abastecen a comedores escolares”, señala. Susana, una mujer robusta, de pelo corto rubión y anteojos con marco dorado, es hija de agricultores italianos inmigrantes y tiene 14 hermanos. Es entrerriana, pero fue a parar a tierra misionera “por cuestiones de amores”, recuerda. “Ahora estoy separada y tengo mi propia chacra. Produzco yerba, hortalizas, mandioca, tengo pollos y elaboro lácteos. Vendo en la feria franca”, detalla. De todos modos, dice que tiene mucha energía puesta en el movimiento campesino y en el trabajo con las mujeres puntualmente. “Estamos tratando de frenar los desalojos, que han sido muy fuertes sobre todo en la zona de El Soberbio y han afectado a las comunidades aborígenes cercanas a Iguazú. 
Por otro lado, es gravísima la contaminación y las consecuencias para la salud. En Misiones la gente toma agua de la vertiente contaminada por insecticidas y herbicidas. Estamos detectando innumerables casos de malformaciones y cada vez más de leucemia que, al parecer, están relacionados con eso”, puntualiza. Susana tiene, además, una fuerte apuesta para conseguir, como mujer campesina, un seguro social y una jubilación. 

Desde chiquita, Cristina Juárez, una tucumana de 46 años, pelo encrespado y blusa amarilla de bambula, aprendió de su papá los secretos del cultivo del tabaco. Hubo un tiempo en que, además, les enseñaba a leer y escribir a sus vecinos y a algún que otro familiar, apenas con lo que ella había aprendido en la escuela primaria. La secundaria no la hizo, porque el colegio quedaba a 20 kilómetros de su casa. Durante su juventud, pasaba todo el día en “el cerco”, trabajando para un patrón y cuando al atardecer volvía a su casa, se cortaba un trozo de tortilla, encendía el candelero y esperaba a sus “alumnos”. “No teníamos luz, así que hacíamos la clase en la penumbra, escuchando en mi radio a transistores las lecciones de un programa de alfabetización. Para mí era dar un servicio”, recuerda. Cristina pasa suavemente sus dedos delgados por unas manchas tenues que tiene en la cara, los brazos y el escote. “Las tengo de tanto fumigar manualmente. Lo hago porque de lo contrario, no logramos que crezca nada. Sabemos que no hace bien, incluso por causa de las fumigaciones aéreas todos los años entre diciembre y enero un centenar de nuestros pobladores terminamos internados por intoxicación. Siempre vuelve a pasar lo mismo. En mi caso, además de problemas de piel tengo de estómago”, dice, resignada. Alguna vez, cuenta, intentó cambiar de rubro. “Probé con producción de pollos, huevos y hortalizas, pero no rendía”, explica. En 1984, repasa, se organizó en una cooperativa con otras tres mujeres y un varón. La llamaron Cooperativa El Sacrificio. “Veíamos que otros grupos lo hacían y habían logrado desprenderse de los patrones. Llevó tiempo hasta que conseguimos nuestra primera hectárea, hoy tenemos tres y un mercado que nos compra”. Los ingresos, aclara, son igualmente fluctuantes y para ella, que mantiene a sus padres, a una hermana y sus sobrinas, con frecuencia el mes se hace cuesta arriba. Cristina nunca se casó. “No se me cruzó por la mente.”

Cándida Fernández, de 53 años, y Eugenia Jiménez, de 50, son vecinas en la Colonia Loma Senés, en Formosa, y compañeras del Movimiento Campesino Formoseño (Mocafor). Hasta fines de los ‘90 vivían del cultivo de algodón, pero la caída de los precios las obligó a buscar otras estrategias de supervivencia. Comenzaron a sembrar mandioca, batata, maíz, poroto, zapallo, morrones y cebolla y a elaborar lácteos. Lo que obtienen lo destinan para autoconsumo y el excedente lo venden en la feria franca de Pirané. “Veníamos notando que la producción no rendía como antes. Y el 2 de febrero tuvimos una sorpresa: nuestras plantas amanecieron todas caídas. Nos picaban los ojos y nos salieron ronchas. Algunos vecinos tuvieron diarrea, dolores de cabeza terribles y hasta hemorragia nasal. En los campos linderos, donde se produce soja transgénica, habían usado una mezcla, un veneno, para matar la soja guacha (la que queda después de la cosecha) y lo habían pulverizado sin tener en cuenta que había tormenta con viento norte”, detalla Cándida, de pelo corto, piel curtida y voz bajita. Ni la policía ni nadie les recibía la denuncia. Ningún organismo público quería intervenir y terminaron golpeando la puerta de la casa del intendente, que tampoco hizo demasiado. Recién a fines de marzo consiguieron que una jueza prohibiera por seis meses a la empresa ANTA la fumigación con glifosato, “una sustancia a la que sólo es resistente la soja transgénica”, dice Cándida. En septiembre, protesta, volvieron a fumigar. Mientras los campesinos de Lomas Senés esperan una resolución dela Cámara de Apelaciones, que aún no llega, están sin poder producir casi nada. “Casi no tengo ingresos. Me las rebusco porque tengo vacas lecheras y granja, entonces hago queso y vendo huevos. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana y ordeño mientras mis hijas limpian la casa. A pesar de mis esfuerzos y los de mi marido tuvimos que pedir un plan social”, dice Eugenia, con pelo ondulado, ojos verdes y cara aniñada. Cándida cuenta que entre los vecinos se las arreglan también haciendo trueque y que ella consigue otro pequeño ingreso trabajando como cocinera de la escuela de la zona. “Sembrar y cocinar es lo que sé hacer”, comenta. Ante los avatares, además, las mujeres de la colonia se las ingeniaron para montar un proyecto productivo de elaboración de harina de maíz y alimento balanceado. Consiguieron una máquina multiuso y, en estos días, ante una mínima recuperación, la están pudiendo estrenar y está a disposición de todos los vecinos.