Si bien es aconsejable procurar entender el fondo de las peticiones indígenas, también es impostergable proteger los derechos humanos de quienes son víctimas del violentismo; y, simultáneamente, es indispensable destinar importantes esfuerzos para descubrir la existencia de una planificación y organización de estos atentados, ya que en este caso se trataría de delitos en contra de la seguridad interior del Estado. Diario el Sur, 28 de Marzo de 1999

 

Domingo 28 de Marzo de 1999

Nuevas acciones de violentistas

 La consigna "La liberación del pueblo mapuche pasa por la liberación de todos los oprimidos", impresa en panfletos esparcidos durante los atentados del viernes, pone de manifiesto el fondo y el origen de los lamentables y condenables hechos.

Dos nuevos atentados incendiarios, ocurridos casi simultáneamente en Cañete y Traiguén, perpetrados en la noche del viernes último, vuelven a aumentar la tensión entre comunidades mapuches de la Octava y Novena regiones y los propietarios afectados, creando un clima de aparente impunidad frente a delitos cometidos por grupos violentistas amparados en revindicaciones étnicas. Aunque sea una coincidencia, sin duda que ambos incendios aparecen ante la ciudadanía como hechos relacionados y que podrían ser parte de una planificación global. También, según la propia ministra en visita que investiga el saqueo e incendio ocurrido en Lleu-Lleu hace un par de semanas, el nuevo incendio tiene mayores implicancias porque revela "una acción preparada o previamente coordinada". Indudablemente es de extrema gravedad que grupos organizados, sean del origen que sean, utilicen la violencia para presionar a las autoridades y a los particulares con el fin de obtener que los propietarios vendan sus predios y éstos sean entregados a quienes los reivindican. Desde hace ya más de un año se han venido sucediendo los ataques a las empresas forestales, incluyendo la quema de camiones y los incendios a los mismos bosques. En las últimas semanas esta situación derivó en enfrentamientos con fuerzas policiales y con la detención de personas ajenas a la zona, algunos de ellos extranjeros, quienes han sido sindicados por parte de la autoridad política como instigadores de las acciones violentistas. Sin duda, el asalto a la hacienda Lleu-Lleu el 14 de marzo fue el hecho de mayor gravedad, no sólo por los daños sino porque los propietarios advirtieron a las autoridades previamente y sin embargo igual violentistas encapuchados actuaron sin que hayan podido ser detenidos. También hay que tener presente que la violencia ha aumentado, pese a lo cual la impunidad se ha mantenido, como si aquellos grupos que organizan las reprobables manifestaciones estuvieran probando hasta dónde pueden llegar con sus acciones. Por ello es que llama atención que el gobierno haya preferido mantener una cauta espera, negándose a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, como lo han solicitado propietarios y empresas afectadas. Afortunadamente la Corte de Apelaciones de Concepción designó una ministro en visita para investigar el caso de Lleu-Lleu, dejando en evidencia que está consciente de la gravedad de estos ataques. Los incendios casi simultáneos deberían llevar al gobierno a revisar su decisión anterior, en el sentido de otorgarle la debida importancia a estas situaciones, ya que ellas dejan en la indefensión a quienes cumplen con la ley y sólo reclaman sus legítimos derechos. Si bien es aconsejable procurar entender el fondo de las peticiones indígenas, también es impostergable proteger los derechos humanos de quienes son víctimas del violentismo; y, simultáneamente, es indispensable destinar importantes esfuerzos para descubrir la existencia de una planificación y organización de estos atentados, ya que en este caso se trataría de delitos en contra de la seguridad interior del Estado.
 

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