“También hay testigos presenciales que no estuvieron protegidos y que permitieron configurar el delito”, señaló Andrés Cruz, quien llevó la investigación y juicio contra Héctor Llaitul y otros tres comuneros.
El jefe de la Fiscalía de Talcahuano, Andrés Cruz, quien llevó la investigación y juicio en Cañete por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, afirmó este miércoles que la condena contra los cuatro comuneros mapuches no se fundamenta sólo en los testigos anónimos.“También hay testigos presenciales que no estuvieron protegidos y que permitieron configurar el delito. Los testigos protegidos sirvieron para situar a los autores en el lugar de los hechos”, señaló el fiscal en la Corte Suprema, donde se ve el recurso de nulidad del juicio.
Cruz también señaló que “hay bastantes pruebas científicas e intervenciones telefónicas que ubican a los imputados en los lugares en que acaecieron los ataques, tanto en el atentado contra el Fiscal Elgueta, como en robo con intimidación al comunero José Santos Jorquera”.
El fiscal Cruz afirmó que “incluso uno de los peritajes demostró que el teléfono celular de Santos Jorquera fue utilizado por uno de los imputados y eso es inobjetable desde el punto de vista técnico”. También desmintió que los testigos protegidos hayan recibido favores judiciales.
Por su parte, el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Pelayo Vial, insistió en que los testigos protegidos constituyen una vulneración de las garantías constitucionales de los imputados, porque impidieron efectuar una defensa adecuada.
Los alegatos por el recurso de nulidad continuarán este viernes en la Segunda Sala de la Corte Suprema y se espera que haya una resolución el próximo lunes.
A la audiencia de este jueves asistieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema mapuche Amerigo Incalcaterra; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, el senador Jaime Navarro y el diputado Sergio Aguiló.
JUICA Y ENA VON BAER
Por su parte, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, se reunió con el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, para plantearle su preocupación por la aplicación de la Ley Antiterrorista en los juicios contra los mapuches.
Al respecto, Juica señaló que “somos críticos a la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero ése ya no es un problema de los jueces, es un problema político a través de modificaciones legales y nos preocupa que la radicalización de los asuntos finalmente rebota en problemas judiciales que deben ser resueltas por los jueces y eso crea un cierto grado de complejidad”.
Finalmente, la vocera de gobierno Ena von Baer llamó a los comuneros a deponer la huelga de hambre, ya que según dijo, “hemos cumplido en un 100 por ciento con todos los compromisos que asumió el gobierno en su momento en la mesa de diálogo”.
Claudio Leiva Cortés
