Las empresas forestales temen para esta temporada - octubre a febrero- un fuerte incremento de los incendios forestales intencionales por el creciente conflicto mapuche que sólo en el último año ha causado pérdidas que superan los 11 millones de dólares por la quema de bosques, inmuebles, vehículos e instalaciones, en la regiones Novena y Octava.La preocupación volvió a hacerse pública luego de que desconocidos quemaron una vivienda de Forestal Mininco, en el fundo Santa Rosa de Colpi, en las próximidades de Traiguén, unos 125 km al norponiente de Temuco. Ayer en el sector se observó una tensa calma, debido a que los 150 trabajadores de la empresa no llegaron hasta el fundo para reforestar, reinstalar cercos y talar pinos de la forestal, situación que ha provocado la airada y violenta reacción de mapuches de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano.Un grupo de estudiantes de origen mapuche ingresó ayer a dicho predio, procediendo a destruir plantaciones de pino de insigne recién sembradas y también algunos cercos que había levantado personal de esa forestal. Anteriormente, un número aproximado de cien indígenas, enfrentaron violentamente a igual cantidad de policías que resguardan a los trabajadores, en cumplimiento de una orden judicial emanada del tribunal de Traiguén. El Mercurio, 27 de septiembre de 1999
DE CARACTER INTENCIONAL:
Empresas Temen Aumento de los Incendios Forestales
El año pasado la empresa Forestal Mininco registró 560 siniestros en sus predios, de los cuales 246 ocurrieron en bosques colindantes con comunidades indígenas.
TEMUCO/CONCEPCION (Iván Fredes y Patricio Gómez).- Las empresas forestales temen para esta temporada - octubre a febrero- un fuerte incremento de los incendios forestales intencionales por el creciente conflicto mapuche que sólo en el último año ha causado pérdidas que superan los 11 millones de dólares por la quema de bosques, inmuebles, vehículos e instalaciones, en la regiones Novena y Octava.
La preocupación volvió a hacerse pública luego de que desconocidos quemaron una vivienda de Forestal Mininco, en el fundo Santa Rosa de Colpi, en las próximidades de Traiguén, unos 125 km al norponiente de Temuco.
Ayer en el sector se observó una tensa calma, debido a que los 150 trabajadores de la empresa no llegaron hasta el fundo para reforestar, reinstalar cercos y talar pinos de la forestal, situación que ha provocado la airada y violenta reacción de mapuches de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano.
Un grupo de estudiantes de origen mapuche ingresó ayer a dicho predio, procediendo a destruir plantaciones de pino de insigne recién sembradas y también algunos cercos que había levantado personal de esa forestal.
Anteriormente, un número aproximado de cien indígenas, enfrentaron violentamente a igual cantidad de policías que resguardan a los trabajadores, en cumplimiento de una orden judicial emanada del tribunal de Traiguén.
Los enfrentamientos registrados el viernes último y donde mapuches atacaron con boleadoras y hondas y la policía replicó con balines de goma, dejó a tres carabineros heridos y en similar estado a tres mapuches y a una mujer no indígena acusada de activista e identificada como Patricia Troncoso.
INCENDIOS FORESTALES
La situación se verá agravada por la ausencia de lluvias, mayor temperatura y proliferación de abundante y tupido matorraje y bosques de quila (bambú sureño) aparecido a raíz de las últimas e intensas precipitaciones después de un año seco.
También las forestales Mininco y Bosques Arauco, las principales de las regiones colindantes del Biobío y La Araucanía, creen que la tensión y los atentados aumentarán por las proximidades del 12 de octubre, fecha considerada emblemática por los mapuches para reivindicar sus derechos territoriales y pretensiones de autonomía política.
Aunque con nivel de menos tensión el conflicto también se mantiene activo en la provincia de Arauco, con la existencia de 21 ocupaciones productivas de fundos de empresas forestales y de particulares. Allí, las comunidades mapuches ingresan en el día para plantar trigo y papas y talar ilegalmente bosques. Todas esas acciones han sido denunciadas en los tribunales de justicia de Cañete y Lebu, existiendo órdenes de los magistrados para que carabineros desalojen a los mapuches e incautar la madera sustraída y los elementos que emplean para procesarla.
Ejecutivos de empresas forestales han expresado su malestar por la demora en esos procesos, dado que denuncias como en el caso del fundo El Cardal de forestal Mininco, en la comuna de Tirúa, se habían hecho hace más más de cuatro meses. El desalojo sólo se produjo la semana pasada y se incautó una gran cantidad de madera.
Sólo en el caso de la empresa Forestal Mininco, que administra mil fundos entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos (Quinta y Décima), con un superficie global de medio millón de hectáreas - 350 mil corresponden a bosques- , el año pasado registró 560 incendios en sus predios, de los cuales 246 ocurrieron en bosques colindantes con comunidades mapuches.
Los incendios, la mayoría intencionales, ocurrieron en bosques de las regiones del Biobío y La Araucanía (Octava y Novena), donde la empresa forestal mantiene su mayor concentración de predios o fundos, manifestó el Gerente de Asuntos Públicos de Forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla.
El ejecutivo graficó el temor de su empresa al indicar que el año pasado, en un solo día, hubo 50 incendios intencionales en distintos puntos del fundo Santa Rosa de Colpi, en las proximidades de Traiguén, donde desconocidos, presumiblemente mapuches, quemaron la noche del viernes último la casa habitada por guardabosques.
Esa misma empresa cuenta para advertir y combatir dichos siniestros con 60 torres de observación, brigadas con 150 integrantes, siete hlicópteros, siete avionetas y seis bulldozer.
El año pasado la empresa gastó alrededor de siete millones de dólares en seguros, seguridad y prevención, pero sólo recibió cuatro millones de dólares por los daños intencionales.
Esos temores también son compartidos por Bosques Arauco y ahora por modestos particulares, como lo ocurrido en las inmediaciones de lago Lleu-Lleu, en la provincia de Arauco, donde fueron quemadas dos cabañas de veraneo. Una que su propietario esperaba rentar y la otra que iba ser utilizada por una familia de clase media de Concepción que había invertido una parte importante de sus ahorros. En ambos casos no había existido ningún conflicto con comunidades mapuches aledañas.
Pero el caso más emblemático continúa siendo el de la hacienda Lleu-Lleu, del empresario turístico y pesquero de Concepción, Osvaldo Carvajal Rondanelli, predio que sólo este año fue objeto de tres ataques incendiarios y un saqueo, con pérdidas que superan los 180 millones de pesos.
Pese a que en ambas zonas existen unas 1.500 comunidades mapuches las involucradas en conflictos no superan las 100, considerando las 22 del Consejo de Todas las Tierras, entidad liderada por Aucán Huilcamán. A ellas suman otras 6 de la radicalizada Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, cuyos voceros son el prófugo de la justicia,Víctor Ancalaf, y José Huenchuano, procesado por el incendio en campamento de Bosques Arauco, en la comuna de Los Alamos.
Las 70 restantes son lideradas por la moderada Entidad Territorial Lafquenche de la provincia de Arauco. Esta última participó activamente en los diálogos mapuches que impulsó el gobierno. Sus dirigentes han anunciado que ante la falta de respuesta a su propuesta de demanda de tierras que entregaron a fines de mayo al titular de Mideplán, Germán Quintana, en la política indígena que definió el Presidente Eduardo Frei, han optado también por las movilizaciones, pero todavía con un carácter pacífico.
El conflicto mapuche tiende a complicarse, puesto que esas entidades han acusado a las empresas forestales de la realización de montajes para inculpar a los indígenas y desvirtuar sus legítimas demandas de tierras.
Además, no existe una coherencia entre las graves acusaciones en contra de quienes son detenidos en las distintas acciones de violencia ocurridas en ambas regiones, con lo que definitivamente resuelven los tribunales. La mayoría de ellos queda en libertad y sólo hay este año 20 mapuches procesados por los tribunales de ambas zonas. El gobierno y las empresas forestales han insistido en la existencia de elementos infiltrados, pero sin precisar mayores antecedentes.
A esas denuncias se suman las de los indígenas en el sentido que estarían operando en la zona de Arauco, ex miembros del organismo de seguridad del gobierno La Oficina, y que muchos de los guardias que trabajan para las forestales son ex miembros de la Central Nacional de Informaciones, CNI.