Juan Carlos Yaguari (guaraní), Carlos Arias (toba), Oscar Valdiviezo (chané), Federico Romero (tapiete), Antonio López (chulupí) y José Palacios (wichi), suscribieron el acta respectiva y se comprometieron a concluir el proceso de normalización iniciado por la provincia hace pocos meses. El representante chorote, Emilio Díaz, no pudo arribar por haberse retrasado el transporte que lo conducía a Salta, pero está en condiciones de sumarse formalmente a la conducción del Instituto. El único tema que queda pendiente es que la etnia colla elija a su representante. El Tribuno (Salta), 23 de octubre de 2002. 

El Tribuno (Salta), 23 de octubre de 2002.

Falta elegir el representante colla.
 

Los representantes de las etnias guaraní, chorote, toba, chané, tapiete, chulupí y wichí asumieron formalmente ayer como vocales titulares del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), durante un acto celebrado en el Ministerio de Gobierno, que fue presidido por el titular del área, Osvaldo Salum.

De esta forma, Juan Carlos Yaguari (guaraní), Carlos Arias (toba), Oscar Valdiviezo (chané), Federico Romero (tapiete), Antonio López (chulupí) y José Palacios (wichi), suscribieron el acta respectiva y se comprometieron a concluir el proceso de normalización iniciado por la provincia hace pocos meses.

Cabe aclarar que el representante chorote, Emilio Díaz, no pudo arribar por haberse retrasado el transporte que lo conducía a Salta, pero está en condiciones de sumarse formalmente a la conducción del Instituto.

El único tema que queda pendiente para completar la normalización del IPPIS es que la etnia colla, asentada en los departamentos Orán, Iruya y Santa Victoria, elija a su representante. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Raúl Medina, adelantó que ya fueron invitados a elegir su vocal, estimándose que el mes que viene la mesa de conducción estaría completa.

De ahí en más, los vocales podrán elegir un presidente y terminar de conformar la estructura administrativa del Instituto, que tiene una sede permanente en Tartagal y una oficina en el Ministerio de Desarrollo Social de Salta.
El ente contará para su funcionamiento, según lo establecido por la ley provincial 7.121, con el 2 por ciento de la coparticipación que reciba Salta, monto que deberá ser aplicado a emprendimientos productivos y de desarrollo de la infraestructura de las comunidades indígenas.
 

Denuncia penal

El ministro de Gobierno, Osvaldo Salum, manifestó ayer su más enérgico repudio a las amenazas vertidas por Indalecio Calermo ante los medios de prensa, en el sentido de quemar a mujeres y niños aborígenes como forma de presionar al gobierno para lograr sus fines.
"La provincia inició acciones legales contra Calermo por extorsión agravada y será el juez el que determine ahora las medidas a tomar", manifestó Salum, para agregar que "esa no es la forma de actuar ni de buscar el diálogo, porque estamos ante la presencia de un delito penal grave, que como metodología es totalmente repudiable".
El ministro recordó que "siempre estuvimos abiertos al diálogo y atendimos todos los pedidos de los aborígenes, que por otra parte se están implementando o ya están cumplidos".
 

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