Veintisiete de los 31 acusados salieron de prisión, y permanecen con arresto domiciliario en sus comunidades. La mayoría participó en último ayuno.
Iván FredesTEMUCO Alberto Chiffelle, uno de los seis fiscales que desde el lunes intervendrán en una serie de audiencias de preparación de juicio oral contra 31 mapuches, acusados de delitos terroristas en cinco causas abiertas en La Araucanía, mostró su preocupación por la posible y masiva rebeldía de 27 de ellos al momento de comparecer a tribunales.
Esto, porque dicho número de imputados logró en los últimos meses que los tribunales sustituyeran la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, el que cumplen en sus propias comunidades indígenas.
"Ya quedan muy pocos privados de libertad. Y nuestro lógico temor -y el de las policías- es que estas personas se sustraigan de la justicia, abandonen todos los actos de procedimientos, no concurran a las audiencias y se declaren rebeldes", afirmó Chiffelle, quien es fiscal jefe de Temuco.
A su juicio, si estos imputados no comparecen a los juicios orales que debieran realizarse en abril o mayo, habrá que dictar órdenes de detención, y la policía tendrá que destinar recursos para ubicarlos.
Ante la proximidad de las audiencias de preparación de juicio oral de las cinco causas terroristas, las policías de La Araucanía -en coordinación con el Ministerio Público-, han reforzado las labores de inteligencia y seguridad para prevenir atentados o desórdenes en torno a los tribunales de Temuco, Lautaro y Victoria.
Los 31 mapuches imputados por estos hechos son vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), y la mayoría participó en la huelga de hambre indígena de 81 días que terminó el 1 de octubre pasado. Arriesgan penas de entre diez y veinte años de presidio.
La primera audiencia de preparación de juicio oral de estas causas comenzará este lunes en Lautaro. Corresponde al ataque armado e incendiario contra el fundo Brasil, perpetrado por siete encapuchados en la noche del 11 de septiembre de 2009.
Este tipo de audiencias puede durar semanas, dependiendo de las acusaciones y los debates en torno a la pertinencia o no de las pruebas testimoniales, materiales y documentales. En esta etapa no es obligatoria la asistencia de los acusados, pero sí lo es en los juicios orales.
Las siguientes audiencias programadas corresponden al ataque armado e incendiario al peaje de Quino (fijada para el 3 de marzo); el atentado al fundo San Leandro (8 de marzo); amenazas al agricultor Jorge Luchsinger (21 de marzo), y el ataque armado a un bus de Tur-Bus con 50 pasajeros (28 de marzo).