“Se debe suprimir la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y revisar las normas de procedimiento penal para ajustarlas plenamente a las normas internacionales de juicio imparcial”, sostiene la entidad a través de un comunicado de prensa.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la huelga de hambre seca que, desde hace aproximadamente 30 días, están llevando a cabo 32 presos mapuche demandando el término de la aplicación de la Ley Antiterrorista, el fin al procesamiento de casos por la Justicia Militar y la aplicación de garantías del debido proceso.

A través de un comunicado de prensa, la entidad -dirigida por Lorena Fries- hizo hincapié en que “el Estado de Chile requiere avanzar en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y los compromisos asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2009, toda vez que ellos contribuyen a reforzar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”.

Por tal razón, agregan, “se debe adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación que entre otros grupos viven los pueblos indígenas e intensificar los esfuerzos en pos del pleno respeto de sus derechos y su protección contra las prácticas discriminatorias”.

Como asimismo, “suprimir la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y revisar las normas de procedimiento penal para ajustarlas plenamente a las normas internacionales de juicio imparcial”.

En esa línea, el organismo reparó en que “se debe proseguir los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las cuestiones de la tierra, y velar por que la Ley antiterrorista (Ley Nº 18314) no menoscabe sus derechos”.

Por último, apuntan “frente al conjunto de denuncias que nos han transmitido las personas privadas de libertad, sus familias y abogados en relación con el incumplimiento de las garantías del debido proceso, llamamos a los distintos poderes del Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia y a un juicio justo, así como asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche”.

Petición a Piñera

Unas 200 mujeres mapuches marcharon ayer en Angol para pedir al Presidente, Sebastián Piñera, “voluntad política” para poner fin a la huelga de hambre.

El “werkén” de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, informó que el objetivo de la marcha era trasladar al Gobierno la preocupación que existe por la grave situación de salud que enfrentan los prisioneros políticos mapuches, que están en huelga de hambre líquida en diferentes cárceles del sur desde el pasado 12 de julio.

“Se quiere demostrar que hay un descontento generalizado del mundo mapuche y que las mujeres, madres y hermanas de los presos están sufriendo”, apuntó.

Los presos están procesados o condenados por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de tierras e incendios de instalaciones agrícolas, en el marco del llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas o forestales de La Araucanía.

Al llegar a la gobernación provincial de Malleco, las mujeres, acompañadas por sus hijos, entregaron una carta, dirigida al Presidente Piñera, en la que instan al Gobierno a que se posicione y en la que exigen que se abra un diálogo sobre sus demandas para poner fin a la situación.

“Tiene la solución en sus manos. Pasa por una voluntad política por parte del Estado”, explicó Huenchullán, que señaló que esperan “un signo de diálogo y de preocupación”.

La principal demanda de los reclusos es el fin de los procesos por la legislación antiterrorista, que supone condenas más duras y limitaciones al derecho a un juicio justo y debida defensa.

Además, en la carta, en la que se da cuenta de la “situación de represión y vulneración que existe en el sur”, se pide el fin de la persecución a los dirigentes de esta etnia y al doble procesamiento, civil y militar, que se les aplica.

El portavoz de la comunidad de Temucuicui explicó que la situación de los huelguistas, que han perdido entre 7 y 12 kilos de peso y presentan náuseas, mareos, desorientación, bajas de presión arterial y calambres, es “muy delicada”.

Sin embargo, aclaró que la huelga de hambre es “indefinida” hasta no tener una respuesta definitiva por parte del Gobierno.

“Si el Gobierno se muestra contrario a esa situación los hermanos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias porque están siendo procesados y juzgados por una ley que vulnera cualquier tipo de derecho”, sentenció.

En cuanto a los documentos que supuestamente vinculan a los mapuches en el conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), publicados por la Fiscalía en las últimas semanas, Huenchullán dijo que son “errados” y no tienen fundamento.

Según el portavoz mapuche, “se está buscando por todos los medios interpretar algún tipo de vínculo con grupos guerrilleros que no existe”.

“Se está prejuzgando a los mapuches y se está criminalizándoles y haciendo creer a la opinión pública que verdaderamente somos terroristas”, concluyó, tras denunciar que “es una política que ha venido emprendiendo el Estado desde hace mucho tiempo”.