Mapuches Reclaman 60 Mil Ha Forestales

TEMUCO (María Angélica Venegas).- Las 60 mil hectáreas de tierras forestales que en la actualidad son reivindicadas por grupos indígenas entre las regiones del Biobío y Los Lagos, en el sur del país, anticipan nuevos y futuros conflictos por su propiedad entre las empresas propietarias y las comunidades.

Pese a que esa cifra representa sólo el 20 % de la demanda total de predios -que alcanzaría las 300 mil ha en todo el país- las recriminaciones que algunos sectores mapuches hacen a las forestales, alentadas muchas veces por grupos políticos y ecologistas, contribuyen a aumentar un clima de beligerancia en el cual los empresarios se sienten amenazados.

Las proyección del Gobierno en materia de devolución de tierras es que las comunidades indígenas posean 500 mil hectáreas, cantidad que se estima tenían antes de 1973, según cifras de la Conadi.

Con posterioridad a ese año, los mapuches perdieron 200 mil hectáreas. En virtud de la Ley de Reforma Agraria los terrenos en manos de propietarios indígenas llegó en 1968 a las 820 mil hectáreas. El gobierno militar inició un proceso de contrarreforma que significó devolver a sus antiguos dueños los predios que con anterioridad haían sido proporcionados a comuneros mapuches, en su gran mayoría.

Por ello, el trabajo de las autoridades en los últimos años se ha centrado en lograr, mediante el Fondo de Tierras contemplado en la Ley Indígena, que las comunidades recuperen esos territorios.

Hasta ahora, la Conadi ha comprado a particulares 71 mil hectáreas. Resta aún por resolver la situación de las otras 129 mil que completan las 200 mil pendientes. Ese el propósito del Gobierno.

No obstante, las pretensiones indígenas son mayores. Además de esas 200 mil hectáreas -que el Gobierno pretende adquirir- reclaman derechos ancestrales sobre otras 300 mil. En estas últimas están consideradas las 60 mil pertenecientes a empresarios forestales.

Aún cuando la mayoría de las empresas madereras cuyos fundos colindan con tierras de indígenas han intentado mantener buenas relaciones de vecindad, y para ello les entregan gratuitamente leña y porciones de vegas para cultivo, éstos las acusan de no considerarlas como mano de obra, dañar el medio ambiente y agotar con sus plantaciones las fuentes de agua.

La falta de un catastro nacional de predios reclamados por las comunidades no augura una solución definitiva a las movilizaciones cuya finalidad es presionar al Ejecutivo, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, para que los incluya en los listados de compra.

Cuando una comunidad estima que un predio debe serle restituido presenta una solicitud a Conadi para que estudie su caso. Determinar si su petición es fundada o no tarda en promedio tres años, lapso en cual se desarrollan estudios históricos y jurídicos que avalen su postulación al Fondo de Tierras para su posterior financiamiento.

El anuncio de su director nacional, Domingo Namuncura, de establecer un límite a la adquisición de territorios, tampoco mejora el panorama ya que según la misma institución la demanda actual de los indígenas llega a las 300 mil hectáreas.

Entre las regiones Octava y Décima las compañías madereras poseen un millón 525.940 hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptus. Si bien las 60 mil ha que reclaman las mapuches representan sólo el 3,9 % del total existente, sus ejecutivos estiman que el grado de violencia que en algunos casos alcanzan las movilizaciones ponen en riesgo del futuro de nuevas inversiones en la zona.

Ante ello el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales de la Cámara de Diputados, Alejandro Navarro, insistió en que el Gobierno debe crear una comisión multisectorial que se aboque a investigar a fondo el tema de las aspiraciones territoriales de los pueblos originarios. Junto con proponer soluciones, dijo, se podría conocer cuales de las reclamaciones son fundadas y atendibles y cuales no.

Navarro informó que el próximo 6 de mayo habrá una sesión especial de la Comisión para conocer en detalle el problema social y ecológico que enfrentan hoy a las forestales con los mapuches.

BUENAS EXPERIENCIAS

Según aclaró el jefe nacional del Programa de Fondo de Tierras y Aguas, Nepomuceno Paillalef, no es real entender que algunos conflictos entre empresas y mapuches, como los últimos seis registrados en la Novena Región, representan la tónica de las relaciones entre las partes.

El presidente de Corma-IX Región, Lorenzo Dubois, coincidió con esta apreciación, y reconoció que la mayoría de los dirigentes mapuches y sus bases no comparten la vía violenta que significa las ocupaciones de predios. No obstante reiteró su preocupación por el aumento de estos hechos.

Paillalef destacó la actitud asumida por las empresas Simpson y Mininco de Los Angeles, las que se han mostrado dispuestas a vender sus predios. Incluso la primera -relató el funcionario-, solicitó a la Conadi los mapas comunales para extender su patrimonio en zonas donde no se ubiquen comunidades mapuches y ha accedido a negociar la venta de tres de los cuatro fundos pedidos por el organismo indígena.

Empero, la Corporación Chilena de la Madera, Corma, IX Región, estima que el potencial conflicto amenaza a las empresas plantadoras, ya que no sólo les perjudica el hecho que sus predios sean objeto de tomas, sino también el retraso que implica postergar acciones de manejo que requieren los bosques para ser más productivos.

"Este acto constituye un flagrante atropello al Estado de Derecho, por cuanto es bien sabido que los tribunales han fallado reiteradamente en favor de los propietarios de los predios afectados", afirmó Lorenzo Dubois, presidente regional de Corma.

Para Aucán Huilcamán, líder de la organización Consejo de Todas Las Tierras que ha respaldado la mayoría de las ocupaciones de predios ocurridos en La Araucanía, el desafío del Estado es compatibilizar las necesidades de tierra y la posición política de las autoridades. Estima que mientras no se cuenta con un catrastro del nivel de conflictividad el problema será permanente.

REALIDAD REGIONAL

Sólo en la Región del Biobío las 14 comunidades de la zona Arauco, Tirúa, Cañete y Lleu-Lleu tienen reclamaciones que alcanzan 55 mil ha entre forestales y particulares, lo que presenta a una población mapuche de más de 20 mil personas.

Los conflictos -que la mayoría de los casos llevan años en juicios en los tribunales sin solución-, se desarrollan en espacios territoriales donde existe presencia de las compañías forestales Bosques Arauco, Mininco y Volterra.

Los principales focos de potencial conflicto son Rucañanco, en el sector Huallepén Alto; Pascual Coña en el lago Lleu-Lleu; Cullinco del sector cerro Alto en Los Alamos y la comunidad Juanico Antinao de Antiquina.

En tanto en la IX Región, las futuras movilizaciones mapuches se prevén, entre otras, en las comunas de Lumaco, Purén, Ercilla y Traiguén. En el caso de la primera el gobierno ha reconocido su imposibilidad de adquirir las 6.400 hectáreas que reclaman dirigentes locales y que están en manos de las empresas Bosques Arauco, Mininco y Millalemu.

Finalmente en la comuna de Quellón, Región de Los Lagos, grupos Huilliches reclaman una superficie aproximada a las 23 mil hectáreas cuyos propietarios son las forestales Hawarden, Puerto Carmen y la sucesión Núñez Ruiz.