El plazo de paralización de las cosechas de más de mil 300 hectáreas de pinos de los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos, ubicados a 17 kilómetros al surponiente de Traiguén, vence a las 17 horas de hoy. La exigencia incluye, además, el retiro del contingente policial que custodia las faenas e instalaciones de Mininco en la zona. La empresa Mininco había reiterado que mantenía en pie su disposición a conversar, siempre y cuando la autoridad garantizara un clima de estabilidad y que los indígenas, a su vez, cesaran las manifestaciones violentas. No obstante, se informó que hasta la tarde de ayer todavía no era recepcionada una invitación formal por parte del Gobierno. El Mercurio, 9 de Marzo de 1999
![]() |
Martes 9 de Marzo de 1999![]() |
Exigen Cese de Labores:
Ultimátum de Mapuches a ForestalComunidades plantearon que la empresa Mininco debe detener en forma definitiva las faenas de cosecha en dos de sus predios.De no cumplirse exigencia, amenazaron con seguir escalada de movilizaciones en la región. Gobierno reiteró llamado al diálogo y presentó plan de medidas sociales inmediatas para Traiguén, Lumaco, Purén y Galvarino. Las comunidades mapuches de Traiguén plantearon un ultimátum de 24 horas a la empresa forestal Mininco para que detenga en forma definitiva las faenas de cosecha en dos de sus predios, enfatizando que de lo contrario no cesará la escalada de movilizaciones que desde enero se vive en ese sector rural de la provincia de Malleco. Esta advertencia, hecha en una conferencia de prensa realizada en Collipulli por la coordinadora de comunidades mapuches en conflicto de Malleco y Arauco, cambió radicalmente el clima de aparente tranquilidad que se vivió durante la mañana de ayer en la IX Región, en el que incluso el Gobierno Regional había adelantado parte de sus propuestas a los mapuches. Mientras, en Santiago, el Gobierno reiteró su convocatoria al diálogo y anunció un plan de medidas sociales destinadas a mejorar la situación de las comunidades de Traiguén, Lumaco, Purén y Galvarino. La empresa Mininco había reiterado que mantenía en pie su disposición a conversar, siempre y cuando la autoridad garantizara un clima de estabilidad y que los indígenas, a su vez, cesaran las manifestaciones violentas. No obstante, se informó que hasta la tarde de ayer todavía no era recepcionada una invitación formal por parte del Gobierno. El plazo de paralización de las cosechas de más de mil 300 hectáreas de pinos de los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos, ubicados a 17 kilómetros al surponiente de Traiguén, vence a las 17 horas de hoy. La exigencia incluye, además, el retiro del contingente policial que custodia las faenas e instalaciones de Mininco en la zona. El emplazamiento lanzado por dirigentes de las comunidades Didaico, Pantamo y Temulemu fue rechazado enérgicamente por el intendente de La Araucanía, Oscar Eltit, quien indicó que no se puede tratar de resolver el problema lanzando este tipo de amenazas antes que oficialmente se inicien las conversaciones. El gerente de Mininco en la IX Región, Andrés Ovalle, afirmó que quienes hagan emplazamientos de esta naturaleza deben hacerse responsables de lo que están diciendo. El intendente Eltit sostuvo en Temuco que se evalúa el retiro de parte del contingente especial de Carabineros que desde hace más de una semana resguarda las faenas de Mininco. Sin embargo, enfatizó que acoger la petición que en tal sentido hicieron los indígenas debe traer compromisos de no violencia, ya que existe el temor de que una vez retirado el personal de servicio se produzca una situación tan grave o mayor que la registrada en las últimas semanas. En menos de dos meses, indígenas han realizado movilizaciones cuya violencia ha aumentado con el paso de los días. El 14 de enero pasado fueron emboscadas dos camionetas que transportaban a brigadistas forestales, resultando ocho trabajadores lesionados. Luego, y tras un operativo policial de incautación de madera talada ilegalmente por los mapuches, hubo un violento enfrentamiento entre éstos y Carabineros que dio paso en pocas horas en una serie de incendios forestales en los predios de Mininco. En semanas recientes hubo dos emboscadas frustradas al campamento, nuevos choques con la policía y el ataque el domingo último a vehículos que transitaban por un camino público, que no dejó heridos ni detenidos. Sobre este último incidente, Oscar Eltit aclaró que la empresa faltó al compromiso hecho con la policía uniformada en cuanto a informar del desplazamiento de sus camiones para asignarles protección. Indicó que si Mininco no colabora es imposible proteger sus bienes y que la autoridad no aumentará la dotación policial. Durante la tarde de ayer, diez de los ocho comuneros detenidos la madrugada del viernes por participar en los disturbios en las inmediaciones del campamento de Mininco declararon ante el titular de la fiscalía militar de Angol, Rolando Riquelme. Los mapuches fueron acompañados por el abogado de la Fundación Instituto Indígena, dependiente del Arzobispado de Temuco, Rodrigo Lillo. MEDIDAS SOCIALES En cuanto al plan del Gobierno anunciado en la capital, se destinarán $ 150 millones adicionales para programas de mejoramiento de caminos y de reparación de escuelas contemplados en los planes de la Intendencia Regional y municipalidades. Se espera generación de unos 500 empleos. Además, Conadi agilizará la compra de predios en las cuatro comunas, donde se solicitan por 444 familias la compra de 3.500 hectáreas. De igual forma, se incluirá un bono de producción agrario en que se suplementarán recursos por $ 264 millones para la entrega de 1.680 bonos familiares, de 100 mil pesos cada uno. Con ello se busca intervenir en la recuperación de suelos y la entrega de insumos y materiales para que familias puedan sembrar y tener producción que les permita autosustento. La autoridad entregará bonos de fomento educativo intercultural para escuelas básicas y se apoyarán proyectos de fomento cultural por un total de 23 millones de pesos. Mientras, el director de la Conadi, Rodrigo González, indicó que el sector forestal tiene que asumir una responsabilidad social y modificar su política de vecindad con las comunidades mapuches porque está ocupando un espacio territorial en que las comunidades han vivido ancestralmente y han desarrollado una cultura y un modo de producción que se ve alterado por la actividad forestal. Por ello, expresó que más allá de las obligaciones legales hay un deber ético de un sector productivo de ajustar su actividad a los efectos que causa en su entorno. González manifestó que esperan poder discutir en la mesa de diálogo la capacidad que tengan las empresas de generar empleo local, que hasta el momento no acontece. Además, para enfrentar demandas de tierras y problemas de conflictividad que las empresas tienen con sus vecinos deben ofrecer un plan priorizado de venta de algunos de sus predios. González explicó que la venta es un contrato voluntario, por lo tanto el Gobierno no puede obligar a los particulares a hacer la transacción. Además se solicitará que las empresas forestales desarrollen planes de asistencia técnica en materias forestales y de recuperación de agua. GESTIONES OFICIOSAS DE LA CONCERTACION En tanto, el coordinador de la Concertación, Sergio Bitar, visitó el fin de semana la zona de conflicto y acudió ayer a La Moneda a informar a los ministros del área política de las conversaciones que mantuvo con representantes de las comunidades indígenas y esbozó algunas propuestas de salida al conflicto que allí se vive. El dirigente aseguró que en sus contactos percibió buena disposición para el diálogo de parte de los mapuches, pero recalcó que ello supone como condición previa que se garantice que los obreros de las forestales no porten armas y que las empresas suspendan sus planes de tala acelerada de los bosques de la zona.
|
![]() |