La Corte de Apelaciones de esta ciudad nombró ayer al ministro Leopoldo Llanos Sagristá como juez especial para investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de una emboscada y ataque con bombas incendiarias a tres guardias forestales que resultaron gravemente quemados.También deberá aclarar el incendio intencional de la vivienda de un dirigente mapuche. Los casos ocurrieron en Ercilla y Collipulli, respectivamente. El Mercurio, 9 de marzo de 2000

 Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Jueves 9 de Marzo de 2000
DESIGNADO AYER:
Juez Especial Verá Causa en Zona Mapuche
 

Es el sexto ministro en visita nombrado en la Araucanía desde que en 1992 comenzó el autodenominado proceso de recuperación de tierras liderado por algunos grupos étnicos.

Nombramiento es por requerimiento del ministro Raúl Troncoso para que se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Corte de Temuco nombró al magistrado Leopoldo Llanos para investigar y sancionar a autores intelectuales y materiales de atentados que dejaron heridos a tres guardias forestales y destruyeron vivienda de dirigente indígena.
 

TEMUCO/CONCEPCION (Iván Fredes y Patricio Gómez).- La Corte de Apelaciones de esta ciudad nombró ayer al ministro Leopoldo Llanos Sagristá como juez especial para investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de una emboscada y ataque con bombas incendiarias a tres guardias forestales que resultaron gravemente quemados.

También deberá aclarar el incendio intencional de la vivienda de un dirigente mapuche. Los casos ocurrieron en Ercilla y Collipulli, respectivamente.

El nuevo juez instructor es el sexto nombrado desde 1992 en la Región de la Araucanía (Novena), desde que comenzó el autodenominado proceso de recuperación de tierras liderado por grupos que en principio reclamaban pacíficamente autonomía territorial y política, pero que desde 1997 iniciaron agresivos y crecientes ataques frontales contra bienes e instalaciones de empresas forestales y agricultores en el sur del país.

De los seis jueces especiales, dos de ellos, Antonio Castro y Víctor Reyes, cerraron sus procesos con la condena de 144 mapuches por usurpación de tierras y deotros tres por la destrucción de tres camiones de empresas forestales en Lumaco, respectivamente, pero todos están en libertad provisional.

En la actualidad, de un total de 57 procesados por otras causas similares en los tribunales de las regiones de la Araucanía y del Biobío, en un 90 por ciento son integrantes de la radicalizada Coordinadora Arauco Malleco y el resto del Consejo de Todas las Tierras.

Misión del Ministro

El nuevo ministro, Leopoldo Llanos, fue nombrado en virtud de un requerimiento para que se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado, interpuesto el martes último ante ese tribunal de alzada por el ministro del Interior, Raúl Troncoso.

El requerimiento judicial tiene el propósito de esclarecer los hechos ocurridos los días 19 y 28 de febrero pasado, respectivamente, cuando desconocidos encapuchados, presumiblementes mapuches de organizaciones radicalizadas, atacaron con bombas incendiarias a una patrulla de tres guardias forestales que se movilizaban en un vehículo en la zona de Collipulli y de otros que quemaron una modesta vivienda de madera del dirigente indígena Feliciano Cayul, en la comuna de Ercilla.

Luego de su nombramiento, el ministro Llanos anticipó que su primera tarea es abocarse al estudio del requerimiento, ordenar las primeras diligencias y constituirse en la zona rural de Malleco, donde ocurrieron ambos hechos denunciados y precisó que espera recibir en las próximas horas el expediente de las mismas causas abierto por la jueza de Collipulli, Georgina Solis.

En la actualidad, otros tres jueces especiales, Archibaldo Loyola, Julio César Grandón y Héctor Toro, instruyen procesos, con causas acumuladas, por diversas denuncias de usurpación de tierras, agresión, daños a la propiedad pública y privada, atentados incendiarios, robo de madera, destrucción de bienes y equipos industriales, entre otros, presumiblemente perpetrados por grupos concertados de indígenas violentistas.

Hasta ahora los grupos visibles del conflicto mapuche son el Consejo de Todas las Tierras, liderada por Aucán Huilcamán; la Coordinadora Arauco Malleco, con sus voceros José Huenchunao y Víctor Ancalaf (ambos procesados y en libertad provisional) y la Identidad Territorial Lafquenche, encabezada por el único alcalde mapuche del país, Adolfo Millabur, de la comuna de Tirúa.

No más de un centenar de las dos mil comunidades mapuches en el sur del país están agrupadas e influenciadas por estas agrupaciones.

Piden Aplicación de
Ley Antiterrorista

El alcalde de Temuco, René Saffirio, al comentar el requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, manifestó su satisfacción, aunque dijo que habría sido preferible solicitar la aplicación de la Ley Antiterrorista, tanto por la gravedad de los hechos como por la posibilidad de contar con antecedentes que permitan identificar a los autores mediante el sistema de delación compensada, que rebaja las eventuales penas aflictivas a quienes teniendo conocimiento directo de los hechos los aporten al tribunal.

Cabe destacar que la Corporación de la Madera (Corma) estima en poco más de ocho millones de dólares - unos cuatro mil millones de pesos- las pérdidas ocasionadas en los dos últimos años a empresas forestales consideradas principales blancos por los grupos indígenas más radicalizados.

Tan sólo la empresa forestal Mininco calcula en siete millones de dólares los daños ocasionados a sus plantaciones forestales, maquinarias y bienes industriales, en tanto Bosques Arauco estima en un millón de dólares los daños sufridos hasta ahora. A ello debe sumarse una cantidad similar por perjuicios ocasionados a agricultores y empresarios de las regiones de la Araucanía y del Biobío.

Un documento de análisis del gobierno regional de la Araucanía sostiene que las organizaciones mapuches en conflicto, aunque minoritarias, se nutren, según su visión, de la falta de una decisión estatal coherente con los principios de equidad que sostienen la vida democrática nacional.

El documento enfatiza que de mantenerse las actuales condiciones de tensión en esos territorios sureños, se enfrentaría un escenario de negativas consecuencias sociales y políticas, que afectarían la convivencia y el desarrollo regional, particularmente desde la perspectiva de la inversión privada en los sectores forestal y turístico.

Amenazas de Ocupación
En tanto, nuevas amenazas de ocupación de los terrenos destinados a veranadas formularon comuneros pehuenches de la comuna de Antuco, provincia del Biobío, las que se materializarían en predios de propiedad de Raúl Pérez Serani, en el sector cordillerano de Los Barros.

En previsión de este tipo de acciones, se encuentra vigente una medida de protección dispuesta por el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, la que prohíbe el acceso a esos predios de personas ajenas a ellos. De ocurrir así, deben ser desalojadas por la fuerza pública.

En conjunto, los predios de veranadas abarcan una superficie de 18 mil hectáreas.

La resolución fue dictada en el marco de una demanda interpuesta por Pérez Serani por usurpación de propiedad privada, a la que se agregó otra por sustracción de 3.500 cabezas de ganado, en contra de un grupo de pehuenches del sector de Trapa Trapa, que lidera la familia Tranamil.

Estos residen en la comuna de Santa Bárbara, distante 25 kilómetros de los predios del agricultor.

Los pehuenches reclaman también los terrenos de veranadas de otros cuatro pequeños y medianos propietarios, aledaños a los predios de Pérez Serani.
 
 


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