Mapuches Condicionan el Diálogo 

Ayer la violencia volvió a aparecer en la zona cuando un grupo de menores mapuches apedreó vehículos de la empresa.

Encuentro entre las partes se llevaría a cabo mañana. Conadi dispuesta a mediar.

TRAIGUEN (María Angélica Venegas).- Lonkos (jefes) y dirigentes mapuches condicionaron ayer su asistencia a una mesa de diálogo para poner fin al conflicto desatado durante las últimas semanas en esta comuna de la IX Región.

La exigencia inmediata es que la empresa maderera Mininco detenga las faenas de cosecha de bosques de pino en los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos, ubicados a 17 kilómetros al surponiente de Traiguén. Además piden una solución global al problema de tierras, lo que implica una negociación común y no por separado para cada comunidad. Como tercer punto demandan que la discusión se centre en cómo les serán restituidos los predios que antaño habitaron y que hoy están en manos de empresas madereras.

Al respecto, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, señaló que todos los temas que los mapuches pongan en una eventual mesa de diálogo deberán ser tratados, ya que en una instancia como esa no puede haber materias vedadas.

Trascendió que este encuentro se llevaría a cabo mañana martes, siempre y cuando exista la voluntad tanto de indígenas como de empresarios. Hasta ayer Mininco no había recibido ninguna invitación formal a dialogar con los representantes de las comunidades, según informó el gerente en la IX Región, Andrés Ovalle, quien dijo estar llano a sentarse en una mesa.

Ayer los lonkos de las comunidades de Didaico y Temulemu y otros dirigentes asistieron a un encuentro convocado por parlamentarios de la zona con el fin de detener la escalada de movilizaciones que en los últimos días ha derivado en cada vez más violentos choques entre indígenas y la policía uniformada. La reunión, no obstante, sólo sirvió para que los mapuches dieran a conocer sus exigencias.

Mientras se llevaba a cabo este encuentro en la municipalidad de Traiguén, un grupo estimado en 11 menores mapuches apedreó con hondas y boleadoras cuatro vehículos de forestal Mininco que se desplazaban por las cercanías del fundo Santa Rosa, según confirmó Carabineros. El hecho se registró alrededor de las 13 horas. Los vehículos sólo sufrieron daños menores y no hubo lesionados.

La reunión en el municipio, convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda, para conocer los problemas que afectan a este grupo de indígenas, se convirtió en la primera tribuna formal en la que mapuches plantean que sólo aspiran a obtener soluciones concretas en el mediano plazo para sus demandas.

El encuentro partió pasado el mediodía y a él asistieron, además del diputado Ojeda, los parlamentarios Miguel Hernández (DC), Edmundo Villouta (DC) y Luis Monge (independiente-UDI). En representación de los comuneros se presentaron los lonkos de las comunidades de Temulemu, Pascual Pichún, y Didaico, Segundo Norín, además de los dirigentes José Huenchunao de Arauco, Galvarino y Alfonso Raimán de Lumaco y Juan Huilipán de Traiguén.

Estos últimos expresaron su molestia al solicitarles el presidente de la Comisión que explicaran sus problemas y demandas, ya que estimaron que ellos como parlamentarios debían estar al corriente de los hechos que se habían vivido en la zona.

En este sentido, el dirigente Juan Huilipán criticó a los diputados presentes por buscarlos sólo cuando requieren de apoyo para las elecciones, pero cuando ellos los han necesitado no los han encontrado. Tal acusación tuvo inmediata respuesta por parte del diputado Hernández, quien enfatizó que no se puede generalizar la conducta de algunos parlamentarios.

ASEGURAN QUE HA HABIDO POCA VOLUNTAD POLITICA

Los comuneros mapuches fueron muy claros en precisar que no desean repetir la experiencia de Lumaco, donde luego de la quema de tres camiones forestales, ocurrida el 1 de diciembre de 1997, hubo reuniones con el intendente regional, pero hasta la fecha las comunidades de Pichiloncoyán y Pilinmapu no consiguen el predio Pidenco, en manos de Bosques Arauco.

Por ello advirtieron que no están para encuentros en los que no traten el problema de fondo, cual es la restitución de sus tierras, según aseguraron.

Galvarino Raimán opinó que hasta el momento las autoridades han demostrado poca voluntad política y un gran desconocimiento de la realidad de este grupo social, que alcanza casi el millón de habitantes en el país.

Los indígenas enfatizaron que no aspiran a conseguir con sus actuales movilizaciones recursos para sedes sociales, postas o escuelas, sino más tierras y el retiro de las empresas forestales de la zona. 

El dirigente Huilipán propuso que un mínimo para cada jefe de familia debían ser 100 hectáreas, considerando que las familias crecen y que los hijos deben heredar la tierra -principal valor cultural de la etnia- a los suyos.

Según lo relatado a los parlamentarios, los mapuches de Traiguén sienten que las empresas forestales se han adueñado de sus tierras, apropiado del agua y destruido sus caminos con el paso de pesada maquinaria. "Ya no queda naturaleza, la machi no puede curar con ramas de pinos y eucaliptus y con eso no hay salud no sólo para los mapuches, sino también para los huincas, que también acuden a nosotros para sanar sus males", narró Juan Huilipán.

Aunque la mayoría de los dirigentes reconoce que en los abusos de que fueron víctimas por parte de particulares en el pasado las empresas madereras no tuvieron participación, estiman que son responsables de usurpación por el solo hecho de haber adquirido con posterioridad esos predios.

En la historia de estas comunidades existe un sinfin de casos de particulares que amparados en la nula educación de lonkos y caciques les hicieron vender sus predios bajo engaño y más tarde las comercializaron a terceros.

Es el caso que denuncian las comunidades de Temulemu, Pantano y Didaico en Traiguén. Sostienen que parte de los predios de Mininco fueron de sus ancestros en el pasado y esta empresa, en señal de buena voluntad, los debe devolver.

Uno de los puntos sobre los cuales no existe consenso es justamente el proceso histórico y económico mediante el cual los mapuches llegaron a su actual situación de tenencia de tierras.

Algunos personeros de izquierda -como el ex ministro de Agricultura de la Unidad Popular, Jacques Chonchol- señalan que durante el gobierno de Salvador Allende se restituyeron cerca de 300 mil hectáreas, llegando a casi 600 mil.

El ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, coincide con Chonchol en que dichos terrenos fueron posteriormente perdidos por los mapuches durante el gobierno militar, tanto mediante acciones legales como de hecho, y afectando a las mismas 300 mil hectáreas.

Sin embargo, por existir diversas versiones sobre este tema las actuales autoridades encargadas de la problemática indígena están efectuando estudios que permitan fijar un criterio institucional que delimite cuánto es el déficit real de tierras mapuches y cómo se generó.

CONFLICTO DEBE SER TRATADO EN FORMA GLOBAL

Contrariamente a lo planteado por autoridades del Gobierno, los indígenas plantearon ayer que las movilizaciones en Traiguén no obedecen a un hecho aislado y específico. Alihuen Antileo, representante de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto, proveniente de Santiago, advirtió que existen al menos 40 comunidades que están observando el desarrollo de las negociaciones en Traiguén.

"Nuestra primera opción son las movilizaciones y mediante ellas alcanzar soluciones efectivas", recalcó.

Quizá el único punto de total concordancia entre los mapuches y los diputados fue la apreciación de que la masiva presencia de Carabineros en las cercanías e instalaciones de los predios de Mininco sólo contribuye a exacerbar el clima de beligerancia en la zona.

Tras los últimos incidentes entre indígenas y la policía uniformada, en que esta última realizó algunos operativos en helicópteros de la empresa forestal, los mapuches sienten que Carabineros "trabaja" para la maderera.

Este sentimiento es parte de la percepción que también tienen de las autoridades administrativas, las que, a juicio de los mapuches, aparecen defendiendo en toda circunstancia a los empresarios.

En este sentido, el presidente de la Comisión de DD. HH. de la Cámara Baja, Sergio Ojeda, dijo que pedirá al Gobierno evaluar el contundente contingente especial que se avista por el sector y que intimida a los autóctonos.

REPOSICIONAMIENTO DE LA CONADI

El planteamiento de Rodrigo González -en el sentido que las propias comunidades fijarán los temas a debatir en la mesa de diálogo- se inserta en el intento por posicionar la Conadi en el conflicto, dando señales que el organismo no tendrá un rol pasivo, sino que se la jugará por la demanda de las etnias.

En esta línea, trascendió que no se descarta que al encuentro que se está planificando asistan algunos de los cinco subsecretarios que integran el consejo de la entidad, e incluso el Ministro de Planificación, Germán Quintana.

Junto con ello, hoy la Conadi tendría afinado un plan de propuestas concretas para enfrentar temas tales como la cesantía o la sequía.

En relación a este tema, el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, explicó que la actual situación por la que está pasando el pueblo mapuche genera una mala imagen para el país.

Esto, dijo, "se puede solucionar potenciando la ley de la Conadi, aumentando los recursos para solucionar problemas de terreno y haciendo un programa de inversión de desarrollo social en todas las áreas que están ocupadas por el pueblo mapuche".

Explicó que la gente se siente atropellada en su cultura y en su forma de vida, por lo que es importante que se trate a fondo el problema. Dijo el candidato que cree que ha habido un mal manejo de las empresas involucradas porque pese a que se deben realizar las obras, éstas no pueden llevarse a cabo si no hay un acuerdo de por medio.

"Creo que hay cierta prepotencia de ambos sectores, empresarios y algunos dirigentes mapuches", explicó Zaldívar.

En tanto, el diputado Iván Moreira (UDI) opinó que el Gobierno no debe tener debilidad para aplicar la Ley de Seguridad o la Antiterrorista contra los manifestantes indígenas que participaron en hechos de violencia.

A su juicio, en caso contrario se pone en riesgo el principio de propiedad privada garantizado en la Constitución, en circunstancias que el conflicto está alentado por grupos de izquierda.

En caso contrario, estimó que se pondría en riesgo cualquier inversión que los privados quisieran efectuar.