Se evidencia la persistente falta de voluntad del estado argentino de hacer prácticos los derechos de los Pueblos Originarios, formalmente reconocidos en la constitución nacional y las constituciones provinciales. A pesar de esta situación el Pueblo Mapuche no deja de dar batalla en el ámbito jurídico, pero este no es su límite, sino que desde los hechos hace valer los derechos conculcados. AIPIN, 7 de julio de 2003. 

AIPIN, Prensa India "Difundiendo presente y sembrando futuro"

El desalojo de la familia mapuche Fermín, ordenado el 1 de julio por el juez de Instrucción de Esquel, José Colabelli, representa un nuevo atentado contra la integridad territorial del Pueblo Mapuche y lesiona sus derechos, como lo denunció la Organización Mapuche Tehuelche 11 de Octubre.

El alcance de la orden judicial excede los límites de la comunidad mapuche Vuelta del Río y la situación de Mauricio Fermín y su familia. Al rechazar la recusación de Colabelli en los casos Fermín/El Khazen y Curiñanco-Nahuelquir/Benetton la Cámara Criminal de Esquel, ratifica que la justicia funciona corporativamente y que, no sólo no está dispuesta a cuestionar a sus miembros, sino que tampoco "lesionará" los privilegios de la clase política local, a la que pertenece José Vicente El Khazen.

Al menos esto es lo que surge al interpretarse la confirmación de Colabelli, juez que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en tres oportunidades y sobre el que pesa un pedido de juicio político en la legislatura provincial, siempre motivados por su desempeño en la causa Fermín.

La insistencia de Colabelli en desalojar a la familia Fermín aumenta aún más la sospecha de que en este caso hay intereses mucho más grandes que el supuesto derecho a la propiedad privada de El Khazen. Derecho que el juez considera superior a los de los Pueblos Originarios. Las exploraciones que pretende realizar en la zona la minera canadiense Teck y los intereses particulares del magistrado en ese rubro explicarían algunas cosas.

Pero más allá de la situación particular de Chubut, se evidencia la persistente falta de voluntad del estado argentino de hacer prácticos los derechos de los Pueblos Originarios, formalmente reconocidos en la constitución nacional y las constituciones provinciales. A pesar de esta situación el Pueblo Mapuche no deja de dar batalla en el ámbito jurídico, pero este no es su límite, sino que desde los hechos hace valer los derechos conculcados.

Muestra de ello es la recuperación territorial llevada adelante por la familia Quintriqueo en Villa La Angostura, que dió lugar a la reconstitución de esa comunidad. O la reconstitución de la comunidad Paichil Antreao, también en la cuenca del Lago Nahuel Huapi.

La reafirmación territorial en el sur neuquino y la lucha contra los desalojos mineros en el noroeste chubutense son sólo algunos signos de la vitalidad creciente del Pueblo Mapuche, que está recuperando su capacidad de resistencia a más de un siglo de la invasión militar del Wallmapuche. Vitalidad que aumenta ante la posibilidad de desalojos.

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