Como mencioné en mi posteo previo, es un aspecto positivo que el actual gobierno quiera reformar la justicia militar. También mencioné que es más fácil decirlo que hacerlo. A continuación hago una breve reseña legislativa de los tres proyectos de ley más importantes que pretendían reformar la justicia militar (aunque han sido por lo menos unos 6 en los últimos cinco años).

El primero fue el boletín 5159-07 presentado el año 2007 al Congreso. Dicho proyecto buscaba establecer que la Justicia Militar no podía alcanzar a civiles, pero mantenía el alcance de esta para el delito de maltrato de obra de Carabineros de Chile. En otras palabras, tenía un impacto bastante limitado, ya que las pocas estadísticas disponibles muestran que sobre el 40% de las causas en Corte marcial son por maltrato de obra (agresiones a un Carabinero) o Violencia Innecesaria, siempre involucrando a un civil en dicha jurisdicción.

A finales del año 2009 se enviaron dos proyectos de ley por la expresidenta Bachelet. El Boletín 6739-02 y el 6734-02. Uno de estos establecía lo mismo que el Gobierno actual anuncia (aunque no he tenido acceso al actual proyecto del gobierno, por lo que pueden haber diferencias), que consiste en una competencial funcional de la justicia militar. En castellano esto significa que un civil nunca podrá estar bajo los tribunales militares y que un militar (Carabinero para estos efectos también, aunque es discutible) solo podrá estarlo por delitos militares y no por delitos comunes, vale decir, delitos que cualquier persona puede cometer.

El segundo proyecto del 2009 establece la parte especial, en otras palabras, establece cuales serán los delitos militares.

¿Qué ha pasado con estos proyectos? No mucho.

La tramitación en el Congreso ha sido lenta y larga. De hecho ninguno de estos proyectos ha superado el primer trámite constitucional.

Así, el primer proyecto presentado el 2007 no registró movimiento alguno durante el año 2008 y el 9 de marzo de este año, tres años después de su presentación, se solicitó su archivo por el poder ejecutivo.

El segundo proyecto, presentado en octubre de 2009 se encuentra en una misma situación. Este proyecto, que establece como mencioné la competencia funcional de la justicia militar (nunca a civiles) solo contó con el informe que hizo la Corte Suprema, ni siquiera se registra algún informe elaborado por la comisión en que se encontraba en estudio. Durante los meses de enero y marzo de este año 2010 solo registra movimientos en relación a las “urgencias” para su discusión. Desde la nueva administración a la fecha, el proyecto no registra movimiento.

Finalmente, el proyecto que establece los delitos militares solo registra un movimiento, el cual consiste en que dicho proyecto pasó a la comisión de defensa. No se registra ningun informe, ni del poder judicial, ni de la propia comisión.

Esto son datos objetivos (puede verificarlo en la página del Congreso, sección asistente legislativo; sil.congreso.cl).

La reforma a la justicia militar es una tarea de gran envergadura, ya que sumados a los desafíos técnico-legislativos en el diseño de estos proyectos, se requieren acuerdos políticos, hasta la fecha dichos acuerdos no han existido. Una de las causas de esta falta de acuerdo parece recaer en una visión distinta acerca del rol que la justicia militar debe cumplir. En este sentido la postura de parlamentarios de RN y UDI ha sido ver a la justicia militar como una herramienta de persecución criminal y de respaldo a las instituciones como Carabineros y las fuerzas armadas. Así por ejemplo, en el informe de la comisión que analizó el proyecto de ley del 2007 en ese tiempo Baldo Prokurica indicó: “más allá de lo que propone el proyecto en estudio, no debe dejarse de lado el debate sobre cómo debe enfrentarse el tema del orden y la seguridad pública y respaldarse a las Fuerzas Armadas y Carabineros, habida consideración de que una de las más relevantes preocupaciones de la comunidad es la seguridad ciudadana. Ahora bien, sostuvo que precisamente en el afán de respaldar a estas instituciones y buscar un mayor rigor en la aplicación de la ley, los Tribunales Militares representan un camino adecuado para lograrlo”.

Como se ve, decir que se va a reforma la justicia militar (algo muy loable y necesario) es fácil, pero sin acuerdos políticos, es algo inviable. Es de esperar que el gobierno actual logre dichos consensos y podamos por fin cumplir con nuestra condena internacional.