El Gobierno advirtió ayer, tanto a empresarios como comunidades indígenas, que se hará cumplir estrictamente el Estado de Derecho y la ley y rechazó cualquier tipo de ultimátum de parte de las empresas forestales por las sucesivas tomas de terreno que se han registrado en la IX Región. 

El Ministro de Interior subrogante, Belisario Velasco, fue enfático en señalar que ningún grupo en el país puede "tomar la justicia en sus manos" y agregó que si los empresarios desean desalojar sus tierras deben hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales de justicia. 

En tanto, el intendente de IX Región instó a la tranquilidad. 

Se espera que hoy los juzgados de Lautaro y Traiguén ordenen a Carabineros el desalojo de los predios que permanecen hace una semana usurpados. 

Ayer, el Gobierno reaccionó frente a la advertencia que hicieran los dueños de algunos fundos en la región de la Araucanía, los cuales demandaron una solución en menos de 48 horas. Los empresarios afirmaron que si ésta no se da, deberán asumirse las consencuencias de un posible enfrentamiento entre mapuches y los legítimos propietarios. 

"El Gobierno hará respetar el Estado de Derecho" fueron las categóricas palabras del ministro, quien precisó que tanto para empresarios como indígenas que han participado en las tomas "deben atenerse a las disposiciones legales vigentes". 

El personero indicó que cualquier ocupación, si no es con el consentimiento de sus propietarios, es un acto ilegal y el Gobierno ha señalado a los empresarios que deben hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales de justicia, los cuales si lo estiman procedente, ordenarán su desalojo. "El Gobierno entonces, hará cumplir a través de Carabineros esa disposición", aseguró. 

TENSA SITUACION 

La tensa situación que se vive en las provincias de Cautín y Malleco se ha incrementado en las últimas horas luego de que diversas comunidades iniciaran las tomas simultáneas de diversos terrenos. 

Hasta ayer permanecían en toma los fundos Pangueco y El Litre de Galvarino; Santa Rosa de Colpi de Traiguén y Pidenco de Lumaco. Los dos primeros pertenecen a particulares, mientras que los últimos a las empresas forestales Mininco y Forestal Arauco. 

Las demostraciones indígenas se hicieron patente en la comuna de Lumaco en diciembre, cuando un grupo de mapuches asaltó y quemó tres camiones forestales. Eso derivó en la presentación de una demanda por Ley de Seguridad del Estado. 

Meses después un grupo de mapuches se tomó por varios días el fundo El Rincón de Purén, lo que obligó a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena a iniciar las conversaciones tendientes a concretar su venta al Estado para que pudiese ser traspaso. 

Frente a nuevas tomas, las autoridades advirtieron que quienes participen de ellas no podrán ser favorecidos con este tipo de soluciones. 

NO AL ULTIMATUN 

Ante la advertencia de que los empresarios levantaron al Gobierno frente a la posibilidad que se produzcan enfrentamientos con los mapuches, Velasco dijo que "el ultimátum es un acto ilegal que no corresponde y cualquier persona que se arrogue una facultad que no tiene debe atenerse a las consecuencias". 

Ante los sucesivas tomas y el hecho de que el Gobierno marcará el precedente abriéndose a la posibilidad de compra, el ministro sostuvo que las ocupaciones se han debido en su mayoría por la delicada situación que viven las comunidades mapuches y que se arrastra por decenas de años. 

Indicó que por eso, a través de la Conadi, se ha buscado mejorar la situación de las mismas y ya se han entregado un total de 40 mil hectáreas. 

Reiteró en todo caso, que la toma de un fundo es un acto ilegal y "no implica, en modo alguno, que vaya a ser adquirido". 

"Por el contrario, sienta un precedente negativo y las personas que se tomen un predio además de los efectos y responabiliad legal que les cabrá, no van a ser objeto de un tratamiento especial por parte de la Conadi, sino muy por el contrario, ese predio no va a ser adquirido", sostuvo. 

Velasco remarcó así la advertencia hecha hace algunos días, pero insistió también en que los empresarios deben presentar sus denuncias correspondientes ante la justicia, porque sino se entiende que han dado su consentimiento para la toma. 

Consultado si con la compra de tierra no se alentó nuevas tomas, el ministro descartó de plano tal hipótesis y sostuvo que muchas de las ocupaciones de estos días han estado azuzadas por grupos interesados en crear tensión durante el desarrollo de la II Cumbre de las Américas. 

Frente a la actitud de los empresarios, insistió que "si alguien quiere tomarse la justicia por su mano también se le va a aplicar la justicia". 

Velasco, en todo caso, dejó abierta la posibilidad de que se aplique nuevamente la Ley de Seguridad de Estado tanto para los mapuches como para los empresarios porque no se permitirá la interrupción del normal desenvolvimiento de las actividades del país. 

El subsecretario subroga al ministro Carlos Figueroa, debido a que este inició un viaje a Viena para participar, junto al director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, Mario Papi, en un encuentro internacional sobre terrorismo en Viena. 

TRIBUNALES 

A su vez el intendente de la IX Región, Oscar Eltit, advirtió que no cederá a presiones de ningún sector y que los caminos para solucionar las controversias se encuentran en los tribunales de Justicia. 

Asimismo, la máxima autoridad de la región enfatizó que cualquier otra acción destinada a obtener justicia por mano propia "constituye un delito y una transgresión gravísima a la convivencia social que en nada ayuda a la solución de conflictos". 

Eltit recomendó a los actores sociales y gremiales ponderación en las declaraciones y no incluir presiones veladas que conlleven el uso de la fuerza y la beligerancia. 

El sábado último el Comité de Defensa de los predios afectados por "tomas" indígenas dio al Gobierno un ultimátum de 48 horas para que la autoridad ordene medidas que permitan a sus dueños recuperar los cuatro fundos ocupados por las comunidades mapuches en Galvarino, Traiguén y Lumaco. 

En todos los casos, los indígenas reclaman derechos ancestrales sobre las propiedades. Para deponer las "tomas" ponen como condición que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena los incluya en los listados de compra de tierras en litigio y entable con sus actuales propietarios negociaciones de venta. 

En relación a este punto, el intendente Eltit reiteró que no respaldarán ninguna gestión destinada a apoyar peticiones que sean precedidas por hechos de violencia o presión indebida. 

Afirmó también que las autoridades regionales y provinciales se encuentran velando por la mantención del orden público y seguridad de las personas y sus bienes, con estricto apego a las disposiciones legales vigentes. 

"Esta función no está sujeta al arbitrio o a la voluntad de las autoridades, ni menos a la presión de particulares ejercida a través de cualquier medio. Corresponde al Poder Judicial, a través de los tribunales, la resolución de los conflictos particulares, siendo éstos los que deben resolver y determinar las sanciones que correspondan en caso de existir delito, así como dar debida protección a los afectados", destacó el intendente. 

DEFENSA 

La decisión de defensa manifestada por la organización de los agricultores afectados por las ocupaciones de sus predios -cuyas superficies bordean las 140 y 1.600 hectáreas- marcó un retroceso en el movimiento de recuperación empredido por las agrupaciones indígenas Consejo de Todas Las Tierras y Ad Mapu. 

Fue así como durante la madrugada de ayer los ocupantes de los campos se retiraron a sus hogares dejándolos temporalmente solos. Ello contribuyó a bajar la tensión en la zona, especialmente en Galvarino, pese a que luego regresaron y realizaron torneos de palín, práctica mapuche tradicional. 

Aunque ambas organizaciones mapuches habían anunciado que durante el fin de semana habría nuevas "acciones de recuperación", tras la advertencia de los afectados y vecinos que no permitirían nuevas acciones, y que para ello utilizarían incluso las armas, la amenaza no se concretó.