“Si el jueves no hay respuesta vendremos con gasoil en el cuerpo para hacer la lucha con quien corresponda”, afirmó Indalecio Calermo quien marchó ayer al Centro Cívico Grand Buorg, donde funciona la casa de gobierno, junto a un grupo de indígenas que llevaba palos y sus caras pintadas de negro. Estos indígenas, que semanas atrás protagonizaron una serie de cortes de la ruta nacional 34, en Tartagal, piden el cumplimiento de un petitorio presentado el 20 de mayo de 2001, planes Jefas y Jefes de Hogar, y la propiedad definitiva de 36 mil hectáreas de tierras fiscales. La amenaza de inmolar gente provocó la reacción del gobierno provincial, que radicó una denuncia por el delito de “extorsión agravada”. La Gaceta (San Miguel de Tucumán), 23 de septiembre de 2002.
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La Gaceta (San Miguel de Tucumán), 23 de septiembre de 2002.
Marcharán
a la capital provincial.
Indígenas quieren inmolarse en Salta
Un grupo de más de 400 aborígenes de distintas comunidades de la zona de Tartagal, del norte de Salta, que llegaron a la capital provincial para pedir por la propiedad de tierras y otros reclamos, amenazaron primero con inmolar a mujeres y a niños, y luego con quemarse todos, si no reciben respuestas positivas.
“Si el jueves no hay respuesta vendremos con gasoil en el cuerpo para hacer la lucha con quien corresponda”, afirmó Indalecio Calermo quien marchó ayer al Centro Cívico Grand Buorg, donde funciona la casa de gobierno, junto a un grupo de indígenas que llevaba palos y sus caras pintadas de negro.
“Se ha redoblado la amenaza, porque primero pedían sacrificar a mujeres y niños, pero ahora los muchachos están pidiendo la muerte de todos, y a eso lo vamos a resolver en asamblea”, añadió, aunque admitió que en principio “vamos a esperar hasta el jueves”.
Calermo es un cacique wichi que lidera
este grupo de aproximadamente 400 aborígenes de distintas etnias
que llegó a la ciudad de Salta el domingo pasado.
Cortes de ruta
Estos indígenas, que semanas atrás protagonizaron una serie de cortes de la ruta nacional 34, en Tartagal, piden el cumplimiento de un petitorio presentado el 20 de mayo de 2001, planes Jefas y Jefes de Hogar, y la propiedad definitiva de 36 mil hectáreas de tierras fiscales.
Los manifestantes se negaron a conformar
una comisión para ingresar a la Casa de Gobierno. La amenaza de
inmolar gente provocó la reacción del gobierno provincial,
que radicó una denuncia por el delito de “extorsión agravada”.
El ministro de Gobierno de Salta, Osvaldo Salum, dijo que “estamos ante
un caso de extorsión agravada, dirigida al gobierno de la provincia
para obtener cosas“ y repudió la metodología. Salum dijo
que Calermo pretende con esta actitud acceder a la presidencia del Consejo
Indigena, para administrar más fondos.
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