Mijael Carbone, quien sigue prófugo, había sido condenado en Angol a 7 años por homicidio frustrado a carabineros.

"Vamos a insistir con nuestros abogados, porque creemos que aquí hay responsabilidad del señor Carbone y vamos a empujar desde nuestro carro para que se asignen las responsabilidades respectivas". Sin ahondar más allá en la resolución entregada el miércoles por la Corte Suprema, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que el Gobierno se hará parte en el nuevo juicio que deberá realizarse en contra del vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Mijael Carbone, acusado de homicidio frustrado contra carabineros y cuya condena a siete años de cárcel quedó sin efecto tras la resolución del máximo tribunal.

Según el fallo, existió "insuficiencia de prueba material" en el juicio realizado este año en Angol por la participación de Carbone en una emboscada a Carabineros en mayo de 2011, al interior del predio del agricultor René Urban, en Ercilla.

Sobre la actuación del Ministerio Público en el juicio inicial, Ubilla expresó que "cada institución debe responder ante la prensa y la comunidad". Más duro fue el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, quien indicó que "se llega a una situación en que los juicios condenan y son revocados, lo que quiere decir que el tribunal está teniendo dificultades para llevar justicia, y el problema está en el Ministerio Público". Ambos coincidieron en que se solicitará la prisión preventiva inmediata de Carbone -quien se encuentra prófugo desde agosto pasado- de cara al nuevo juicio. En los últimos meses, ha difundido una serie de videos a través de sitios web adherentes a la causa mapuche, opinando sobre visitas de autoridades a la zona.

Por otra parte, Ubilla se refirió al ataque incendiario contra un camión perpetrado el martes por encapuchados en las obras del nuevo aeropuerto regional, en la comuna de Freire, provincia de Cautín, la cual no había sido escenario de hechos de este tipo, concentrados hasta ahora en Malleco. "Este atentado al interior del aeropuerto es una situación distinta y tiene un ribete de crueldad y desapego total al respeto a la vida", en referencia al chofer que resultó con un 17% de su cuerpo quemado. "Al Ejecutivo le corresponde ejercer como querellante y las policías ya manejan información de lo que ocurrió".
NICOLÁS GUTIÉRREZ