El dueño de la hacienda Lleu-Lleu, Osvaldo Carvajal Afirmó estar dispuesto a vender 71 hectáreas de su predio de 280 hectáreas, pero al valor comercial que corresponde y no a uno menor. Atentados incendiarios fueron perpetrados casi en forma simultánea en la madrugada de ayer en dos fundos, en las comunas de Cañete (VIII Región) y Traiguén (IX Región), donde hay litigios de tierras entre comunidades mapuches y empresas forestales. El Mercurio, 27 de Marzo de 1999 

 Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
 
 
 

 

 
El Mercurio Electrónico
 
Santiago de Chile, Sábado 27 de Marzo de 1999 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
DENUNCIAN ACCIÓN COORDINADA: 
Atentados Incendiarios En Dos Predios del Sur 

Encapuchados atacaron de madrugada fundo de forestal Mininco en Traiguén (IX Región) y hacienda Lleu-Lleu en Cañete (VIII Región). 
 

CAÑETE y TEMUCO (Patricio Gómez y M. Angélica Venegas).- Sendos atentados incendiarios fueron perpetrados casi en forma simultánea en la madrugada de ayer en dos fundos, en las comunas de Cañete (VIII Región) y Traiguén (IX Región), donde hay litigios de tierras entre comunidades mapuches y empresas forestales. 

La ministra en visita María Leonor Sanhueza, quien a primera hora se constituyó en el fundo Lleu-Lleu de Cañete, declaró que lo ocurrido ayer es un hecho grave puesto que existe evidencia de que se está ante un acto previamente coordinado y planificado. En la ocasión anunció medidas de protección para garantizar los derechos de los afectados. 

El primero de los hechos ocurrió en el fundo Santa Rosa de Colpi, específicamente en un campamento forestal de la empresa Mininco, a 17 kilómetros al poniente de Traiguén, en la IX Región. Allí, pasadas las 2.00 horas de la madrugada, encapuchados lanzaron bombas incendiarias hacia las instalaciones donde pernoctaban 300 trabajadores. 

Sólo media hora más tarde, en la hacienda Lleu-Lleu, 35 kilómetros al sur de Cañete (VIII Región), desconocidos destruyeron una bodega y caballeriza, dejando pérdidas que podrían bordear los 100 millones de pesos. 

El domingo 14 de marzo el predio ya había sufrido una situación similar, cuando fue saqueado e incendiado, con pérdidas ascendentes a 80 millones de pesos. Dos mapuches son procesados como presuntos autores. 

El dueño de la hacienda Lleu-Lleu, Osvaldo Carvajal, tras ser informado de lo sucedido ayer, dijo sentirse en la más absoluta indefensión. 

Recordó que éste es el tercer atentado incendiario en contra de su predio de 280 hectáreas. El primero ocurrió en febrero del año pasado. "Estamos viviendo una situación de terror y tememos por nuestras vidas porque podemos ser el próximo objetivo", confesó. 

Agregó que ninguna autoridad de Gobierno ha tomado contacto con él para buscar una solución definitiva al problema de tierras con la comunidad mapuche Pascual Coña, que demanda la propiedad ancestral de parte del fundo. Afirmó estar dispuesto a vender 71 hectáreas del predio, pero al valor comercial que corresponde y no a uno menor. 

Lamentó que la acción de ayer en la madrugada se produjera sólo una semana después de haber presentado un tercer recurso de protección ante los tribunales, temiendo que algo como esto podía suceder. 

Visiblemente impactado, Carvajal dijo que no tiene interlocutores para llegar a una solución. "Sólo tengo a un grupo de terroristas que les está enviando mensajes al Gobierno a través de mi familia", al aludir que hasta ahora el Gobierno ni Conadi han iniciado negociaciones formales con él para la adquisición de parte del terreno que pide la comunidad Pascual Coña. 

La ministra en visita María Leonor Sanhueza - designada por la Corte de Apelaciones de Concepción para investigar el anterior saqueo e incendio en Lleu-Lleu- se constituyó a las 9.00 horas de ayer en el predio del empresario afectado. La magistrada llegó acompañada de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y un nutrido contingente policial. 

En la diligencia, que se prolongó hasta cerca de las 13 horas, recorrió el sector siniestrado y tomó declaraciones a los testigos. 

La magistrada manifestó que el atentado ocurrido ayer en la hacienda Lleu-Lleu tiene mayores implicancias que el del domingo 14, pues revela "una acción preparada o previamente coordinada". 

Confirmó que dispuso protección para garantizar los derechos de las personas afectadas. 

Consultada sobre la simultaneidad en la hora y características de los atentados ocurridos en Traiguén y Cañete, dijo que se investigará si ello es efectivo. 

En horas de la tarde la magistrada se trasladó al tribunal de Cañete. Antes de regresar a Concepción, informó que ordenó numerosos peritajes técnicos y nuevas diligencias, anticipando que se constituirá nuevamente en Cañete el próximo lunes. 

En tanto, Víctor Gutiérrez, administrador del fundo, relató que habían sido advertidos de nuevos ataques, situación que fue puesta en conocimiento de Carabineros y de la justicia 

A su juicio, en ese tipo de hechos no participaría la mayoría de la comunidad mapuche Pascual Coña, aledaña al predio. Señaló que ellos son pacíficos y que sólo hay un pequeño grupo que actúa azuzado por elementos ajenos al lugar. 

En la bodega siniestrada había 12 monturas, trece mil fardos de alfalfa y heno, además de un número no determinado de sacos con semillas de papas que se iban a sembrar este año, maquinarias, una lancha deportiva y gran cantidad de vacunas y remedios para ganado. 

Mientras la magistrada permanecía en el predio siniestrado, un centenar de mapuches realizaba una manifestación por las calles de Cañete demandando la libertad de Avelino Meñaco y su hijo Luis, quienes hasta ahora son los dos únicos procesados por los hechos del domingo 14. 

El temor de posibles "tomas" de la sede de la Conadi o del municipio de esa ciudad hizo que se dispusiera de un gran contingente policial en ambas dependencias. 

Hasta el mismo Juzgado de Letras llegó el abogado Roberto Celedón, quien defiende a los Meñaco, entrevistándose con la ministra en visita, a quien le solicitó la comparecencia de cuatro testigos que a su juicio prueban que sus defendidos no participaron en los hechos. 

A juicio de Celedón, lo ocurrido en Traiguén y Cañete son accidentes de un problema de fondo que el Estado y el Gobierno se niegan a solucionar. Ello es entregar tierras a las comunidades indígenas para que puedan desarrollar sus tradiciones y cultura. 

TERCER ATENTADO 
CONTRA CAMPAMENTO 

Según estimaciones policiales, la emboscada al campamento forestal de Mininco en Traiguén - la tercera en los últimos dos meses- habría sido hecha en coordinación con el grupo que en la madrugada atacó la propiedad en Lleu-Lleu y en ellos habrían participado mapuches. 

En los anteriores atentados contra la empresa, organizados por mapuches, sólo se utilizaron boleadoras, palos y piedras, pero nunca artefactos como los descritos. 

Según versión de obreros forestales, en el atentado de ayer los antisociales actuaron encapuchados, con el claro propósito de ocasionar un incendio. No obstante, las condiciones topográficas hicieron que los artefactos incendiarios cayeran cerca de piedras, sin lograr provocar daños. 

En total, fueron encontradas nueve de estos artefactos artesanales, pero sólo tres de ellos lograron combustionar. Peritajes realizados a las bombas determinaron que estaban hechas en envases de vidrio y en su interior se mezcló bencina y aserrín, con una mecha de papel. 

Fernando Poo, gerente de operaciones de Mininco, le restó importancia a este nuevo incidente, señalando que desde el principio de acuerdo logrado entre los mapuches y el Gobierno, el pasado 14 de febrero, que significó que la forestal suspendiera las faenas de cosecha en un sector de 58,4 hectáreas del fundo Santa Rosa de Colpi reclamado por los indígenas, la situación en la zona ha sido de completa tranquilidad.

 
 

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