En el Tribunal de Garantía de Pucón comenzó este jueves el juicio oral simplificado en contra de la abogada Karina Riquelme Viveros defensora por presunto ejercicio ilegal de la profesión durante 2009.
Los hechos se enmarcan en una investigación de oficio iniciada por el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chifelle por el presunto ejercicio ilegal de la profesión durante 2009, en momentos en que la profesional se desempeñaba en la Oficina de Protección de la Infancia de Pucón, según informa el Centro de Investigación y Defensa SURLa abogada defensora Karina Riquelme (en la foto) se enteró de la investigación en su contra en las vísperas de un alegato ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en el cual defendía un recurso de protección en contra de la PDI y Carabineros en el marco de las defensas de comuneros mapuche.
El 18 de agosto de 2010 la profesional encontró en su hogar una “notificación” en donde la conminaban a concurrir hasta el cuartel de la PDI en Temuco. En ese lugar el Inspector Marcelo Millacoy le comunica que la están investigando por ejercicio Ilegal de la Profesión, que no existe denunciante y que la instrucción les llegó por parte del fiscal Cristian Paredes.
FISCAL REGIONAL
Según señala el Centro de Investigación y Defensa SUR el fiscal regional de la Araucaníala Francisco Ljubetic habría ordenado formalizar la investigación contra Riquelme Viveros lo que ocurrió el 28 de septiembre del 2010 en el Tribunal de Garantía y Letras de Pucón que, pese a la solicitud de la fiscalía, no le aplicó medidas cautelares.
Debido al embarazo y posterior posnatal de Karina Riquelme, la preparación de juicio oral simplificado se realizó recien el 29 de septiembre del 2011.
Dentro de los testigos que declararan por los hechos investigados se encuentran: el fiscal regional de la Araucania, el fiscal jefe de Temuco, la alcaldesa de Pucón, dos magistrados que presidieron audiencias donde intervino Karina Riquelme, funcionarios del municipio de Pucón, de la PDI, y personas del ámbito de los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos se acreditó como observadores durante el juicio.
