“Podría constituir un delito”, dijo el Fiscal Nacional. “No pretendamos que la Fiscalía arregle un problema de 180 años”, apuntó.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, enfatizó que ese organismo debe cumplir la ley y no está en condiciones de cerrar causas a propósito de las demandas de comuneros mapuches presos y en particular de los 10 que mantienen la huelga de hambre en Angol.“Sería ilegal, inconstitucional y derechamente podría constituir un delito si cerramos los procesos. No se pueden cerrar los procesos, porque, además, ya pasó la etapa de acusación, hay un juicio oral y los fiscales tienen que sostener la acusación” dijo.
El jefe máximo del Ministerio Público, entrevistado por radio Cooperativa, apuntó que “del punto de vista procesal penal estamos haciendo nuestra labor, nuestro trabajo, y sería notable abandono de nuestro trabajo, de nuestros deberes si no aplicamos la ley. Ahora, si se modifica la ley, aplicamos la ley modificada”.
Indicó que esa es la única forma de fijar cambios en los procesos aclarando que “hay más o menos 400 causas que se han iniciado por este problema mapuche, en las cuales el 1,5 por ciento se ha invocado la ley Antiterrorista”.
La autoridad apuntó que “es un problema de alta política, pero nosotros también tenemos que equilibrar los intereses: hay víctimas también de delitos que han sido afectadas grandemente en sus derechos”.
“El pueblo mapuche tiene legítimas demandas, pero es un problema que se arrastra prácticamente desde que Cornelio Saavedra 'pacificó' la Araucanía. No pretendamos que la Fiscalía arregle un problema de 200 años, de 180 años”, concluyó.
Este lunes, como una señal del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 24 comuneros que bajaron la huelga, el gobierno inició el proceso de recalificación de las querellas que invocaban en las causas en su contra la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, hay casos como el del incendio ocurrido en el predio San Leandro de propiedad de Pablo Herdener Truán, la fiscalía ya presentó acusación contra los imputados por delitos de carácter terrorista en el Juzgado de Garantía de Lautaro lo que impide la intervención del Ejecutivo.
