Temuco/Santiago (Chile), 7 sep (EFE).- La treintena de comuneros mapuches que permanecen en diversas cárceles del sur de Chile mantendrán su huelga de hambre a pesar de las reformas legales anunciadas hoy por el Gobierno, según conoció Efe de fuentes próximas a los indígenas presos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este martes un proyecto de ley para reformar la justicia militar, pero los mapuches, algunos de los cuales están en ayuno desde el pasado 12 de julio, respondieron que no satisface sus demandas.

Los indígenas exigen que deje de aplicárseles la ley antiterrorista y de sometérseles a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares, porque ello limita su derecho a defenderse y a tener un juicio justo, y además agrava las penas.

Los 34 comuneros mapuches están en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temucho y Cholchol por hechos ocurridos en el marco de las reclamaciones de tierras que consideran ancestrales. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido condenado hasta ahora.

Al firmar hoy el proyecto de ley para reformar la justicia militar, el presidente aseguró que más de 4.000 causas que se encuentran en manos de los tribunales militares, muchas de las cuales involucran a mapuches, pasarán a la jurisdicción ordinaria.

Según Piñera, esta iniciativa, que debe ser debatida en el Senado para su aplicación, supone "un gran paso hacia la adecuación de la justicia militar a los más altos y exigentes estándares internacionales".

Esta opinión contrasta, según supo Efe, con la que sostienen los huelguistas, quienes criticaron hoy el hecho de que en ningún momento se les haya consultado al respecto, y que las autoridades no hayan establecido diálogo alguno.

La iniciativa contempla además la tipificación de nuevos delitos, como el uso de la fuerza o la intimidación contra las fuerzas del orden, algo que, según Piñera, permitirá proteger mejor a los policías y a la vez aumentar su eficacia.

Al anunciar estas medidas, el presidente chileno reiteró su emplazamiento a los presos en huelga de hambre para que depongan su actitud "y retomen cuanto antes el camino del diálogo y del estado de derecho".

El gobernante anunció también que en los próximos días firmará un nuevo proyecto de ley para "perfeccionar la ley antiterrorista".

El objetivo de esta otra reforma es que la ley persiga las "conductas que inequívocamente están dirigidas a producir terror en la población, distinguiéndolas de otros delitos comunes", y racionalizar las penas, que en algunos casos son "excesivas" al compararlas con las que se aplican en las leyes ordinarias, admitió Piñera.

Sin embargo, según trascendidos de prensa, se mantendrá la figura del "testigo protegido", aunque se introduce la posibilidad de que la defensa de los acusados pueda interrogarlos conservando su identidad en el anonimato, algo que los comuneros en huelga de hambre rechazan de plano, dijeron a Efe sus representantes.

Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió de que alimentar por la fuerza a los mapuches que mantienen la huelga de hambre podría considerarse un delito de tortura.

"Si el afectado no quiere alimentarse, obligarlo podría tipificarse como tortura y trato inhumano", dijo hoy a Efe el presidente de AI Chile, el abogado Hernán Vergara.

Hace algunos días la Corte de Apelaciones de Concepción, en el sur de Chile, autorizó a Gendarmería (servicio de prisiones) la alimentación por la fuerza de ocho presos que están en cárceles de esa zona.

En Temuco y Valdivia, sin embargo, sólo autorizaron que en caso de emergencia o urgencia los huelguistas sean trasladados a un centro asistencial y que sean los médicos quienes decidan cómo proceder para salvaguardar su vida.

Hasta ahora los presos ingieren algunos líquidos, pero han perdido en promedio unos 20 kilos de peso, explicó ayer la doctora Berna Castro.

Algunos huelguistas ya presentan "daños internos" y su situación es crítica, especialmente los que están en las cárceles de Angol y Concepción.

Al tiempo que el Gobierno anunciaba su intención de enviar al Parlamento reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar, en los últimos días la Iglesia católica se ha ofrecido a mediar y ha propuesto instalar una mesa de diálogo, una iniciativa que también han planteado los partidos de la oposición.