Las autoridades y los indígenas deliberaron en duros términos por espacio de más de tres horas, hasta que se arribó al acuerdo descripto más arriba. De esta forma se destraba un conflicto que tuvo amplia repercusión en toda la provincia, ya que en los momentos más álgidos Calermo amenazó con inmolar algunos integrantes de su pueblo, con el pretexto de que era la única forma de que sus reclamos sean escuchados. Esto le valió al cacique el inicio de acciones penales en su contra bajo el cargo de extorsión agravada, causa que se sustancia en el juzgado de instrucción a cargo de Esteban Dubois. El Tribuno (Salta), 24 de octubre de 2002. 

El Tribuno (Salta), 24 de octubre de 2002.

Firmaron ayer un acta en la Legislatura.
 

Ayer por la tarde, en el despacho del senador provincial por Rivadavia, Mashur Lapad, se firmó el acta que solucionó el conflicto planteado por aborígenes del norte de Salta, que reclamaban tierras para sus comunidades y tener parte en la conducción del Instituto Para los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

En el escrito los aborígenes se comprometen a no realizar nuevos cortes de ruta ni otras medidas de fuerza y retornar a la ciudad de Tartagal para esperar la presencia del ministro de Gobierno, Osvaldo Salum, comprometida para el próximo lunes, quien junto a técnicos de la Dirección de Inmuebles analizarán in situ la cartografía de los lotes fiscales Nº 4 y 5.

También se menciona en el acta que en la misma fecha podrán suscribir la escritura traslativa de dominio del lote Nº 4, otorgado por decretos 1326 y 1992 del año 2000. Cabe destacar que la escritura se otorgará como título único para las comunidades, haciendo los aborígenes reserva de su derecho a pedir posteriormente la subdivisión del mismo.

Otro punto a destacar del compromiso firmado ayer es que los indígenas presentes en la reunión aceptaron la nueva integración de la mesa de vocales del IPPIS, siempre que se encuentre el modo de que los sectores no representados puedan tener participación en la estructura del organismo. También quedó estipulado que las autoridades analizarán junto a los aborígenes nuevas formas de elección de la conducción del Instituto para el futuro, reconociendo además la validez de lo actuado por el interventor Claudio Báez.

En el mismo acto, los caciques presentes recibieron copia de la cédula parcelaria correspondiente a la matrícula 17.452 del departamento San Martín, así como del plano de mensura correspondiente.

A la reunión asistieron la senadora nacional Sonia Escudero; el senador provincial Mashur Lapad; el diputado por Rivadavia, Pablo Nieto; el secretario de Gobierno de la Provincia, Raúl Medina y una docena de jefes de diversas etnias, encabezados por el dirigente de la comunidad La Mora, de Tartagal, Indalecio Calermo.
 

Ardua deliberación

Las autoridades y los indígenas deliberaron en duros términos por espacio de más de tres horas, hasta que se arribó al acuerdo descripto más arriba. De esta forma se destraba un conflicto que tuvo amplia repercusión en toda la provincia, ya que en los momentos más álgidos Calermo amenazó con inmolar algunos integrantes de su pueblo, con el pretexto de que era la única forma de que sus reclamos sean escuchados.

Esto le valió al cacique el inicio de acciones penales en su contra bajo el cargo de extorsión agravada, causa que se sustancia en el juzgado de instrucción a cargo de Esteban Dubois. El magistrado había dictado orden de detención contra Calermo en las últimas horas del martes, lo que finalmente no se cumplió.

Al concluir la reunión de ayer, los aborígenes manifestaron satisfechos su intención de emprender anoche mismo el regreso, lo que ocultaba un interés económico. Sucede que muchos de los que acampaban en el río Arenales son beneficiarios de planes Jefes de Hogar que se comenzaron a pagar el lunes en Tartagal y temen que sean devueltos sin que puedan percibir el aporte.
 

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