José Bengoa, un estudioso del tema mapuche con varias publicaciones a cuestas, sostiene: "Los problemas reales (conflicto indígena) no se pueden esconder bajo la alfombra, hay que enfrentarlos en términos de diálogo, leyes, etc. Porque existe un gran espacio no regulado, ya que durante muchísimo tiempo estos conflictos se han repetido una y otra vez en el mismo lugar". Bengoa afirma que a partir de esto, es un gran desafío para el nuevo gobierno de Lagos asumir en plenitud el tema indígena. Diario El Sur, 5 de marzo de 2000 

Reportajes

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5 de marzo de 2000

Conflicto mapuche
Un eterno retorno

• Una emboscada a tres brigadistas de la Forestal Mininco en el fundo "Araucanía", (Collipulli) durante la madrugada del sábado 19 de febrero, con fatales resultados... Ataque al fundo "Alaska" cerca de Ercilla... Incendio de la vivienda de Feliciano Cayul, líder reconocido por la Conadi como presidente de la Comunidad Ignacio Queipul Millanao Temucuicui. Suma y sigue. Una escalada de hechos de violencia que a principios de un nuevo siglo, ponen en encrucijada la manera de enfrentar el conflicto mapuche.

Claudia Araneda Fierro

José Bengoa, un estudioso del tema mapuche con varias publicaciones a cuestas, sostiene: "Los problemas reales (conflicto indígena) no se pueden esconder bajo la alfombra, hay que enfrentarlos en términos de diálogo, leyes, etc. Porque existe un gran espacio no regulado, ya que durante muchísimo tiempo estos conflictos se han repetido una y otra vez en el mismo lugar". Bengoa afirma que a partir de esto, es un gran desafío para el nuevo gobierno de Lagos asumir en plenitud el tema indígena. Como lo señaló Lagos al reunirse con comunidades mapuches la semana pasada, "en 50 días se iniciará el camino hacia un nuevo trato, donde participarán no sólo los representantes de los pueblos indígenas, sino también del gobierno y empresarios".

El académico explica que para solucionar el problema hay que superar los intereses contrapuestos existentes entre los actores: los mapuches y sus tres organizaciones, las comunidades; las empresas forestales, los gobiernos locales y el gobierno central. Es fundamental que estos actores encuentren caminos pacíficos para este conflicto, pues el movimiento mapuche es un movimiento social.

Son tres a nivel nacional las organizaciones que lideran el movimiento mapuche, cada una de ellas persigue idéntico fin, pero se diferencian en los mecanismos utilizados para llegar a él.

EL SUR conversó con los tres líderes o voceros de estas organizaciones o movimientos, a propósito del incidente de violencia con características de acto terrorista contra tres brigadistas en que se les imputa una presunta responsabilidad y particularmente sobre la posición que sostienen frente al problema indígena.

Voces mapuches

Aucán Huilcamán (32), el werkén de la organización mapuche Consejo de Todas la Tierras (1989) acerca de la posible participación de miembros de su etnia en la emboscada a los tres brigadistas quemados por bombas Molotov, en el fundo "Araucanía", propiedad de forestal Mininco, señala: "Creo y lo subrayo, que no hay particiapación de mapuches. La naturaleza del hecho indica que se trató de un ‘autoatentado’, porque en un grupo de seguridad los únicos que conocen el movimiento de sus integrantes son ellos mismos. Ello significa que ninguna comunidad mapuche pudo haber conocido el movimiento de los brigadistas de Mininco en esa oportunidad". Huilcamán cree que las características de este atentado obedecen a conocimientos tácticos y de códigos militares, además de ciertas directrices y manuales de seguridad, puesto que a su juicio las personas que integran un grupo de seguridad no son personas "sueltas" ni que se expongan. "Yo conozco cómo funcionan los grupos de seguridad, pero también conozco a mi gente y no podrían hacer eso". Indica que su organización no necesita realizar actos de presión frente a estos atentados, porque "las empresas están imponiendo métodos sucios, se trata de una guerra sucia, estrategias maquiavélicas con los mapuches".

Por su parte el alcalde de Tirúa Adolfo Millabur (33) -único edil mapuche-, no se considera un vocero de la Identidad Lafquenche y por este motivo él habla como Adolfo Millabur, un colaborador de la causa lafquenche. En este sentido subraya terminantemente -frente a las acusaciones de una presunta participación de mapuches en el atentado acaecido la madrugada del 19 de febrero- que "hay muchas maniobras oscuras en el tema". Y agrega "a mí me parece repudiable el atentado ocurrido en el fundo ‘Araucanía’, no se debería llegar a eso".

Al respecto admite que conoce a su gente e insiste en que hay demasiadas situaciones oscuras como para determinar al autor: Considera que los antecedentes proporcionados por los parlamentarios, y que dicen relación con un posible autoatentado, deben tomarse con seriedad para que se haga una investigación a fondo. "No puedo hacer una acusación ni un desmentido, no tengo ninguna hipótesis al respecto, sino que hay hechos que hacen dudar de la participación mapuche". Millabur admite que el gobierno ha tomado medidas drásticas solamente cuando se trata de los mapuches, debiendo tomar las medidas pertinentes para atacar estos hechos, sea quien sea el culpable.

"Tengo esperanza en que Ricardo Lagos va a darse cuenta de la responsabilidad que le cabe en cuanto a resolver el problema mapuche, y lo va a resolver con madurez, tranquilidad y la fuerza necesaria, porque si no hay fuerza de parte de un gobierno, no va a promover los cambios".

En este sentido Millabur reconoce que la Identidad Lafquenche es un movimiento que trata de reencontrarse con lo que siempre han sido: lafquenches, tratando de plantear los temas como lafquenches, en virtud de sus intereses particulares, reconociendo que hay un tema transversal y de interés como pueblo en común: la recuperación de las tierras.

El edil mapuche reconoce que existen distintas sensibilidades al interior del pueblo mapuche. Y hace una analogía con la cantidad de partidos políticos o de religiones que existen en el país, y por eso valora la libertad del pueblo mapuche para tener divergencia de opinión.

"Lo particular de nuestra identidad lafquenche radica en que no tenemos un afán imperialista. No queremos darnos por representantes del pueblo mapuche como única voz, somos lafquenches y nuestro afán es poder reconstituir nuestro territorio lafquenche". Víctor Ancalaf Llaupe (38), agricultor radicado en la comuna de Collipulli es el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (1997). En relación al atentado, presume que se trató de un autoatentado. Dice tener elementos concretos de casos de soborno y de sabotaje que ha estado haciendo "la Mininco". A raíz de todos estos antecedentes Ancalaf piensa que se trató de un autoatentado por parte de la empresa de seguridad Osepar, con la finalidad de desperfilar el movimiento mapuche y para que se condene a los dirigentes que tienen una figuración más pública en este proceso de recuperación de tierras. A Ancalaf se le siguen unos diez procesos por hurto y robo de madera e incendio de ramajes.

Ancalaf se defiende de las acusaciones que intentan incriminarlo y afirma que las versiones tendientes a implicarlo en estos sucesos son falsas. Sostiene que llevar un vehículo (camioneta Kia blanca) sería como ponerse una soga al cuello.

En su papel de vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, afirma que la línea política de su organización está trazada en el sentido de que las comunidades van a seguir movilizadas a partir del 11 de marzo. Aclara que la reacción de las 45 comunidades de la Coordinadora obedecen a una reacción frente a los atropellos de que han sido víctimas por Carabineros e Investigaciones, con menoscabo a derechos humanos fundamentales.

La postura que caracteriza a esta entidad y que la diferencia de las otras dos organizaciones mapuches es que es más radicalizada. Para iniciar un diálogo con el gobierno exigen la devolución de 200 mil hectáreas de tierra. "Al ingresar a un predio la decisión es recuperar esos terrenos, pelear las tierras, y no entrar a perder el tiempo".

Aún no había sido llamado a declarar por el atentado contra los tres brigadistas de la Forestal Mininco, pero confiesa que está más que tranquilo y al mismo tiempo consciente de "la represión que pueda acarrear todo esto. Hoy nuestro accionar es normal, no estamos involucrados en estos hechos y por eso mismo no tenemos nada que temer".

Ancalaf es poco optimista en la evolución que pueda tener el conflicto mapuche bajo el mandato de Ricardo Lagos. "Hasta ahora el gobierno no ha tenido voluntad política en torno a dar una solución definitiva, sino que de alguna manera fue obligado a colocarlo en su agenda política". Y agrega que en la devolución de tierras no cree que se devuelvan las 200 mil hectáreas de terreno. "Al gobierno de Frei se le escapó de las manos el conflicto mapuche. Para Lagos será un gran desafío el darle una solución política".

Exigencias de Mininco

Rodrigo Hermosilla, gerente de Asuntos Públicos de la Forestal Mininco, solicita a "las autoridades de gobierno y judiciales que apliquen medidas mucho más enérgicas y efectivas para terminar con estos gravísimos atentados terroristas que no solamente ponen en riesgo la vida de nuestros trabajadores, sino que de Carabineros y de vecinos. Creemos que todos estos hechos que la opinión pública ha podido ver a partir del año 1997, y específicamente estas últimas semanas son gravísimos y frecuentes, aunque no generalizados".

"Yo espero que estas denuncias de autoatentado supuestamente realizada por exbrigadistas -sin nombre ni rostro- aunque sea a través de estos antecedentes permitan esclarecer los hechos ocurridos".

Hermosilla aclara que se acusa a Osepar y no a Forestal Mininco, que nunca ha trabajado con Osepar, sino que sólo con una empresa relacionada con Osepar, de nombre Marta Roncagliolo, entre enero de 1998 y noviembre de 1999.

Con esta denuncia de un posible autoatentado -subraya el ejecutivo-, sea verdadera o falsa, han ocasionado un gran daño a la imagen de Forestal Mininco, que lleva 80 años en la región y que desde el año 1998 a la fecha ha sido víctima de más de 50 atentados en su contra.

Una cifra que asciende a los $8,8 millones de dólares en pérdidas han sido los costos para Mininco ocasionados por incendios forestales, cosecha anticipada de bosques, costos legales, vigilancia y personal, aumento de costo faena, robos y daños a los bienes.

A juicio de Emilio Guerra, Presidente de Corma IX Región la situación escapa a Corma y manifiesta su extrañeza frente al incendio de la vivienda de Feliciano Cayul, con lo que "se ataca uno de los principales argumentos sostenidos por los propios dirigentes y es que en general no se la da trabajo a la mano de obra mapuche. Pero cuando se le da se lo ataca". En este caso se trata de un lonko reconocido por la Conadi como presidente de la Comunidad Ignacio Queipul Millanao Temuicuicui, y trabajador de una empresa contratista de Mininco.

En relación al ataque sufrido por los brigadistas Emilio Guerra sostiene, "hay una hipótesis muy simple: el número de atentados en la zona donde se produjo el ataque a los brigadistas, si se grafica, cualquier persona se dará cuenta de que es un foco de conflicto permanente". Y agrega "la micro que antes transitaba por ahí ya no lo hace, porque está lleno de miguelitos y zanjas. Se trata de tres cuadrantes de violencia beligerante con personas perfectamente conocidas, entre la octava y novena región: Zona de Collipulli, Pedro Alaska en la zona de Ercilla, y el otro en la zona de Cañete y Tirúa, relacionados con dirigentes mapuches que han tomado posturas beligerantes".

El presidente de Corma IX Región cree que los parlamentarios que han denunciado la posibilidad de un autotentado, están mal asesorados. Recuerda casos anteriores y reconoce que no le parecen creíbles las declaraciones hechas en contra de las empresas de seguridad, porque hay una serie de mitos recogidos por los parlamentarios que al final son "voladores de luces" y a la Justicia no ha llegado a nada.

En opinión de Emilio Guerra, con todo este conflicto el problema ha trascendido a Forestal Mininco y los principales afectados son los pequeños y medianos propietarios: "En nuestra zona el precio de la tierra ha caído y el Producto Geográfico Bruto Regional (Pgbr) es más bajo que hace dos o tres años". En consecuencia -agrega Guerra- no es posible que una zona que tenga tal nivel de pobreza siga empobreciéndose con este conflicto. "Además la imagen que se tiene de nuestra zona en el país, es que está ‘casi en llamas’".

En definitiva, este tipo de atentados dañan más a la región que ya es pobre y presenta un alto nivel de cesantía. Acerca de la crítica realizada por los mapuches en torno a la poca contratación de sus pares, Emilio Guerra explica: "El problema es muy simple. Necesitamos capacitar fuertemente la mano de obra mapuche, y ocurre que la fuerza de trabajo en el sector forestal tiene alta movilidad, porque las plantaciones se someten a distintos manejos, pero en tiempos distanciados, por lo tanto los trabajadores del sector forestal saben que deben trasladarse de un lugar a otro, lo que a la etnia mapuche -por sus características- le cuesta mucho. Por lo tanto nosotros debemos hacer un gran esfuerzo educacional con los mapuches".

Guerra destaca que las empresas forestales contratan fijándose en parámetros de eficiencia y no en el color del pelo u otra característica de cada persona.

Respecto del atentado a los tres brigadistas de Mininco, en su cargo de presidente de Corma argumenta que son partidarios de que se investigue lo más rápido posible y se encuentre a los culpables, por eso requieren el nombramiento de un ministro en visita, petición denegada el viernes último por la Corte de Temuco.

Finalmente el presidente de Corma IX Región, es enfático en afirmar que el daño que se le ha ocasionado a las empresas forestales es mínimo, comparado con todo el menoscabo que se le ha hecho al país. "Existen costos directos e indirectos, los directos traducidos en un guarismo de cientos de millones de dólares de pérdidas para las forestales, pero los indirectos duelen mucho más porque se reflejan en la alta tasa de cesantía existente en la zona. Hoy día la región vale mucho menos para los inversionistas, y ese es el costo real que hay que pagar por este conflicto, que a la larga se traduce en un espiral en que bajan las inversiones y con ello la contratación, aumentando la pobreza".

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