Al anunciar cambios legislativos -algunos de ellos justificados- mientras enfrenta una protesta, el gobierno aparece cediendo a medidas de presión.

EL GOBIERNO se encuentra buscando la manera de lograr que depongan su protesta los 32 activistas mapuches que llevan adelante desde hace casi dos meses una huelga de hambre líquida. Para ello, ha prometido cambios legislativos que pretenden satisfacer algunas de las demandas de los huelguistas.

Ayer, el Presidente de la República anunció el envío con suma urgencia al Congreso de un proyecto de ley que restringe la jurisdicción de la justicia militar. De ser aprobado -todo indica que lo será-, unas 4.000 causas radicadas en los tribunales castrenses pasarán a los civiles. Se trata de una reforma incluida en el programa de gobierno y que es necesaria, dado el muy amplio ámbito de acción que nuestro ordenamiento le entrega hasta ahora a la justicia militar, lo que hace que en muchas ocasiones civiles sean juzgados por ésta, en general una anomalía que debe ser corregida.

Mayor controversia ha levantado la idea de introducir cambios a la Ley 18.314, que determina las conductas terroristas y fija las penas para sancionarlas, y que, según el Mandatario, serán sometidos a consideración parlamentaria en los próximos días. El Ejecutivo ha estado analizando la posibilidad de excluir de la categoría de terrorista los delitos contra la propiedad privada, en especial los incendios contra predios agrícolas, con lo cual las penas asociadas a ellos disminuirían de manera automática. Parece ésta, sin embargo, una iniciativa equivocada, pues el incendio es una herramienta muy utilizada por los violentistas en la zona del conflicto mapuche para causar temor y amedrentamiento en los dueños de tierras, con el objetivo de crear un clima que termine forzándolos a enajenarlas. Debido a la resistencia que esta idea ha encontrado entre parlamentarios oficialistas, se estaría analizando también la posibilidad de mantener la tipificación de terrorista para esta clase de delitos, pero graduando las penalidades adscritas a ellos. Esta vía podría ser explorada, aunque cabe mencionar que hoy los jueces ya poseen atribuciones para manejarse con latitud a la hora de dictar condenas.

Más allá de la forma que adopten los cambios legales sugeridos, llama la atención que un gobierno que ha apostado con fuerza por la seguridad y el orden, aparezca cediendo ante una medida de presión de parte de personas que se hallan acusadas de delitos muy graves, entre los cuales se encuentran homicidio frustrado, asociación ilícita terrorista, atentado terrorista contra medio de transporte, incendio terrorista, robo con intimidación, o porte y tenencia de armas. Se ha señalado que el Ejecutivo busca impedir que un agravamiento de la huelga de hambre de los activistas mapuches opaque las celebraciones del Bicentenario, pero no parece adecuado subordinar decisiones de naturaleza tan seria a este tipo de consideraciones de corto plazo. Debe tomarse en cuenta de que existe la posibilidad de que, alentados por la respuesta ante los huelguistas de hambre mapuches, otros individuos que sientan amenazados sus derechos escojan utilizar idéntico medio de presión, lo cual podría terminar poniendo al Ejecutivo en una situación incómoda. Algo de esto podría estar ya ocurriendo: el lunes, los activistas mapuches señalaron que esperaban que la huelga de hambre sumara nuevos adherentes entre personas que han sido inculpadas y condenadas por cargos similares a los que ellos enfrentan.