La justicia desestimó una causa penal -por presunto "genocidio" de indígenas- contra el Reino de España, aunque ordenó que se tomen "todas las medidas políticas, económicas y culturales que tengan por objeto determinar la verdad de lo ocurrido durante el proceso de conquista de las Américas por parte de la Corona Española". Es un "deber del Estado" arbitrar "todas las medidas políticas, económicas y culturales que tengan por objeto determinar la verdad de lo ocurrido durante el proceso de conquista de la Américas por parte de la Corona Española", afirmó el juez Torres en una resolución de cuatro carillas. Por ello -luego de desestimar la acción penal- el magistrado dispuso que se extraigan testimonios y se los remita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación para que esos organismos procuren dar las respuestas que los descendientes de aquellos aborígenes reclaman. El Día (Buenos Aires), 30 de diciembre de 2003.

"Es innegable el derecho que le asiste a los descendientes de aquellos aborígenes que poblaron el territorio de nuestro país a conocer la verdad de los hechos ocurridos, derivado de nuestra Constitución y de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", dijo el juez federal Sergio Torres.

El magistrado explicó previamente que "nuestros ordenamiento jurídico procesal vigente no prevé un procedimiento penal que tenga otro fin que el de comprobar la materialidad de un delito y juzgar a sus responsables" al responder a una iniciativa del fiscal Eduardo Freiler que reclamó que se hiciera un "juicio por la verdad" basado en aquellos episodios.

Sin embargo es un "deber del Estado" arbitrar "todas las medidas políticas, económicas y culturales que tengan por objeto determinar la verdad de lo ocurrido durante el proceso de conquista de la Américas por parte de la Corona Española", afirmó el juez Torres en una resolución de cuatro carillas.

Por ello -luego de desestimar la acción penal- el magistrado dispuso que se extraigan testimonios y se los remita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación para que esos organismos procuren dar las respuestas que los descendientes de aquellos aborígenes reclaman.

En su oportunidad el fiscal Freiler -quien junto a su colega Federico Delgado interviene, entre otras causas, en la investigación por los sobornos en el Senado- había afirmado que "en relación a la conducta asumida por los enviados españoles, no cabe duda del verdadero genocidio que tuvo lugar en América con la llegada de los conquistadores" hace más de 500 años.

En aquel dictamen de doce carillas el fiscal realizó un amplio análisis histórico del proceso de conquista de América y el status jurídico que tuvieron sus pobladores con el devenir del tiempo y afirmó que "millones de personas perdieron la vida en batallas manifiestamente desiguales, donde rudimentarias lanzas y flechas se enfrentaban sin chances a la pólvora europea".

La acción penal (finalmente desestimada) contra el Reino de España por "genocidio", entre otros delitos de "lesa humanidad" la había interpuesto el abogado Enrique Adalberto Piragini, un profesional habituado al planteo de mediáticas denuncias.
 

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