El 4 de abril de 2002, el apoderado de la Comunidad Hoktek T´oi, el antropólogo John Palmer se dirigió por nota a la Coordinadora del Registro Civil de Salta a efectos de solicitar se otorguen documentos de identidad a numerosos hermanos que carecen de Documento Nacional de Identidad. Palmer informa que “las comunidades en cuestión son todas sumergidas en una situación de pobreza tal que sus miembros no disponen de los medios para cumplir con los trámites del Registro Civil. Por lo tanto es imprescindible que sean el objeto de un operativo documentario que les brinde la asistencia necesaria para regularizar su situación. Equipo de Pueblos Indígenas (Buenos Aires), 16 de septiembre de 2002.
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Equipo de Pueblos Indígenas
(Buenos Aires), 16 de septiembre de 2002.
Conflicto cultural de las comunidades wichi de ruta 86 (Dto. San Martín) en Salta
El 4 de abril de 2002, el apoderado
de la Comunidad Hoktek T´oi, el antropólogo John Palmer se
dirigió por nota a la Coordinadora del Registro Civil de Salta a
efectos de solicitar se otorguen documentos de identidad a numerosos hermanos
que carecen de Documento Nacional de Identidad.
La nota fue respondida el 17 de mayo informando que el “Operativo Documentario 2002” dispuesto por la Dirección general del Registro Civil y Capacidad de las Personas fue suspendido por razones “presupuestarias”.
La solicitud es reiterada por nota del 22 de julio donde Palmer informa que “las comunidades en cuestión son todas sumergidas en una situación de pobreza tal que sus miembros no disponen de los medios para cumplir con los trámites del Registro Civil. Por lo tanto es imprescindible que sean el objeto de un operativo documentario que les brinde la asistencia necesaria para regularizar su situación.
El 16 de agosto se le hace llegar al Registro una nómina de los hermanos wichí indocumentados, solicitando además la extensión de informes negativos a nombre de los interesados. Solicita el envío de una comisión operativa al lugar.
Por fin un funcionario del registro civil señor Marocco se hace presente en las inmediaciones del km.18, cercano a las comunidades de Pacará y Tonono, donde se registraron graves atropellos a los miembros de las comunidades y sus autoridades, quienes tuvieron que correr atrás del automóvil del funcionario para lograr que al menos los escuchen, que son indocumentados y que necesitan ese mínimo respaldo jurídico, un DNI no extendido a principios del tercer milenio, y que hace a las relaciones entre el estado argentino y sus administrados.
Según lo que informaron en ese entonces los funcionarios del Registro Civil, solo iban a permanecer dos horas en cada comunidad, lo cual resulta una burla a la pretendida intención de regularizar la situación en esa jurisdicción de Tartagal. Así fue denunciado por nota de fecha 26 de agosto de 2002 en nota dirigida por la apoderada de la comunidad al Ministro de Gobierno de la provincia de Salta.
Lo increíble y paradójico es que, pese el incumplimiento por parte del Registro Civil de documentar a los ciudadanos, y del hecho de que los hermanos wichí concurrieron al operativo a pie caminando en muchos casos kilómetros, los funcionarios Ricardo Edgardo Guzmán y Robustiano Héctor Ruiz, denunciaron a los líderes de las comunidades de Pacará y Tocono (Cabana y Basualdo ) expresando que a las 14,30 “se quedaron sin formularios” por lo que decidieron regresar a Tartagal. Allí, según su relato los indígenas les “impidieron su retirada”, según ellos bajándolos por la fuerza de sus vehículos. También denunciaron que esta “acción” fue impulsada por el apoderado de la Comunidad Jhon Palmer. De la propia exposición de sus hechos sostienen que los aborígenes les exigían que permanecieran en el lugar hasta que arribaran indocumentados que venían caminando desde alejados parajes de la región.
En Tartagal realizaron la denuncia por “privación ilegítima de la libertad” con los líderes indígenas mencionados y contra Palmer.
El diario El Tribuno, propiedad del funcionario colonial Juan Carlos Romero, Gobernador de Salta y actual precanditado a la Presidencia de la Nación bajo el lema “Por una Nueva Argentina” tituló el hecho “Indígenas tomaron rehenes en el Norte” calificando a Jhon Palmer de “súbdito inglés” o “el británico”.
Cabe preguntarse en realidad, que es lo que trasluce todo este hecho. En primer lugar la intención de judicializar denunciando a los indígenas y a sus representantes legales, el incumplimiento de la obligación del Registro Civil de extender documentos de identidad. ¿Cómo puede comprenderse sino es en el negligencia y la discriminación que numerosos hermanos wichí no puedan acceder a su documento de identidad?.
En segundo lugar, la tergiversación de la información del diario El Tribuno que habló de “rehenes” cuando en realidad se trató de una negociación por un conflicto cultural originado en la falta de respeto de los funcionarios estatales hacia las comunidades wichí que caminando se acercaban a que DE UNA VEZ POR TODAS, el estado cumpla con sus obligaciones.
Es inexacto que la Comisión del Registro Civil se hubiera quedado sin formularios, ya que las propias comunidades por intermedio de sus representantes los habían conseguido previamente con esfuerzo y recursos propios. La única intervención del antropólogo Jhon Palmer fue interceder ante el funcionario Ruiz para que se labre un acta en donde el Registro se comprometa en seguir trabajando al otro día. Acta que se suscribió y permitió solucionar el conflicto. Con fecha 28 de agosto el señor Carlos Alberto Méndez, Jefe de Sección de la Delegación Tartagal del Registro Civil, informa por nota a los representantes de as comunidades aborígenes que se confirma el OPERATIVO DOCUMENTARIO (COMPLEMENTARIO) a partir del 31 de agosto y sucesivamente los días sábados, quedando a cargo de as comunidades coordinar un cronograma o turno de atención. Ello para las comunidades de Tonono, Kilómetro 18 (Hoktek T´oi), Paraje Montevedeo, Arenales y Misión El Paraíso.. Una segunda etapa se realizará en Km. 6 y Misión La Mora.
El acto discriminatorio tanto de los funcionarios estatales como del Diario El Tribuno, nos debe mover a la reflexión en orden a poner de relieve que si los indígenas salteños, numerosísimos por cierto, no fueran ciudadanos de segunda, tanto en la provincia como a nivel nacional, estos sucesos no existirían. También, que la descalificación a Jhon Palmer, cuyo compromiso con el pueblo wichí conocemos, descalificándolo con argumentos xenófobos y chauvinistas, no deja dudas de que, quien verdaderamente acompaña a los wichí es el, los asesora ante estos atropellos, haciendo lo que los funcionarios estatales deberían hacer y por cierto, a lo largo de toda la historia independiente de la Argentina, NO HAN HECHO.
Nuestra solidaridad con Jhon y los hermanos denunciados.
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Equipo de Pueblos Indígenas
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