Mientras Besalco, empresa constructora del proyecto, se encuentra reasignando maquinaria y recontratando trabajadores para iniciar lo antes posible las obras paralizadas, grupos ambientales calificaron actitud de "irresponsable"
Pamela Gutiérrez y Eduardo Rossel 

Las hermanas Quintremán aseguran que la central Ralco inundará una zona sagrada para ellas. Sin embargo, la mayoría de las familias del sector optó por permutar sus tierras.  (Foto: COPESA) Resolución mecánica En el tema Ralco todavía falta otro capítulo judicial. Según explicó el abogado querellante, Roberto Celedón, es probable que la Corte de Apelaciones ponga en tabla el caso para mediados de octubre.  "Cabe señalar que la resolución que acogió la orden de no innovar, no cumplió con un requisito que expresamente señala la ley, en cuanto debía ser una resolución fundada. Sólo dice que se acoge la orden de no innovar en los términos solicitados, por cual fue una resolución tomada mecánicamente, sin reflexión".  Celedón agregó que esta actitud del tribunal de alzada "quizás no quiso fundar la resolución para evitar cualquier estimación de prejuzgamiento.  Pudo haber sido una medida de prudencia".

 Endesa dio a conocer su decisión a través de un comunicado, en el cual establece que Ralco "cuenta con todas las autorizaciones ambientales y permisos de construcción para ejecutar el proyecto en sus obras preliminares y definitivas".

 La polémica planta fue paralizada a principios de septiembre, a raíz de una resolución del magistrado del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Mario Carroza, quien respaldó la querella interpuesta por las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán y Julia Guerreao, quienes se oponen al proyecto y se niegan a permutar sus tierras como sí lo han hecho prácticamente todas las familias pehuenches que viven en la zona.

 La resolución significó que el 10 de septiembre fueran despedidos cientos de trabajadores, entre ellos varios pehuenches que estaban a favor del proyecto.

 La medida incluso provocó una protesta de 300 mapuches en contra de las hermanas Quintremán a quienes acusaron de conducirlos a la pobreza y a la cesantía. Los indígenas partidarios de la central alegaban que sin la construcción perdían una serie de beneficios, como asignación de forraje, mejores tierras de cultivo y una escuela para los niños de la zona.

 En Besalco se informó que no se tiene claro cuando se dará inicio nuevamente a las obras, debido a que la maquinaria pesada ya había sido traslada a otras zonas del país. Lo mismo pasó con los obreros despedidos, quienes debieron buscar una fuente de trabajo en otras regiones.

 Al momento de la paralización de la faena, sólo se habían construido los túneles de acceso.
 
 

CRITICA

 Orrego agregó que cuando el juez Carroza ordenó paralizar las faenas, "despidieron a sus trabajadores sin pago de indemnizaciones y culpando directamente a las hermanas Quintremán Ahora deberán recontratarlos y cuando la corte vea el fondo de la apelación y decida detener los trabajos, los van a volver a despedir, aumentando el encono que tienen con las ñañas Quintremán El ambientalista criticó la celeridad con que la justicia desechó los argumentos del juez Carroza que durante dos años analizó el caso.

 A su vez, el abogado Roberto Celedón, que representa a las familias pehuenches que se oponen a Ralco, señaló que "confiamos que la Corte de Apelaciones dictará una resolución que se ajuste a derecho. Las medidas precautorias son acciones cautelares que la ley le otorga a la parte demandante para asegurar el resultado de la demanda, pues sería ilusoria que después que Endesa tenga todo construido, la justicia resuelva que no debería haberlo hecho".