Gobierno Retomará Diálogo con Mapuches de "Tomas" 

GALVARINO (María Angélica Venegas).- En contradicción a su postura de no negociar bajo medidas de presión, el gobierno regional accedió ayer establecer mesas de diálogo con las dos comunidades mapuches que mantienen ocupados desde hace nueve días predios particulares en esta comuna, a cambio que depongan sus movilizaciones. 

Mientras, en Santiago, los empresarios, especialmente del rubro maderero, los principales afectados con las ocupaciones de tierra, reiteraron su preocupación por lo que estiman un grave atropello del estado de Derecho. 

El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Fernando Léniz, advirtió que si se siguen tolerando estos atropellos la gente se sentirá incentivada a tomar las leyes en sus manos. Explicó que hace más de 6 meses diagnosticaron dicha situación, pero que no fue tomada en cuenta por la autoridad, la que ha tenido una actitud permisiva frente a este conflicto. Las dos comunidades que tienen tomados predios en la comuna de Galvarino son las únicas que mantienen las medidas de fuerza, luego que por su voluntad mapuches de Traiguén abandonaran el fundo Santa Rosa de Colpi y que el lunes Carabineros desalojara por la fuerza a otros indígenas que ocupaban el predio Pidenco, en Lumaco. 

Por su parte, el magistrado del Juzgado del Crimen de Lautaro, Cristián Alfaro, que tramita dos querellas por los delitos de usurpación de las propiedades en Galvarino, informó que espera el resultados de esas gestiones, que se inician mañana, para evaluar si ordena a Carabineros desalojar a los ocupantes. Según aclaró el asesor de asuntos indígenas del gobierno regional, Guillermo Pierce, la autoridad no negociará sino que retomará el camino de dialogar seriamente con los demandantes para conocer sus inquietudes. 

El personero encabezó junto al jefe de gabinete de la intendencia local, Enrique Besnier, la comitiva que durante las últimas horas llegó hasta los comunidades que ocupan los predios El Litre y Pangueco, de propiedad de Forestal Mininco, y los empresarios Antonio Cuadra y Ernesto Reidel. Allí les expusieron como condición para conversar sus inquietudes el que depusieran las acciones de fuerza iniciadas la semana pasada. Sólo tras ello se les recibiría. 

Tal planteamiento era evaluado ayer por los dirigentes mapuches, previéndose una respuesta favorable. 

Debido a la escala de ocupaciones que se inició este mes, luego de arribarse a un acuerdo con otra comunidad de Purén, en que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se comprometió a adquirir un fundo de unas 560 hectáreas para cumplir sus requerimientos, otros grupos mapuches iniciaron medidas de fuerza para conseguir el mismo objetivo. 

Frente a ello, tanto el Intendente Oscar Eltit como el director nacional de Conadi, Domingo Namuncura, advirtieron que no aceptarían presiones de esta naturaleza e informaron que excluirían de los listados de compra a aquellas comunidades que se involucraran en hechos que violentaran el estado de Derecho. 

De ahí que no dejó de sorprender que las autoridades, luego de sostener que no intervendrían a favor de aquellos que atentaran contra la propiedad privada, hayan anunciado la creación de mesas de "diálogo" para escucharlos. 

Guillermo Pierce precisó que el Gobierno no puede negarse al diálogo y discutir las necesidades reales de los indígenas de la IX Región. Sostuvo, sin embargo, que el proceso no se circunscribe a los comunidades de Pangueco y Soto Cariqueo, involucradas en las tomas, sino que se pretende en el corto plazo incorporar a todas las que residen en la comuna. 

OTRO CASO 

Esta situación no es nueva, ya que tras el atentado incendiario que destruyó tres camiones que transportaban madera de la empresa Bosques Arauco en Lumaco, la autoridad -en forma paralela al proceso judicial iniciado en contra de sus presuntos autores- puso en marcha un plan de desarrollo indígena y rural que luego de tres meses de trabajo, en conjunto con las 27 comunidades del sector, será dado a conocer hoy. 

Un aspecto no aclarado hasta ahora es si efectivamente la Conadi hará cumplir la disposición de dejar fuera de los listados de compra de tierras a la comunidad Soto Cariqueo de Galvarino. Ello, porque previo a iniciar la movilización la semana pasada, éstos se encontraban tramitando su inclusión en el programa de soluciones y se esperaba que fueran favorecidos el próximo año. 

El "lonco" Pedro Cariqueo dijo que su propósito era sólo apurar el proceso y no dañar los intereses de la empresa Mininco, dueña hace dos años el fundo de 1.600 hectáreas. 

Durante la mañana de ayer, la treintena de indígenas que permanecía en en el fundo El Litre fue visitado por el magistrado Alfaro, quien se impuso en terreno de la situación que allí acontece. Si bien el juez escuchó pacientemente los fundamentos de la toma, aclaró que deberá ordenar el desalojo si de aquí al viernes no se llega a un acuerdo con la autoridad político-administraiva. 

En tanto, la magistrada María Angélica Baeza, titular del juzgado del Crimen de Traiguén, quien el lunes ordenó el desalojo del fundo Pidenco de Lumaco, resolvió ayer dejar en libertad por falta de méritos a 32 de los 33 detenidos por la policía uniformada. Sólo el dirigente Alfonso Reimán, presidente de la asociación comunal mapuche Ancuqueo de Lumaco, permanece recluido en la cárcel de esa ciudad a la espera que este viernes la jueza resuelva si lo somete a proceso por el delito de usurpación de tierras. 

LA CONADI 

En Santiago, la Conadi entregó ayer una declaración de nueve puntos en que llama de nuevo al diálogo, calificando de impropia la actitud de agricultores que, "con el pretexto de defender sus propiedades, amenazan con el uso de la fuerza". 

El organismo invita a las comunidades indígenas a mantener su adhesión a los caminos del diálogo democrático. Señala que los procedimientos de ocupación de predios son ajenos a la conducta y al espíritu de muchas comunidades y personas indígenas del país, ilustrando luego respecto a que existen cinco mil comunidades organizadas.